Hasta el día de hoy, el desarrollo de estas redes mafiosas y su enquistamiento en distintos sectores de las clases dominantes y del Estado, hace muy difícil la lucha contra la trata y la explotación de las personas en la prostitución.
Hasta el día de hoy, el desarrollo de estas redes mafiosas y su enquistamiento en distintos sectores de las clases dominantes y del Estado, hace muy difícil la lucha contra la trata y la explotación de las personas en la prostitución.
Pese a que los prostíbulos están prohibidos por la Ley 12.331, la prostitución es actualmente un gran negocio. Los avisos publicitando la actividad se difunden con total impunidad, en todos los medios televisivos y periodísticos: rubros 59-60-61 de Clarín, los de Ámbito Financiero, etc. Se ha montado una “industria del sexo” con “empresarios de la noche” que anuncian en los “clasificados” y muestran su “mercadería”. Los cuerpos, fundamentalmente de mujeres y niñas, son reducidos a simples objetos que se compran y se venden en el mercado. El capitalismo ha alimentado una cultura del consumo sexual, con la publicidad como soporte. Una publicidad donde, junto a los papeles de consumidora doméstica y de madre, se muestra a la mujer como objeto sexual. En los medios de comunicación, que ahora incluyen Internet y teléfonos celulares, se utilizan los cuerpos de las mujeres para vender todo tipo de producto. Y junto a la promoción de esos mismos cuerpos como mercancías, presentan a la prostitución como algo deseable, placentero y económicamente conveniente para quienes la ejercen.
En la Capital Federal, los prostíbulos funcionan abiertamente. Sus avisos en la vía pública explicitan la calidad de la “mercadería”, el tipo de “servicios”, direcciones y tarifas.
Así, las leyes son burladas con la anuencia y protección de jueces, policías y funcionarios de diversos organismos y niveles del Estado.
En la Argentina del siglo 21, convertida en destino turístico muy promocionado, crece el “turismo sexual” y los burdeles se enmascaran como “eros center”, saunas, casas de masajes, bares, pubs, etc.- para ser “habilitados” en cada municipio con abierta complicidad de funcionarios, policías y jueces.
En San Miguel de Tucumán hay 32 prostíbulos habilitados por la Municipalidad y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), bajo la fachada de bares. La mayoría de los dueños son policías. Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Ángeles, afirma que “la prostitución es una fuente de ingreso de la ‘caja negra’ de la policía, a través de coimas o favores”. Agrupaciones feministas denuncian que los funcionarios políticos, los jueces y las fuerzas de seguridad son parte del negocio, que aportan la documentación falsa a las mujeres y avisan antes de las inspecciones o allanamientos.
Aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, producto de la pobreza y la falta de perspectivas, las mujeres son reclutadas mediante engaños y violencia y forzadas a ejercer la prostitución.
En 2009, el obispo Juan C. Romanin avaló la denuncia realizada por la fundación La Alameda sobre la existencia de trata de personas y reducción a servidumbre para ejercer la prostitución en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. En dos manzanas del barrio “la Terminal”, en 35 locales que figuraban como domicilios particulares conocidos como Las Casitas, “trabajaban” alrededor de 200 chicas. Había menores, algunas traídas desde Formosa (y otras provincias “del norte”); otras, desde países limítrofes o centroamericanos. La policía “cerraba” cada día los locales a las 8 de la mañana. Chicas y “clientes” consumían alcohol y cocaína. La lata de cerveza se vendía a 50 pesos y por 20 o 30 pesos más el cliente podía invitar a una chica y “manosearla”. En adelante las tarifas llegaban a los 600 pesos la hora. Las mujeres no recibían nada de este dinero; tampoco podían salir, sometidas a una eterna esclavitud “por deudas”.
En un video difundido por los investigadores aparece el jefe de la Policía hablando con la madama en una de esas casas*.
Un día después de la denuncia sobre explotación sexual en “Las Casitas”, el gobernador Peralta consideró que esa zona de prostíbulos “son parte de la cultura local”. (Clarín, 4/5/09).
Hay muchos organismos con incumbencia en estos temas, en el Ministerio de Justicia, en la Secretaría de Derechos Humanos, en la Procuraduría General de la Nación, etc. Sin embargo, el Estado no interviene, no hay decisión política para atacar esto. n
* Ver Yanzon, Rodolfo en Buenos Aires Económico: www.laalameda.wordpress.com 14/5/2009
