Noticias

30 de mayo de 2018

Con el apoyo de casi el 70% de la población

Irlanda votó a favor del aborto legal

Dos de cada tres irlandeses se pronunciaron a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en un referendum realizado el 25 de mayo.

En la República de Irlanda (un país soberano, a diferencia de su fronteriza Irlanda del norte que pertenece a Gran Bretaña), rige una enmienda a la Constitución, la Octava, que sólo permite la interrupción del embarazo en circunstancias excepcionales como cuando corre peligro la vida de la madre y prevé penas de cárcel de hasta 14 años para las mujeres y los profesionales de la salud que realicen un aborto al margen de estas normas.
El referendum estuvo precedido por un intenso debate de masas, en un país caracterizado por una mayoría de población católica. “El histórico resultado del referéndum, nuevo hito en una corriente feminista global e imparable, se celebró en Dublín por una generación joven y cosmopolita que toma las riendas del último bastión del conservadurismo católico. El Sí ganó en el campo y en la ciudad, entre hombres y mujeres. El último tabú ha caído en un país que, tras aprobar el matrimonio igualitario hace tres años, rechaza definitivamente la injerencia de la Iglesia”, afirmó el diario español El País.
El gobierno irlandés impulsó el Sí en el referendum, y el primer ministro Leo Varadkar calificó el resultado (66,4% a favor, 33,6% en contra), como la culminación de una “revolución silenciosa”. El ministro de Salud, Simon Harris, uno de los principales impulsores del cambio, indicó que “hoy en un día muy emotivo. En vez de decirles que tomen el barco, ahora les damos la mano y les decimos que cuidaremos de ellas”, destacó Harris, en referencia a las miles de mujeres de este país que viajan cada año al extranjero para abortar, nueve a diario, debido a las restricciones de la legislación vigente, una de las más duras de Europa.
Sectores de izquierda, en la campaña por el Sí, hicieron hincapié en que el impacto de la Octava enmienda es más duro para las mujeres trabajadoras y de los sectores más pobres.
El costo mínimo de viaje a Inglaterra (donde es legal) para un aborto es de 1.000 euros en las primeras etapas del embarazo. A esto hay que sumarle los riesgos de pérdida de empleo para las mujeres que realizan estos viajes, y el problema del cuidado de los niños, durante su ausencia. Además, dieron ejemplos concretos de muchas trabajadoras que, por no poder costear un aborto en Inglaterra, caen en manos de inescrupulosos, o recurren a métodos caseros que ponen en riesgo su vida. “La derogación de la Octava Enmienda permitirá a todas las mujeres, independientemente de sus ingresos, tomar decisiones con respecto a sus propios cuerpos y ejercer esas elecciones en el hogar”, afirmaron.

 

Hoy N° 1719 30/05/2018