1. Crece el hambre y la desnutrición
El gobierno proclamó la política de “hambre 0”, un objetivo posible en un país que produce alimentos para 300 millones de personas. A 7 años de proclamar esa política, y a un año de anunciar su “triunfo”, la realidad es otra.
1. Crece el hambre y la desnutrición
El gobierno proclamó la política de “hambre 0”, un objetivo posible en un país que produce alimentos para 300 millones de personas. A 7 años de proclamar esa política, y a un año de anunciar su “triunfo”, la realidad es otra.
La directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación reconoció que, según datos del Indec, “la desnutrición afecta al 6% de los menores de 18 años. Otras consideran que “la cifra real es el 12%: serían un millón y medio de chicos en riesgo nutricional”, (La Nación, 19/11). Los estudios no incluyen a los que viven en el campo, trabajadores rurales, campesinos pobres y comunidades originarias. Por lo que la cifra total estaría por encima de los dos millones de niños y jóvenes.
El brutal aumento de los alimentos agrava esta situación. Sobre todo por el aumento de los alimentos imprescindibles para acabar con la desnutrición y la mortalidad infantil.
Los salarios de convenio subieron entre el 18 y el 35%. Pero se estima que el alza de precios de los alimentos superará el 40% este año. Además, el 50% de los trabajadores está “en negro”, con salarios que no cubren las necesidades básicas de sus familias. Los planes sociales y la asignación por hijos están congelados. Los que recibieron una jubilación y les descuentan la moratoria, y el 76% de jubilados que cobran la mínima, también están en situación de riesgo.
2. La inflación tiene responsables
La política del gobierno kirchnerista, los monopolios y los terratenientes, ha descargado la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo. Esto es lo que se esconde. Si no fue peor, ha sido por la lucha obrera y popular.
Ahora la inflación devora salarios, planes y jubilaciones. Mientras en América Latina la inflación promedio es del 5% anual, en la Argentina ronda el 30%, y en alimentos supera el 40%. Cada punto que aumentan los precios, un tercio se lo lleva el gobierno con los impuestos, y los otros dos tercios, en lo fundamental van a los bolsillos de monopolios, bancos y terratenientes. El gobierno también es responsable de la carestía por la fabricación de billetes: las máquinas no dan abasto, estudian imprimir billetes de más de $ 100.
La política del mal llamado desendeudamiento también estimula la inflación, al destinar gran parte de las finanzas a ese gasto improductivo que, en casos como los pagos al Club de París, son deudas de la dictadura, o fraudes como el “blindaje”. En medio de los discurso contra el FMI, salió a la luz que dos ministros, Timerman y Boudou, están negociando con el Fondo.
La situación es compleja. La reactivación relativa de la crisis en la Argentina, se da en el marco de una crisis que sigue haciendo estragos en Europa. El salvataje de Irlanda va unido a un durísimo ajuste. La desocupación jaquea al gobierno de Obama. La guerra de monedas en el mundo nos afecta: este año, las importaciones crecieron el 46%, mientras que las exportaciones aumentaron el 24% (la importación de combustibles subió el 61%), datos del Indec.
3. El “pacto social”
Un anticipo del pacto social que impulsa el gobierno es la Promoción del Diálogo Social, que acaba de ser firmada por las petroleras patagónicas con 9 sindicatos, los gobernadores y la presidenta. La presidenta dijo en su discurso: “No falta nadie en este acuerdo. Si llegan a cortar algo o se arma lío, los mato a todos, van todos presos”, (La Nación, 19/11). Este acuerdo impone “el rechazo al corte de rutas y el bloqueo de accesos a los lugares de trabajo como metodología de protesta”, y una cláusula de paz social.
Este pacto golpea a la lucha de los petroleros que conquistó aumentos de salarios y puestos de trabajo, e impidió el despido de los suspendidos. No es casualidad el envío de la policía y la Gendarmería contra el piquete de Sarmiento el mismo día que se firmó el pacto. Eskenazi (socio de Kirchner) y los Bulgheroni (de Bridas) necesitan paz social y aumento de la superexplotación. Eskenazi está apretado por el pago del 15% de las acciones de YPF que compró cuando el petróleo estaba a 140 dólares. Los Bulgheroni compraron, con los chinos, las acciones de British Petroleum en Panamerican.
La presidenta renovó su propuesta de “pacto social” en la reunión de la UIA. Según el diario oficialista Página 12, el “pacto” se lanzaría en marzo, cuando comiencen las paritarias. Habría una “pauta” salarial (un “tope”). En marzo comenzaría a funcionar el Consejo para el Diálogo Económico y Social, como organismo consultivo.
Cristina K pidió “legalidad en la puja salarial, moderación en los precios, y aumento de las inversiones”. “Legalidad” es no hacer huelgas con cortes de ruta: lo único que hace retroceder a las patronales. ¿Donde está la “moderación” de precios? Y las “inversiones” son, en muchos casos, cambios de dueños de las acciones. Como en Pan American, que de ser una sociedad inglesa (British Petroleum) y rusa (Bridas), por la venta de acciones de BP ya se habría convertido en una empresa 50% china (la Conooc es del Estado chino) y 50% de los rusos de Bridas.
El gobierno ofrece “disciplinar” a Moyano, que salió pálido de la reunión con la presidenta en Olivos. Le habían allanado la obra social por el juicio por medicamentos truchos. La obra social de camioneros tercerizó sus servicios en una empresa que pertenece a Liliana Zulet, esposa de Moyano. El camionero debió acomodar las convocatorias del PJ bonaerense a los acuerdos con Cristina K, con Scioli y los intendentes.
Los empresarios ponen condiciones. Magnetto (Clarín) afirmó en un reportaje en la publicación inglesa Financial Times que el gobierno de CK “está entrando en una fase confiscatoria”. Paolo Rocca (Techint) habló en la UIA, rechazando el proyecto de participación en las ganancias, y se retiró antes de la llegada de CK.
4. Crecen los reclamos salariales
Los bancarios del Ciudad conquistaron un plus de $ 7.750 por única vez, los trabajadores de estaciones de servicio $ 200 mensuales. Luz y Fuerza pide entre $ 500 y $ 1.000 mensuales, los gastronómicos $ 500. El 31/12 se reabre la paritaria de los mecánicos y de la UTA.
En los lugares de trabajo crece la presión para un aumento ya de salarios. En la alimentación, en Kraft y Arcor, se discute en doble aguinaldo, con asambleas que se pronuncian en esa dirección. Al cumplirse un mes del asesinato de Mariano Ferreira hubo actos en todo el país. Al mismo tiempo, se extiende la lucha de los tercerizados ferroviarios, telefónicos, petroleros y portuarios.
Pese al veto de la presidenta del 82% móvil, la lucha de los jubilados logra conquistas. Un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó al Anses “recalcular el haber de inicio de un jubilado para que no resulte inferior al 70% del promedio de los salarios actualizados de los 10 años previos a su retiro”. También sigue adelante la lucha de los desocupados por la nacionalización de Argentina Trabaja y el aumento de la asignación por hijo.
El pacto social del gobierno, de la mano de los monopolios y los terratenientes, va a contrapelo de las necesidades obreras. Hay condiciones para reagrupar fuerzas en la lucha para derrotarlo.
Pese al viento de cola de los altos precios de la soja y el record de la industria automotriz, “la situación nacional, agravada con la muerte de Kirchner, es sumamente inestable. En cualquier momento ‘una chispa puede incendiar la pradera’. El PCR debe prepararse para cualquier salida. Acumulando fuerzas revolucionarias, particularmente reagrupando a las fuerzas obreras, populares, democráticas y antiimperialistas que nos permita buscar y aprovechar los caminos de aproximación a la conquista de un gobierno de unidad popular y nacional” (Informe del CC del PCR, 31/10/2010).
