En el periódico jujeño El Tribuno, la compañera Mariana Vargas, abogada, de “Mujeres Unidas” e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, “explicó que a partir de la aprobación de la ley, ‘el aborto pasaría a integrar la lista de los servicios del Programa Médico Obligatorio, de modo que las clínicas no se podrían negar a realizar esta prestación’“. Vargas realizó estas declaraciones ante el planteo de algunos directores de clínicas, de negarse a que se practiquen abortos en sus establecimientos, de aprobarse la ley en el Senado.
Además, sostuvo Vargas que la “objeción de conciencia” solo puede plantearse de manera particular, en un registro, y que no sería legal que los solicite una institución. “La objeción de conciencia únicamente puede ser individual y llegado el caso también discutiremos la legalidad de esta postura desde lo individual, porque los hospitales y clínicas deben garantizar todos los servicios de salud incluidos en el Programa Médico Obligatorio y los médicos también deben hacerlo”, sostuvo. Igualmente consideró que, en el caso del aborto, este pedido “de abstención” no debería ser planteado por un médico ginecólogo o un obstetra ya que “no sería compatible” aunque remarcó que de darse “será una discusión legal que se planteará después”.
Vargas consideró en El Tribuno que estas posiciones “no hacen más que ratificar la hipocresía de los establecimientos médicos privados, porque es ahí donde hoy se realizan los abortos clandestinos; hay que aprovechar este momento histórico para desnudar esta doble moral”.
En comunicación con nuestro semanario, agregaba Mariana que cuando la ley sea aprobada, las obras sociales estarán obligadas a cumplir con la interrupción voluntaria del embarazo. “Por lo tanto las abogadas y abogados haremos amparos contra las obras sociales para que se cumpla, y habrá un conflicto entre clínicas que dicen oponerse a realizar abortos, y las obras sociales”.
Como remarcaba la abogada Vargas, la ley aprobada por la Cámara de Diputados y que espera tratamiento en el Senado, establece claramente en su artículo 15: “queda prohibida la objeción de conciencia institucional”. Sobre esta “doble moral” e hipocresía de algunas de estas instituciones. Nos decía que “estoy segura que lo económico será lo que vuelque la suerte para el lado de las mujeres y el cumplimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. Las obras sociales entrarán en conflicto con las clínicas que no cumplan con lo establecido por la ley, y esto les traerá consecuencias económicas”.
Corresponsal
Hoy N° 1723 27/06/2018
