La audiencia fue un gran hecho político, convocó a más de 2.300 personas, de las cuales cerca de 350 expusieron sus opiniones durante 13 horas. Una de cada ocho personas se manifestó contraria a la instalación de este emprendimiento, que representa la punta de lanza para la aprobación y presentación de otros proyectos megamineros. Además San Jorge tiene como intención de fondo derribar la Ley 7722, que fue conquistada con la gran lucha popular del 2008, y que prohíbe la utilización de sustancias tóxicas como el cianuro en la explotación minera.
En la audiencia, el gobierno en complicidad con la empresa, buscaron el aval de la consulta y movilizaron al gremio minero para presionar. La empresa intentó lograr su aprobación extorsionando a los pobladores que sufren la falta de trabajo, comprando voluntades y utilizando los medios políticos que el gobierno les brindaba. Sin embargo en la asamblea se evidenció que la falta de trabajo es producto de la política del gobierno nacional y provincial que fomentan un modelo petrolero, minero y favorecen a sus empresas amigas con el juego y la especulación financiera. Y es precisamente ese modelo el que genera, por un lado, desocupación y salarios miserables para el pueblo; y por el otro, grandes ganancias para los monopolios extranjeros a costa de la entrega y el saqueo de nuestros recursos.
La empresa canadiense Coro Ming planea extraer 1.393 millones de libras de cobre y 629 mil onzas de oro, más metales sin declarar. Para su explotación usarán el método de flotación que ellos dicen “no contaminante”, aunque la emisión del sulfuro de carbono que genera el xantato y la poliacrilamida sí lo son. Además usarán gigantescas cantidades de agua en una provincia desértica, con el peligro de que las napas se contaminen y desemboquen en el principal río irrigador de la región. El gobierno provincial por su parte, busca obtener beneficios financieros para una provincia en rojo, con el aval del gobierno nacional y en el marco de su política de entrega de nuestros recursos y de lobby a las empresas extranjeras.
Los pobladores de Uspallata, a pesar de las persecuciones y procesamientos, vienen reclamando contra los proyectos de explotación megaminera a cielo abierto. En la comunidad se ha formado una asamblea de vecinos (trabajadores, comerciantes, estudiantes, militares retirados y representantes de la Iglesia) que viene realizando distintas protestas con manifestaciones, charlas y cortes de la ruta internacional a Chile. En la audiencia además se movilizaron las asambleas por el agua del sur, centro y de la ciudad de Mendoza, estudiantes, gremios, partidos políticos como el PCR y agrupamientos como los de la lista 1 de la CTA. A pesar de que la audiencia era sólo consultiva quedó expresado la advertencia de que el día que se trate el proyecto en Legislatura se organizarán múltiples cortes de ruta en la provincia para evitar su aprobación. n
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