El combativo estudiantado chileno volvió a mostrar su garra el jueves 4. La represión fascista del gobierno del presidente Sebastián Piñera no pudo impedir que miles de jóvenes y profesores sacudieran nuevamente las calles de Santiago, Valparaíso, Valdivia, Concepción, Iquique, Quilpué y otras ciudades en defensa de la educación pública.
El combativo estudiantado chileno volvió a mostrar su garra el jueves 4. La represión fascista del gobierno del presidente Sebastián Piñera no pudo impedir que miles de jóvenes y profesores sacudieran nuevamente las calles de Santiago, Valparaíso, Valdivia, Concepción, Iquique, Quilpué y otras ciudades en defensa de la educación pública.
“Todo tiene su límite”, amenazó el día anterior Piñera. “El tiempo de las marchas se acabó”, ladró su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Pero los estudiantes desafiaron la prohibición movilizándose desde la mañana con la instalación de una veintena de barricadas con neumáticos encendidos en catorce puntos de Santiago, uno de ellos a pocos metros del Instituto Nacional y de la Universidad de Chile, dos instituciones emblemáticas de la educación y la cultura nacionales. Alrededor de un centenar de colegios permanecían tomados por los alumnos.
Una enorme columna de unos diez mil secundarios intentó sortear los cordones policiales para concentrarse en la céntrica Plaza Italia y marchar por la Alameda Bernardo O’Higgins. La Plaza Italia fue cercada con vallas por la policía, que frustró cada intento de los estudiantes de acceder a ese espacio. Con el corte del ingreso a la Alameda Bernardo O’higgins, los enfrentamientos se diseminaron por todo el centro de la capital chilena.
Los carabineros se lanzaron sobre los estudiantes con caballos, patrulleros, perros, centenares de bombas de gas lacrimógeno y camiones hidrantes. Como mostró la televisión, los estudiantes devolvían las cápsulas de gas a la policía, se dispersaban y volvían a reagruparse rápidamente en cruces próximos, obligando a su vez a dispersarse a las fuerzas represivas. Alrededor de 900 estudiantes fueron detenidos.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, justificó la represión alegando que la federación estudiantil “no había pedido permiso” para la realización de la manifestación. Lo que habla muy bien de los estudiantes chilenos, que se negaron a subordinar sus reclamos democráticos a esa imposición de la dictadura de Pinochet en 1983, mantenida en vigencia por todos los gobiernos de la Concertación y desempolvada ahora por el piñerismo contra los estudiantes y docentes. Con toda justicia, las encuestas periodísticas muestran la “popularidad” de Piñera por el suelo, incluso tras el intento oficial de usar el aniversario del rescate de los mineros para levantar la imagen presidencial.
Mientras centenares de manifestantes pugnaban por hacerse oír frente al poder legislativo en el centro de Santiago, se desarrollaban marchas antigubernamentales en una treintena de ciudades. Las protestas incluyeron la ocupación pacífica, por unos 40 minutos, del canal Chilevisión.
En la noche del mismo jueves Santiago se llenó de cacerolazos atronando contra la represión. El viernes se repitieron en varios sectores de Santiago, y el sábado estudiantes que mantienen ocupado el liceo Lastarria en la capital montaron una barricada y cortaron el tránsito de la avenida enfrentando los gases y chorros de agua de la policía.
Caldero
Al cierre de esta edición de hoy, Chile era un caldero al borde del estallido.
Las federaciones nacionales de estudiantes universitarios y secundarios, que llevan movilizadas más de dos meses (en realidad más de un año, ya que sus reclamos hicieron cimbrar ya los últimos meses del gobierno de Michelle Bachelet), rechazaron el viernes la última propuesta gubernamental de 21 medidas “ofrecidas” por el nuevo ministro de Educación piñerista, Felipe Bulnes. Una docena de federaciones regionales ya habían adelantado su rechazo y la continuidad de las movilizaciones, tras calificar la propuesta de “ambigua” y de no apuntar “a los problemas de fondo” de la educación chilena.
Los estudiantes ratificaron también el plazo de seis días -que vence el miércoles en que esta edición sale a la calle- para que se les haga llegar un proyecto que contemple sus demandas. En caso contrario, además de renovar las manifestaciones y tomas de colegios y facultades se preveía un llamado a paro nacional, que ya comenzaba a difundirse a través de las redes sociales.
Estudiantes y docentes reclaman educación mejor y estatal, aumento del presupuesto, el fin del lucro en el sector y que los colegios secundarios dejen de depender de las municipalidades, como fuera impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet y sigue vigente.
El gobierno propuso traspasar gradualmente la administración de los colegios municipales a organismos públicos (sin definirlos), aumentar las becas universitarias y “reprogramar” a los estudiantes endeudados. Pero el tema de fondo –la educación privada y paga, concebida como “servicio”, es decir como negocio– no se toca.
Simpatía popular
Toda la educación chilena está ordenada en torno de la lógica del lucro. Según un cálculo del Banco Mundial, cada estudiante chileno que se gradúa y consigue empleo carga en promedio con una deuda promedio de 40 mil dólares, equivalente al 174% de su sueldo anual.
Una familia con dos hijos en la universidad puede llegar a tener que pagar 2.000 dólares por mes. Como el ingreso mensual del 90% del país ni siquiera llega a eso, los jóvenes deben endeudarse para estudiar, asumiendo créditos por hasta 60.000 dólares que pagan durante años.
La movilización estudiantil y docente tiene una enorme simpatía popular. Buena parte del pueblo chileno caló pronto la verdadera naturaleza del piñerismo, y ve encarnadas en esos miles de jóvenes movilizados sus esperanzas no sólo de conquistar una verdadera democracia –también en el ámbito educativo– sino de recuperar las riquezas nacionales que desde Pinochet a hoy siguen entregadas a monopolios privados, imperialistas y nacionales.
