Existen dos posiciones respecto a la prostitución: Una, que la considera un trabajo como cualquier otro y una elección libre, fruto de un contrato entre dos individuos: cliente y mujer prostituida. Otra, en cambio, la que sostiene que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y una violación de los derechos humanos.
No es un contrato entre cliente y mujer en prostitución, porque no se puede hablar de consentimiento, condición de todo contrato, en condiciones de profunda desigualdad.
Existen dos posiciones respecto a la prostitución: Una, que la considera un trabajo como cualquier otro y una elección libre, fruto de un contrato entre dos individuos: cliente y mujer prostituida. Otra, en cambio, la que sostiene que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y una violación de los derechos humanos.
No es un contrato entre cliente y mujer en prostitución, porque no se puede hablar de consentimiento, condición de todo contrato, en condiciones de profunda desigualdad.
Las mujeres no se “prostituyen”, son prostituidas por clientes y proxenetas protegidos por el Estado, compelidas por la necesidad económica, por presiones de todo tipo, por costumbres e ideas contenidas en los mensajes culturales que consideran que las mujeres de todas las clases sociales somos objetos disponibles para satisfacer supuestas “necesidades” de los varones también de todas las clases sociales. Se plantea a la mujer como “cosa”, “su cuerpo es para placer de otros” y viene alimentado por programas de TV y publicidades que exponen a la mujer como objeto de deseo y vaya casualidad hasta en los quehaceres domésticos, la publicidad llega a nosotras con un hombre musculoso que es quien le resuelve el problema ante la suciedad que es sólo su tarea y misión.
La relación entre cliente y mujer prostituida no es una relación laboral entre empleador y empleada ni entra dentro del campo del derecho del trabajo, ya que, no es lo mismo vender la fuerza de trabajo a un capitalista, lo que hacen los obreros en una fábrica, a que sea tu propio cuerpo la mercancía. Un trabajador es oprimido porque se le extrae plusvalía, y él solo tiene su fuerza de trabajo, mientras que el patrón tiene los medios de producción, pero, si tu cuerpo mismo es una mercancía, ¿qué posibilidades hay que tu trabajo sea digno? Hechos que en cualquier trabajo se consideran acoso o abuso sexual, en la prostitución forman parte de la naturaleza misma de la actividad.
Considerar la prostitución como trabajo legitima la violencia y las desigualdades sociales y sexuales entre varones y mujeres. La prostitución produce daños físicos y psíquicos que algunos estudios comparan con quienes padecen una guerra o han sido víctimas de torturas.
Si la prostitución fuera trabajo: ¿Cómo se formaría a las niñas para el mismo?, ¿Cuáles serían los cursos de aprendizaje? ¿Secundarios con orientación servicio sexual? Considerar entonces, a la prostitución como un trabajo favorece la trata y la legalidad de los proxenetas y rufianes, al convertir la explotación sexual en un negocio legal.
Por todo esto, sostenemos que no se debe hacer distinción entre prostitución y trata forzada y voluntaria, ni entre prostitución infantil y adulta, ni diferenciar entre personas menores y mayores de 18 años. Estas distinciones legitiman prácticas de explotación sexual, transformándolas en aceptables y permisibles. Utilizan una falsa idea de elección y consentimiento que no reconoce los condicionamientos sociales e individuales y el complejo proceso que lleva a una mujer ejercer la prostitución.
Este gobierno es responsable de la explotación sexual de mujeres
Los prostíbulos pululan en todas partes, en cualquier confitería, wiskería, en casas modestas a lo largo de las rutas o en locales o departamentos de lujo; ello a pesar de estar prohibidos por Ley Nacional y por la Convención contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Sin embargo trabajan impunemente y como en el caso de Río Gallegos, acaba de salir un fallo que reabre los prostíbulos, llamadas “Las Casitas”, y opiniones como las de Aníbal Fernández: “mejor que se abran si no los hombres van a salir a violar mujeres”. También, de los nueve candidatos a intendente de Río Gallegos seis están de acuerdo para que “Las Casitas” vuelvan a funcionar.
En la Argentina existen aproximadamente ocho mil prostíbulos y 60.000 mujeres en condiciones de explotación sexual.
Sólo de vez en cuando la Justicia condena algún proxeneta, si se trata de algún caso resonante, de lo contrario, la respuesta es reprimir a las víctimas. Nunca se llega a los grandes responsables, a los jefes de las redes de prostitución, o a funcionarios, legisladores, empresarios, fiscales, comisarios o jueces que participan del negocio.
El Estado, el gobierno, los poderes legislativos y la Justicia son responsables por lo que hacen, pero también por lo que no hacen. No persiguen a los explotadores, no respetan ni protegen los derechos humanos de las víctimas, no destinan leyes, programa y presupuesto a la creación de refugios, asistencia médica, jurídica y psicológica ni realizan campañas destinadas a desnaturalizar a la prostitución y mostrarla como lo que es realmente: explotación y violencia.
La lucha del movimiento de mujeres contra la trata y la explotación sexual viene de hace mucho tiempo. Madres, vecinas, amigas y muchas organizaciones del pueblo se organizan para denunciar y combatir la trata de personas para su explotación sexual. Por ejemplo, La Red no a la trata, la fundación La Alameda y las distintas multisectoriales de mujeres a lo largo y ancho del país tomamos este tema en nuestras manos para enfrentarlo y combatirlo. Esto nos llevó a la Ley de Trata: fruto de la lucha de las organizaciones populares, las que hoy siguen peleando por las modificaciones que la misma requiere pero también fruto de la lucha de los movimientos de mujeres hoy. Cristina Kirchner tuvo que sacar el Decreto 936/11, que prohíbe los avisos que promueven la oferta sexual y la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la oficina de Monitoreo de publicación de avisos de oferta de comercio sexual, de paso oficina que monitorea el propio gobierno.
El decreto presidencial no va a fondo contra la trata
Este decreto sólo rige para los avisos en los diarios, no los que se ofrecen vía Internet o por vía telefónica; además no está reglamentado, quiere decir, entre otras cosas, que no establece multas para los que siguen sacando los avisos y además, este decreto no va a fondo en la lucha contra la trata, ya que no hay ningún signo por parte de la presidenta de que se modifique la Ley de Trata de Personas y que se reglamente para que haya un programa integral de ayuda a las víctimas.
La prohibición de los avisos ya estaba estipulada en un proyecto de Ley sobre Trata de Personas, que elaboraron legisladores de la oposición entre ellas Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica) y que hace más de un año está postergada por el oficialismo en la comisión del Congreso.
¿Acaso la presidenta no sabía que los avisos de oferta sexual encubren situación de trata y explotación de mujeres?
Son cómplices del tercer negocio más rentable del mundo. La Argentina permanece en la categoría cuatro de la lista de observación de ONU por tercer año consecutivo, debido a que no ha demostrado haber aumentado los esfuerzos para combatir la trata de personas.
Exigimos que el gobierno nacional establezca, políticas públicas efectivas de prevención, protección y asistencia a las víctimas, financiadas con fondos suficientes previstos en el presupuesto nacional.
Nosotras decimos: ¡Basta! No queremos ni una víctima más de las redes de prostitución ni de cualquier otro tipo de abuso. Queremos que se declare la” emergencia nacional en violencia sexual contra las mujeres”, y que se reforme definitivamente la Ley de Trata.
