Como hemos señalado en esta columna el golpe definitivo a la apropiación de grandes extensiones de tierras fiscales lo dio la “Revolución Libertadora” [1955], que en un artículo de la ley de provincialización de los ex territorios nacionales planteó que, en el período de transición hasta que cada provincia se diese sus propias leyes, el Poder Ejecutivo Nacional podía adjudicar tierras fiscales a sus actuales ocupantes, lo que hizo posible por el decreto ley 14577/56. De 3.741 estancias existentes en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut en seis meses, en 1957, se adjudicaron 1.432 que representaban 13.561.000 hectáreas, aproximadamente (Ver: Pérez Llana: Derecho Agrario).
