Esta ley respeta casi en su totalidad el texto aprobado en la Cámara de Diputados, y fue considerada como un triunfo por la mayoría de las organizaciones ambientales y asambleas antimineras.
Esta ley respeta casi en su totalidad el texto aprobado en la Cámara de Diputados, y fue considerada como un triunfo por la mayoría de las organizaciones ambientales y asambleas antimineras.
En un comunicado conjunto firmado por 345 organizaciones que adhirieron al acampe realizado frente al Congreso en reclamo de la aprobación de la ley afirmaron: “No cabe duda que éste es un triunfo del pueblo que lucha por imponer dignamente y con pasión el camino hacia un mundo mejor, hacia un hábitat que permita sostener en el tiempo el porvenir de generaciones futuras”.
La ley establece la necesidad de que el Estado haga un inventario de los glaciares y zonas periglaciares que existen en nuestro país, prohibiendo toda actividad minera o industrial que los afecte. Se define como glaciar “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente”, y dice que área periglaciar es aquella “con suelos congelados que actúa como regulador de recursos hídricos”.
Hay que decir que los glaciares contienen el 80% de la reserva de agua potable de la Argentina, por eso esta ley es un punto muy importante en la larga lucha contra la minería saqueadora y contaminante y los pulpos petroleros, que se ha extendido por nuestro país, en decenas de asambleas y multisectoriales.
Con la aprobación de esta ley, sufrieron una derrota tanto el gobierno nacional, que recordemos había vetado una ley similar, como los gobiernos provinciales “pro mineros” y obviamente los monopolios mineros. A la vez, estos sectores lograron la eliminación de un artículo, el 17, que impedía la realización de nuevos emprendimientos hasta que se finalice el inventario “y definidos los sistemas a proteger”, lo que podría haber paralizado por años las actividades.
Las mismas asambleas y organizaciones ambientales han advertido la necesidad de continuar la lucha para la implementación efectiva de la ley, ya que tanto los gobernadores “feuderalistas”, como los llamó un investigador catamarqueño, como las mega mineras han dicho que la ley no los afecta.
Tanto Gioja, el gobernador de San Juan vocero de los “cordilleranos” que han tenido un súbito ataque de federalismo, como la Barrick Gold, han salido a decir que continuarán con las explotaciones “porque no afectan a los glaciares”.
Es interesante observar que la votación en el Senado es un ejemplo más del proceso de fragmentación del bloque de clases dominantes, ya que el oficialismo se dividió, al igual que la UCR y el Peronismo federal. Sobre la base de la permanente lucha popular, esta división permitió llegar a los votos necesarios.
La lucha va a seguir, porque el bloque pro minero está buscando distintas alternativas para eludir la ley. Desde mentir descaradamente como ha hecho la Barrick, hasta profundizar la línea empujada por Gioja, de que la actividad minera y petrolera tiene que estar regida por las leyes provinciales, y no por las nacionales.
Estos grandes caraduras ahora sostienen un supuesto federalismo totalmente funcional a los monopolios mineros, a los que les concedieron durante el menemismo un régimen absolutamente entreguista.
La minería a cielo abierto, saqueadora y contaminante, tuvo un inmenso desarrollo bajo el gobierno de los Kirchner, basándose en la legislación aprobada durante el menemismo. En estos años desplazó a la ganadería en el volumen de exportaciones, por eso el kirchnerismo buscará las formas de seguir adelante con estos proyectos. El movimiento popular debe redoblar la lucha para impedir que se sigan saqueando nuestros recursos naturales.
