La adopción que se hizo de los hijos de Ernestina Herrera de Noble nos permite visualizar con lente de aumento hasta dónde llegaron los crímenes de la dictadura y como estos crímenes y la impunidad tienen consecuencias que perduran en el presente.
A propósito de esto en estos días surgieron las declaraciones de un testigo en el juicio de Tucumán que pone en evidencia cómo los archivos existieron y existen y cómo si hubiera una política de Estado que obligue a abrir todos los archivos tendríamos mucha más información sobre los crímenes cometidos que la que hoy se tiene y esa información vendría del aparato del Estado y no de los terribles esfuerzos que tienen que hacer los ex detenidos desaparecidos para demostrar hechos que son por todos conocidos.
El caso “Noble” Herrera
La adopción de los jóvenes data de mayo del ‘76. La causa fue iniciada en el 2002 ante la posibilidad de que se trate de hijos de detenidos–desaparecidos apropiados durante la dictadura.
El examen de ADN va a dar un resultado que va a ser: que sean hijos de desaparecidos, que no lo sean o que no se llegue a saber, porque no todos tienen los datos en el banco genético, por lo que hay casos que pueden ser hijos de desaparecidos y no se puede saber si lo son. En el caso de que lo sean Ernestina H. de Noble tendría que ser enjuiciada y detenida. Lo que podemos afirmar ya, es que la adopción de estos chicos estuvo plagada de irregularidades que solo se pudieron hacer por la vinculación del grupo Clarín con la dictadura.
La apropiación, un problema social del Estado
Todo lo que apareció estos años sobre el tema de la apropiación ha suscitado enormes debates en nuestra sociedad porque hace a la base de nuestra organización social que es la familia, y la idea de que la apropiación es un crimen contra el pueblo y que la identidad debe ser restituida ha ganado el corazón de las grandes masas.
La disputa judicial por el caso de estos jóvenes tiene muchos años. Articula la compleja trama de las autorías y complicidades de diferentes sectores del poder en el robo de cantidad de niños que fueron secuestrados con sus madres o que nacieron en cautiverio y que fue una verdadera institución. Por eso no aceptamos que se trata de un problema íntimo o privado o una vejación de la intimidad de una familia o de una persona.
El grupo Clarín fue uno de los grupos que apoyaron a la dictadura y respondía a sectores hegemónicos de la dictadura. De hecho hoy está saliendo a luz todo lo que fue el negociado de Papel Prensa.
La apropiación de niños no se puede calificar como un exceso sino que fue una aplicación sistemática y que la fundamentó públicamente Camps cuando dijo que esos niños no podían quedarse con sus familias porque eran subversivas. El asumió públicamente que ellos se apropiaban.
Disputa entre sectores de las clases dominantes
Hoy hay una disputa entre sectores de las clases dominantes y este hecho tiene una publicidad y una envergadura precisamente por esa disputa. El grupo Clarín plantea que hay una situación de violencia frente al derecho a la intimidad y usan recursos económicos y periodísticos para intentar transformar el tema de la identidad de estos jóvenes en una supuesta cuestión privada y denuncian que en la acción judicial que ordenó la jueza para la obtención de ADN hubo procedimientos vejatorios hacia la intimidad de Marcela y Felipe “Noble” Herrera.
Hay que decir que se llegó a esto por todos los obstáculos que pusieron para poder conocer la identidad de los orígenes de estos jóvenes y hubo múltiples irregularidades que están demostradas, se fraguó documentación y testimonios y estos verdaderos escándalos fueron cajoneados. Los mismos jóvenes dicen que afecta la intimidad.
El grupo Clarín ha utilizado la llegada al poder para obstaculizar el acceso a la verdad, hay que tener en cuenta que el robo de niños fue la excepción que hubo a las leyes de obediencia debida y punto final, o sea que durante todo este tiempo el robo de niños era considerado un delito.
Restitución de la identidad
Es también una cuestión no privada porque todavía hay más de 400 jóvenes privados del derecho a la identidad que se les debe restituir y es obligación del Estado hacer todo lo posible para lograr la restitución más allá que como en este caso algunos jóvenes no tengan la voluntad de hacerlo, pero es un problema social independiente de la voluntad personal. Por otra parte los que tuvieron grandes resistencias a hacerlo ahora están conformes de haber recuperado su identidad. De eso se trata, de recuperar la identidad y la genealogía, no de restituirlos a ninguna familia. Este problema es en relación a un genocidio que incluye a los padres de todos los jóvenes apropiados y tiene que ver con la reparación que el Estado tiene que brindar para recuperar la cadena genealógica y la filiación porque son esos elementos los que definen la filiación social y cultural.
La obligatoriedad de inscribir a un recién nacido en un registro estatal para documentar la identidad es obligación del Estado, el primer contrato de un sujeto jurídico es el nombre y apellido y en la dictadura este contrato fue violado, mas aún en el caso de los “Noble” Herrera tengamos en cuenta que fueron inscriptos con el apellido Noble, cuando Noble falleció 10 años antes.
Además tengamos en cuenta que esta es una cuestión patrimonial que significa la herencia del padre, y en este caso el apellido Noble define la alcurnia y el poder económico.
Por todo esto decimos es una responsabilidad del Estado reintegrar la identidad de los jóvenes secuestrados, aún cuando Abuelas y otros organismos de derechos humanos hayan tomado en sus manos la tarea de buscar a los jóvenes. Así como los ex detenidos desaparecidos cargan sobre sus hombros la denuncia de los represores que están siendo juzgados, la apertura de los archivos de la dictadura, la modificación de la estructura de los juicios y todos los mecanismos que permitan terminar con el ocultamiento y la impunidad de los crímenes de los genocidas requieren la implementación de una verdadera política de Estado que tienda a su resolución. No basta lo que se ha hecho hasta ahora.
