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20 de December de 2010

Diciembre de 1976. Documento elaborado por familiares de desaparecidos y presos políticos, movimiento integrado, entre otros, por camaradas del Partido Comunista Revolucionario.

Paremos el Terror fascista (familiares de desaparecidos y presos politicos)

Documentos del PCR / Tomo 4

La dictadura instalada el 24 de marzo de 1976 ha desatado, para llevar adelante su política antinacional y antipopular, una feroz represión, de magnitud nunca conocida en la Argentina. Esta dictadura, que carece de toda legitimidad, ha dictado y sigue dictando un cúmulo de “leyes” represivas que alcanzan hasta la pena de muerte; han nombrado sus jueces para asegurar el cumplimiento de sus “leyes”, y ha creado, para asegurarse el total control legal de la arbitrariedad represiva, los tribunales militares y los consejos de guerra especiales.
La justificación pública es la lucha antisubversiva, pero siguiendo por los diarios la legislación que se dicta y conociendo los pocos hechos que trascienden por la prensa, puede constatarse que el conjunto del pueblo, comenzando por la clase obrera, es el blanco de fondo de quienes han usurpado el poder y proclaman [que] han venido a “reorganizar” el país.
La dictadura actúa ilegalmente frente a su propia ilegal legalidad; no cumple sus leyes; en contados casos monta algunos juicios utilizados para la gran propaganda.
Los miles de presos no tienen proceso alguno, se los coloca a “disposición del área militar determinada”, no se los puede visitar, no se conocen las listas, ni el destino, referente a la imposibilidad de visitas. Tenemos por ejemplo el caso de la ex-presidente de la República y Jefa del Justicialismo, doña María E. M. de Perón a quien nadie puede visitar, pese a no estar incomunicada, según declaran los mismos jueces que entienden en las causas contra ella iniciadas. Son virtualmente rehenes, cuya vida está al arbitrio de la dictadura y del jefe militar de cada zona. Trascienden votaciones de estos “secretos” tribunales: si a tal o cual se lo mata, o se lo pone a disposición del PEN, o se lo deja en libertad.
Todo ocurre en los marcos de una política global que es responsabilidad directa de la dictadura que encabeza el Gral. Jorge R. Videla.
El Gral. Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura, ha dicho, en conferencia de prensa efectuada en Córdoba, “que es política oficial no dar nombres de detenidos”, ¡valga la confesión pública!
Queda así terminantemente aclarado que Videla es el principal responsable por la vida de miles de presos (calculados entre 25 y 30.000 personas) y desaparecidos; y la primera dificultad que tiene seguramente para dar a conocer las listas es que -de aparecer- faltarían centenares, sino miles ya desaparecidos.
La represión contra el movimiento obrero y popular se expresa en asesinatos, torturas, detenciones; se extiende al mayor desamparo legal frente a la arbitrariedad patronal, los cesantes cuentan por miles y se ataca sistemáticamente a los instrumentos sociales y políticos de la lucha popular, comenzando por las comisiones internas y cuerpos de delegados; se pretende instaurar el terror en las fábricas, colegios, universidades, lugares públicos, para tratar de impedir toda manifestación de protesta social y política.
Los hechos recientes demuestran que el pueblo sabe de las dificultades para luchar, pero ha retomado el camino de la lucha.
Los datos que pasamos a enumerar son una mínima parte del terror que recorre la Argentina. La mayoría de los testimonios permanecen en el anonimato por razones de seguridad de las víctimas y sus familiares.

 

Asesinatos

Son el producto de la política represiva de la dictadura. Hoy podemos asegurar que el conjunto de las Fuerzas Armadas, en sus tres armas y en todos los lugares geográficos del país, actúan al margen de toda legalidad; éste es el resultado del “monopolio total” de la represión.
¿Quién puede negar que la masacre de Pilar fuera cometida por las Fuerzas Armadas, y que los masacrados eran detenidos?
¿Quién puede colocar cinco cadáveres en una playa de estacionamiento, a dos cuadras de una comisaría, en San Telmo, y tirar otro en el Obelisco?
¿Quién puede trasladar cadáveres a la costa uruguaya de Colonia?, habiendo declarado autoridades de ese país que esos cadáveres no pertenecían a ciudadanos uruguayos.
¿Quién puede trasladar un cadáver desde plena zona de guerra como en e1 caso de Tucumán, hasta Santiago del Estero? Tal es el caso del ex-diputado por la UCR, Angel Pisarello, secuestrado en agosto en Tucumán, cuyo cadáver apareció en un tacho de papeles en Santiago del Estero.
Se aplica la llamada “ley de fugas”, donde hay enfrentamientos fabricados; en los comunicados no se menciona el nombre de los militares heridos.
El máximo cinismo en este caso se da en Córdoba el día 12 de agosto de 1976, donde aparece un comunicado del Tercer Cuerpo del Ejército que dice que: “el doctor Hugo Vaca Narvaja, aprovechando un desperfecto mecánico del vehículo en el cual era trasladado, se esconde en unos matorrales, y al no acatar la voz de alto se lo ejecuta en el lugar junto con dos compañeros”. Aquí no se menciona como en otros casos que se los intentó liberar. ¿Cuánta gente armada debía custodiar a tres detenidos, que se suponen, van esposados? El doctor Vaca Narvaja, por otra parte, estaba a disposición del PE desde mucho antes del golpe, y no tenía ningún juicio, por lo tanto no tenía justificación ese presunto traslado.
Para dar una idea de la magnitud de los asesinatos, valga lo siguiente como ejemplo: En Cabra Corral (Pcia. de Salta), cuando van a retirar a tres chicos ahogados, encuentran cadáveres atados a bloques de cemento. Diariamente, en Salta, se sacan detenidos que no vuelven.
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina y los integrantes de una dotación de Bomberos Voluntarios de San Fernando, hallaron en tambores metálicos que se encontraban flotando en el río Luján, (Pcia. de Bs. As.) y en aguas del canal de San Fernando, nueve cadáveres, tal la información del diario La Nación del día 25 de octubre de 1976.
En el barrio de la Boca, bajo el puente N. Avellaneda, es parado por elementos del Ejército un camión transportando carne; uno de los operarios tenía un arma, y según relatos de vecinos, es fusilado en el mismo lugar. En la zona de Avellaneda se roban un camión de carne y lo devuelven con cadáveres en su interior. Cinco obreros de los astilleros de Río Santiago (cercano a La Plata), luego de ser secuestrados, aparecen asesinados, con los testículos perforados.
En Córdoba ya es norma ver a familiares haciendo cola frente a la morgue. Cuando en la Penitenciaría no le reciben ropas ni alimentos, comienza la peregrinación en busca del cadáver del familiar. Tal es el caso de Claudio Zorrilla, estudiante de arquitectura, detenido a fines del 74; al estar tachado en la lista del penal, su familia va a la morgue y encuentran su cadáver. Otro caso similar es el de Assadouriani; debido a esta situación el director de la morgue del Hospital San Roque renuncia a su puesto. Según relatos de vecinos del Barrio Evita, Ciudad General Belgrano, de Crovara y Camino de Cintura, en uno de los procedimientos del Ejército, es fusilado un vecino de apellido Portela, que era llevado detenido. El fusilamiento se produjo en el camino hacia la Brigada Güemes.
En Buenos Aires aparece asesinado al costado de la ruta Panamericana el ex presidente de Bolivia general Juan José Torres. El ministro del Interior, dijo en conferencia de prensa, “si no habría salido de su casa sin avisar donde iba” (sic), y sugirió un autosecuestro.
Aparecen en La Plata, dos cadáveres, los doctores Sergio Karacachoff y Domingo Teruggi, este último ex-presidente de la Federación Universitaria de La Plata, por la agrupación Franja Morada.
[El] doctor Orlando Navarro, fue entregado por la policía [en un] féretro con su cadáver a la familia, impidiendo que sea abierto, y con el cínico argumento que “se suicidó en la celda”, en la ciudad de Santa Fe.
Fueron asesinados más de diez obreros del frigorífico Swift de Rosario.
Un joven peronista es brutalmente torturado en la Brigada Güemes, en las cercanías de Ezeiza. Sólo registraba actividad política. Responde a sus torturadores: “hemos luchado 18 años. Ahora volveremos a luchar otros 18 años”. Las torturas continúan, y como respuesta el joven canta la Marcha Peronista. Exasperados, sus torturadores, le descerrajan varios disparos, y moribundo, lo echan en una fosa común.
Junto al cementerio de la localidad de Moreno (Pcia. de Bs. As.), se habilitó una fosa común, en virtud de la enorme cantidad de cadáveres que se acumulan.
Los cadáveres aparecidos en el río Luján (San Fernando), son 21 y no 9, como apareció en la información oficial; esta última es la cifra que aparece en la descripción de la página 2.*
En la provincia de Mendoza, los sindicalistas Héctor Nicolás Brizuela y Antonio García, secretario general y gremial del Sindicato de Empleados y Obreros Vitivinícolas y Afines, fueron torturados. Posteriormente se informó oficialmente que fueron hallados muertos.
Siete jóvenes, fueron encontrados acribillados a balazos en una zona rural, próxima a la localidad de Los Sargentos, 200 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba.
En momentos de entrar a impresión este material, suman decenas y centenares los asesinados en extraños “enfrentamientos” diarios y se habla de un horno instalado en la zona de Olivos para disimular las filas de cadáveres.

 

Torturas

Son moneda corriente de la política represiva; todo indica que verdaderos campos de concentración se han diseminado por el país y que, en instalaciones militares, se apilan personas sujetas con cadenas. Esto ha sido narrado por personas que fueron liberadas y cuyos nombres, obviamente, no pueden darse a conocer. A modo de ejemplo, podemos mencionar los siguientes lugares donde se tortura:
Intersección de las calles 1 y 60 de La Plata.
Puerta 7 de Campo de Mayo.
Regimiento La Calera de Córdoba. Campo de la Ribera (Córdoba).
Un lugar llamado El Paredón, en Córdoba.
El Departamento de Policía de Rosario; en la alcaldía se tortura colectivamente a la gente en forma ininterrumpida; las mujeres son sacadas de los calabozos y violadas.
Escuela Mecánica de la Armada, Buenos Aires.
Parque Pereyra Iraola, provincia de Buenos Aires.
El obrero Iriarte, de los astilleros de San Fernando, detenido el 1º de Mayo, y llevado a la comisaría de Tigre. Desde ese momento lo tuvieron atado con cadenas, lo cual le produjo gangrena en un brazo; se lo llevaron al Hospital Militar para amputarle el brazo, de ahí en más no se tienen noticias de su paradero.
El día del golpe fue allanada la seccional Otamendi de FATRE, deteniendo a su secretario general, señor Goyeneche, quien fue torturado durante 4 días, colgado de las muñecas. Posteriormente fue liberado.
Mónica Busto, fue detenida en Misiones, el 11 de abril próximo pasado, junto con Cacho Mongelot, por personal de la Brigada de Investigaciones; fueron llevados a dependencias del Regimiento de Posadas, donde comenzó el “interrogatorio”. Mónica Busto, apoderada legal del PCR de Misiones, fue sometida a vejámenes y torturas, quedando inconsciente, al borde de la muerte.
Mario Risso, empleado público, ciudad de Santa Fe. Su casa fue saqueada; se robaron una heladera y el motor del agua, a la vista de los vecinos. Brutalmente torturado, fue picaneado en las heridas producidas por sus torturadores en la cabeza.
Ricardo Gutiérrez, obrero electromecánico. Torturado brutalmente al borde de la muerte. Picaneado en el paladar y en las encías, luego de sacarle la dentadura postiza.
La ciudadana norteamericana Wenda Mac Locked de López, empleada y estudiante de psicología de la Universidad de Rosario, detenida en abril próximo pasado. Al concedérsele la extradición a su país, se la trasladó a Villa Devoto, donde se la encerró desnuda en una celda de pequeñas dimensiones, durante 5 días. Luego fue trasladada nuevamente a Rosario, donde recién la pudo ver el cónsul de su país. Finalmente fue enviada a su país y, en conferencia de prensa, denunció las torturas en la Argentina (Buenos Aires Herald, 2 de octubre de 1976).
Un campo, o más de uno, existen en la Pcia. de Tucumán. Así describe la situación una persona que ha pasado por el mismo: “es una especie de barraca. Existe un olor nauseabundo, producto de la acumulación de excrementos. Yo he sido torturado con la picana eléctrica, pero la situación dentro del campo de concentración hace que la tortura sea relativamente tolerable, el único alimento es harina de soja y excrementos. Todos permanecen vendados. Una persona salió con 35 kilos de peso. Estos casos sólo son comparables, relativamente con los campos de concentración del nazismo”.
Las violaciones y todo tipo de vejaciones a las mujeres son sistemáticas, no sólo a las detenidas sino en los procedimientos que se realizan durante la búsqueda de alguien, o después que la persona buscada está detenida. Los relatos de mujeres de presos, con hijos menores de edad como testigos, o de madres o suegras mayores de edad, superan todo lo imaginable.
Otros lugares de tortura:
Superintendencia de Seguridad Federal.
Departamento Central de Policía Federal.
Regionales San Justo, Tigre, Avellaneda de la Policía Federal.
Comando de Institutos Militares en Campo de Mayo.
Dependencia en el kilómetro 4 del “camino negro” en Banfield (Pcia. de Bs. As.).
Batallón de Villa Martelli, Pcia. de Bs. As.
En Córdoba, en la ex-prisión de la Gendarmería del Campo de Ribera (se la denomina arco 11).
Arsenal M. de Azcuénaga en Tucumán.

 

Desaparecidos – Secuestros

Hay enorme cantidad de personas, de quienes se desconoce el paradero, aunque fueron detenidas por fuerzas de seguridad. El caso de los ex-diputados Solari Yrigoyen y Amaya, demuestra con claridad meridiana en poder de quiénes están los secuestrados, el diario La Opinión anuncia el día 29 de agosto, o sea 48 horas antes de producirse la aparición de los mismos, que es cubierta con un ridículo comunicado, donde se dan detalles de la “liberación” de los secuestrados, sin mencionarse ningún dato de los presuntos secuestradores. Al ser abandonados por sus captores en las cercanías de Viedma, efectivos policiales los detuvieron y tras ser conducidos a la capital de Río Negro fueron trasladados a Bahía Blanca en calidad de detenidos a disposición del PEN.
Según La Nación del 20 de octubre de 1976 se comunica a través de una nota del Servicio Penitenciario Federal, que el día 19 del corriente a las 22.20 horas se produjo en el Hospital Penitenciario Central el deceso del detenido Mario Abel Amaya.
Luego de mencionar una afección asmática crónica y una vieja afección coronaria, pese a los controles clínicos a que fuera sometido, dicen las autoridades que el deceso se produjo por un infarto agudo de miocardio. Creemos positivamente que la causa de su muerte fueron las torturas a las cuales fueron sometidos ambos durante el lapso que estuvieron detenidos, particularmente en Rawson.
Mario Tarchinsky, se lo da por muerto en un tiroteo en Bahía Blanca (comunicado oficial), esto ocurre a los dos meses de estar secuestrado.
El 16 de setiembre de 1976, efectivos del Ejército se llevaron a la madre y a la hermana de 15 años de un detenido a Campo de Mayo, donde ambas fueron torturadas, la chica violada dejándolas en libertad el domingo 19 de setiembre.
En la madrugada del 24 de marzo de 1976 fue secuestrado René Rufino Salamanca, en la calle Leonardo Da Vinci, de la ciudad de Córdoba. A su mujer se le comunica e1 19 de abril de 1976 en la Cuarta Brigada de Tropas Aerotransportadas, que Salamanca estaba detenido.
El 21 de julio de 1976 tropas militares allanan el domicilio de Salamanca, es detenida su mujer y llevada en un camión del Ejército donde luego es pasada a un coche en cuyo interior la interrogan dos civiles, (el coche es seguido por dos camiones del Ejército), le preguntan “¿Dónde está Salamanca?”, la señora de Salamanca estuvo en un lugar que no puede precisar y posteriormente es devuelta a su hogar. Simultáneamente es detenido el doctor Rubén Salamanca, hermano de René, y también a él lo interrogan sobre el paradero de su hermano. El 7 de setiembre la mujer de Salamanca envía sendas notas al Jefe de la Guarnición Aérea Córdoba y al Comandante de la IV Brigada de Tropas Aerotransportadas. La respuesta del Brigadier Capellini es “no está en ningún organismo o dependencia de esta guarnición aérea”, con fecha 14 de setiembre de 1976 y en el segundo caso el General Sassiain -la respuesta es con fecha 16 de setiembre de 1976, [afirmó]: “no estuvo ni está detenido, ni alojado en ninguna de las unidades carcelarias dependientes de esta jefatura de área”.
Posteriormente, el 4 de octubre de 1976 la señora de Salamanca fue informada en el Ministerio del Interior, por una persona que se identificó como Capitan Ferreiro ante la presencia de otros familiares de desaparecidos y detenidos, que “su esposo estaba vivo”.
César Gody Álvarez, detenido por fuerzas policiales en la calle Soldado de la Independencia 675, 5º piso “C”, domicilio de un amigo personal.
Se presentaron dos recursos de amparo con resultados negativos, ante el Juzgado del Dr. Rivarola. Trascendió que estuvo diez días en Seguridad Federal (Policía Federal) donde fue torturado y sacado con vida. Hasta el momento no hay noticias de su paradero.
Según denuncia la Federación Argentina de Psiquiatras, mediante una nota del 16 de setiembre de 1976 hay desaparecidos ocho psiquiatras de distintos puntos del país. Denuncia similar efectuó la Asociación Argentina de Actores.
En Tucumán fueron secuestrados en una colonia de trabajadores del Ingenio Concepción, Ana Sosa y Angel Manfredi; sus domicilios fueron allanados el 8 de agosto por fuerzas del Ejército. Se sabe que fueron llevados a un campo de concentración.
En Córdoba luego del 24 de marzo de 1976 se presentó ante las autoridades aeronáuticas el doctor Jorge E. Valverde (ex secretario técnico de la Gobernación del doctor Obregón Cano) acompañado por dos abogados. A partir de ese momento no se supo más de su paradero; el Tercer Cuerpo de Ejército en nota oficial al Colegio de Abogados, niega su detención.
En San Francisco, Córdoba, fueron secuestrados el doctor Gustavo Gagliardo y su esposa, junto con dos dirigentes sindicales; el doctor Gagliardo fue candidato a Intendente por el Frente de Izquierda Popular.
Jorge Rivarola, militante peronista de la quinta circunscripción y ex empleado de la Legislatura provincial, está desaparecido hace varios meses. Al Dr. Carlos Altamira, miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados de Córdoba lo interceptan dos coches, siendo sacado violentamente del suyo; el Tercer Cuerpo de Ejército, en nota oficial al Colegio de Abogados niega su detención.
Miguel Magnarelli, obrero de Ford, y el dirigente peronista Salas de la Junta Vecinal de Escobar, fueron secuestrados, recientemente. En la Capital Federal, efectivos de seguridad realizan un secuestro colectivo en el Hotel Hilton, ubicado en la Avda. Rivadavia y Colpayo, ¿quiénes si no son las fuerzas de seguridad pueden cortar en dos la ciudad y llevarse 25 ciudadanos uruguayos y chilenos, que luego aparecen? Un caso más insólito aún es el de Rodolfo Willimberg quien fue secuestrado el día 8 de julio de 1976 a las 18 horas, a la salida de su trabajo en Fiat; al acudir los patrulleros de vigilancia, debido a los gritos y forcejeos del secuestrado, luego de una conversación entre los secuestradores y la policía se llevan a Willimberg en el coche de los secuestradores protegidos por los patrulleros; no hay noticia de su paradero.

 

Torturas y detenciones de familiares

Apelando a típicos procedimientos nazis de tortura y deteniendo a familiares, incluyendo niños, para conseguir datos sobre personas buscadas.
La madre del estudiante Raúl Molina, presidente del Centro de Estudian-tes de Arquitectura de Córdoba, permanece detenida desde hace 5 meses y fue cesanteada de su trabajo (20 años como personal no docente de la universidad). Es la represalia por no haber encontrado a su hijo, a quien el día 5 de octubre de 1976 en la ciudad de Córdoba en la intersección de las calles La Cañada y 27 de Abril fue interceptado por un Ford Falcon y fue introducido violentamente dentro del coche, pese a los gritos de su novia, a quien no se llevaron.
El caso de una enfermera de Florencio Varela: efectivos del Ejército se llevan a la hija dejando una nota intimidatoria; la madre se presenta y la hija es devuelta.
Al no ser encontrado un delegado de Gas del Estado es torturada su familia. Pocos días después del 24 de marzo, al no ser encontrado Aureliano Araujo, presidente de la comisión vecinal del Barrio Evita, Ciudad Gral. Belgrano, es secuestrada su mujer. Desaparecida varios meses, aparece en el penal de Olmos, 2 días después que se contesta negativamente un recurso de hábeas corpus interpuesto en su favor, se sabe que fue brutalmente torturada.
Recientemente se llevaron detenida, sin saberse su paradero, a la madre del dirigente de los Montoneros Dante Gullo.

 

La persecución religiosa

Diciéndose cristiana la dictadura ha perseguido al pueblo cristiano. Di-ciéndose católica ha perseguido y asesinado a sacerdotes católicos, o ha sido cómplice de asesinatos como lo reconoció recientemente Harguindeguy en declaraciones públicas. El horrendo crimen de los padres seminaristas palotinos; el asesinato de 2 sacerdotes en La Rioja; el misterio de la muerte de Angelelli: nada de esto ha sido esclarecido.
Se dice que habría unos 200 sacerdotes detenidos en todo el país (15 de ellos de Morón). Un caso típico de intolerancia fascista: un cura que dictaba un Seminario en Corrientes, al finalizar su segunda charla fue interrumpido por dos desconocidos, que le aconsejaron que se fuera “porque aquí no se permite hablar contra las injusticias” (!).
Los devotos de la Difunta Correa, que son numerosos en la región de Cuyo y el Noroeste, también han sido agredidos; el 29 de junio el Comando de la Quinta Brigada anunció que destruiría los santuarios de la Difunta Correa y amenazó con incluir en la Ley de seguridad a quienes construyan otro nuevo.
Ha recrudecido la persecución a miembros de la colectividad judía. En el mes de agosto se han sucedido diversos atentados contra personas e instituciones judías de la Argentina.

 

Detenciones

De la enorme mayoría de 25.000 a 30.000 detenidos se ignora su paradero.
Están quienes presuntamente se encuentran alojados en las dependencias militares mencionadas, o en los penales de Devoto, Olmos, etc.; en la enorme mayoría de los lugares no se permiten visitas. Algunos ejemplos que señalan el alto índice de detenciones: en Salta, aproximadamente 600 detenidos sobre 600.000 habitantes, en Jujuy 800 detenidos sobre 380.000 habitantes, en Misiones 300 detenidos, en Escobar 200 personas entre detenidos y desaparecidos; en el partido de San Martín (Pcia. de Bs. As.) se han presentado 1.000 recursos de hábeas corpus, en el frigorífico Swift de Rosario 50 obreros detenidos, en Ford 130 obreros detenidos.
Las condiciones de los detenidos es de total promiscuidad, las cárceles están completas, y en muchos casos no se cumplen las mínimas condiciones de higiene y de salubridad, les está prohibido recibir diarios, revistas y libros.

 

Corrupción – Saqueo

La dictadura “reorganizadora”, que ha venido a “moralizar” el país, ha creado un verdadero negocio con la represión y ha instaurado el “derecho al saqueo”, que consiste en hacer verdaderas mudanzas en camiones del Ejér-cito, de las pertenencias de los secuestrados o detenidos, se llevan dinero, joyas, muebles, vestimenta, etc.
En un camión del Ejército, por ejemplo, retiraron todas las pertenencias del doctor Norberto Liwsky, y su casa, ubicada en el Barrio Evita, fue literalmente vaciada.
Se conoce las amenazas a familiares para que no denuncien saqueos, que en algunos casos, suman cifras millonarias. Varios millones de pesos ley son cobrados por abogados o gestores oficiosos con buenas relaciones con militares, para averiguar sobre el posible destino de desaparecidos o detenidos. En una comisaría es llevada detenida una persona por una razón circunstancial; el comisario le pide 60.000 pesos ley para dejarla en libertad; y le dice: “mire que no está registrado su ingreso”. También se da el caso de fuerzas sensibles a altas sumas de dinero a cuyo cambio no se llevan a determinadas personas a quienes van a buscar.

Estos, repetimos son sólo algunos ejemplos del terror desatado en la Argentina.
Es nuestra intención hacerlo conocer dentro y fuera del país. Esta cruenta realidad niega las afirmaciones de Videla, quién reitera cínicamente que en el país se respetan los derechos humanos.