El reciente Decreto 936 es una buena medida para terminar, en parte y parcialmente, con la identificación de la mujer como objeto, como una mercancía que se compra, se usa y se tira, a la par que cualquier otro objeto. Pero está muy lejos de ser la medida necesaria crucial para terminar o dar batalla a la trata de personas, como fuera anunciado por nuestra presidenta.
El reciente Decreto 936 es una buena medida para terminar, en parte y parcialmente, con la identificación de la mujer como objeto, como una mercancía que se compra, se usa y se tira, a la par que cualquier otro objeto. Pero está muy lejos de ser la medida necesaria crucial para terminar o dar batalla a la trata de personas, como fuera anunciado por nuestra presidenta.
Prohibir a los medios gráficos la publicación de avisos de oferta sexual está bien, pero bajo ningún punto de vista va a evitar o atenta contra las redes de trata, ya que la mayoría de las veces, el proxenetismo y el reclutamiento de jóvenes para las redes no se encubre en el rubro de “servicios personales” sino en el vinculado con “laborales” o “empleos ofrecidos”. Son los que ofrecen trabajo con vivienda y ganancia a porcentaje a “señoritas buena presencia” para whiskerías, casas de masajes, cabaret, agencias VIP. Por otro lado, invisibilizar el problema no equivale a remediarlo. Y no se puede transferir a los medios de comunicación la responsabilidad estatal de combatir la trata de personas.
Un informe de la ONU
El pasado 27 de junio la doctora Joy Ezeilo (relatora especial sobre tráfico y trata de personas), de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, presentó un informe sobre la situación de Trata en Argentina: “Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso”(…) “Las extensas fronteras dificultan el monitoreo y convierten al país en lugar de tránsito para los tratantes y sus víctimas” (y a esto hay que sumarle la decisión del gobierno de sacar los gendarmes) (…) “La cantidad de las condenas sigue siendo baja en comparación con la cantidad de víctimas identificadas”(…) “la significativa cantidad de manifestaciones que dan cuenta de la supuesta complicidad de algunos funcionarios de gobierno en el ámbito local y nacional impidieron avances más sustantivos en la lucha contra la trata” (…) “niveles significativos de complicidad oficial en materia de trata de personas por parte de funcionarios provinciales y municipales y de miembros de las fuerzas de seguridad”(…) “La actual Ley 26.364 permite que los fiscales o jueces pongan en duda la validez del consentimiento inicial de la víctima para participar en una actividad”(…)
“En algunos casos, funcionarios provinciales o nacionales a cargo de investigar casos de trata o de asistir a las víctimas estaban denunciados en el fuero penal, eran corruptos o ineficientes. En 2010, el jefe de la unidad anti-trata de la policía fue acusado de administrar burdeles y permanece bajo investigación, aunque sigue en la fuerza. En noviembre de 2010, la Ufase realizó una investigación que implicó a 90 funcionarios (…) pero el gobierno no procesó ni condenó a ningún funcionario gubernamental involucrado en la trata de personas”.
El 2º Congreso Nacional del Interior contra la Trata y Tráfico de Personas realizado en mayo de este año, plantea la misma situación en el país que el informe anterior.
La Asociación Civil La Casa del Encuentro estimó en abril pasado que sólo en la ciudad de Buenos Aires funcionan 5.000 prostíbulos, en los que permanecen secuestradas por lo menos 8.000 víctimas de redes de trata de personas.
¿Prostíbulos sí, avisos no?
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dispuso el pasado 13 de junio la reapertura de las infames “Casitas” de tolerancia de Río Gallegos, Santa Cruz, que fueron allanadas y clausuradas el 6 de junio de 2009. Allí estaban sometidas a la servidumbre sexual más de 200 mujeres provenientes del norte del país, de países limítrofes e incluso de República Dominicana. El gobernador Daniel Peralta, en junio de 2009 justificaba las “casitas” admitiendo que la prostitución en la provincia era una “cuestión cultural”. Algo similar planteaba Aníbal Fernández, que justificaba en ese entonces las “casitas” con el curioso argumento de que “si no tienen algún lugar donde gastar su dinero, probablemente violarán mujeres para satisfacer sus deseos”.
En el año 2008, el Congreso, de la mano del oficialismo y la presidente, aprobó la Ley 26.364 de Trata de Personas que impide luchar contra el crimen organizado, haciendo diferencias entre las víctimas, instando a las mayores de edad a probar que están en una situación de esclavitud sin su consentimiento, como si eligieran estar en esas condiciones.
¿Por qué la presidenta no denunció nada de esto, ni toma medidas? ¿Por qué no apuntó a los verdaderos responsables de la trata? Y, en última instancia, aprovechando lo público de esos lugares publicitados, por qué no se allanaron?
Si verdaderamente este gobierno buscara evitar la trata de personas, debería apuntar a desmantelar las redes de protección policial, los jueces y los gobernantes que son parte de tan nefasto negocio.
Vale aclarar, además, que la prohibición de esos avisos ya estaba estipulada en un proyecto de ley sobre trata de personas que elaboraron legisladores de la oposición y que desde hace más de un año está postergado por el oficialismo en comisiones del Congreso. Y, en parte, también se encontraba estipulado en la Ley de Medios, inciso tres.
Por último, no puede abordarse la problemática de la trata de personas y la explotación sexual sin tener en cuenta la situación social de pobreza que afecta a millones de personas, empujándolas muchas veces a vender su cuerpo para sobrevivir o responder a anuncios malintencionados.
La presidenta planteó “este decreto es un testimonio más de la voluntad que tenemos en la lucha contra la trata de personas, porque hace a la condición humana y lo vemos como un derecho inalienable”. Y con la realidad que vive hoy Argentina en cuanto a la trata de personas, queda clara cuál es su voluntad, correr el eje del debate, montarse sobre una problemática y reclamo real para hacer anuncios que más que apuntalar a resolver la violencia contra las mujeres y el desmantelamiento de las redes de trata, suena a anuncio de campaña electoral, haciendo hincapié en un golpe económico a los medios.
