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02 de October de 2010

La Cámara de Diputados provincial sancionó –por unanimidad y a espaldas de la sociedad– un nuevo Régimen Contravencional (ley 7.819) que viola los derechos humanos.

Rechazo al nuevo Código

Criminalizacion de la protesta social en San Juan

Este nuevo código que entrará en vigencia el próximo 14 de noviembre, despertó el rechazo de amplios sectores de la sociedad. El mismo viola claramente los derechos reconocidos por los tratados de Derechos Humanos, Constitución Nacional y Constitución Provincial como son: el derecho de reunión, el de petición a las autoridades y la libertad de expresión.
Con esta medida, el gobierno de “La Segunda Reconstrucción”, intenta poner límites al reclamo y manifestación de los que día a día se oponen a su política (de entrega de recursos naturales y contaminación, congelamiento salarial, impunidad, falta de salud y educación) y quienes sufren las consecuencias de la exclusión social (alcoholismo, drogadicción, prostitución, etc.) que son castigados severamente por el Estado.
Con la nueva norma quedan prohibidas las reuniones en lugares públicos, manifestaciones espontáneas, escraches, y otras modalidades pacíficas que adquiere la protesta social y que constituyen un derecho reconocido en la constitución y utilizado por los ciudadanos para hacer respetar sus derechos al trabajo, la alimentación, la educación y el ambiente libre de contaminación.
Junto a estas penas se sanciona en forma exagerada (muchas veces más gravosas que las penales) y con una redacción de una vaguedad alarmante otras conductas como el “merodeo”, “el beber en la vía pública”, “la exhibición sexual en la vía pública”, y otras conductas que, redactadas en el nuevo código, legitiman la criminalización por “portación de cara”, junto a la criminalización de la protesta social.
El gobierno tiende más a la represión y a la marginalidad, que al consenso y la integración de toda la población y su respuesta a las necesidades insatisfechas en el orden social, político y económico es irreconciliable con los derechos garantizados por la Constitución Provincial y Nacional.

Reclamo ante la Legislatura
Ante esta política represiva del gobierno de Gioja se conformó la Asamblea por los Derechos Constitucionales, integrada por distintas agrupaciones y sectores, entre ellos: APDH, SOEM, CCC, CEPA, JCR, PCR, Conapmm, MST, Adicus, ACP, AFaVII, Cultura Activa, y Ambientalistas
La Asamblea realizó una presentación ante el Defensor del Pueblo de la provincia y un gran acto en el Parque de Mayo el día 4. El día jueves 8 se movilizaron hasta le Legislatura más de 500 personas a fin de presentar un petitorio con más de dos mil firmas y el informe realizado por el Dr. Guillermo A. Ruiz Giordano con el apoyo de Liberpueblo.
El presidente de la Cámara de Diputados se negó a recibir a los manifestantes con lo cual se respondió con una protesta y corte de calles por más de tres horas, en el cual el dirigente de la CCC Alejandro Ganyitano manifestó que “esto recién comienza ya que se tiene pensada la realización de distintas protestas y actos de repudio hasta lograr la derogación de la nueva norma”. A su vez, miembros de la Corriente de Abogados al Servicio del Pueblo Mariano Moreno, Agrupaciones de DDHH y Sindicatos presentaran un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de la provincia.