En la Argentina de principios del siglo 20, con sus contrastes de miseria y de opulencia oligárquica, el proxenetismo estaba aceptado y legalizado. Buenos Aires era uno de los centros mundiales de la “trata de blancas”, sólo comparable a Shangai o Barcelona. Junto a los “cabarets”, frecuentados por “la gente bien”, proliferaban burdeles conocidos como “casitas”, “quilombos”, “quecos” o “pesebres”.
En la Argentina de principios del siglo 20, con sus contrastes de miseria y de opulencia oligárquica, el proxenetismo estaba aceptado y legalizado. Buenos Aires era uno de los centros mundiales de la “trata de blancas”, sólo comparable a Shangai o Barcelona. Junto a los “cabarets”, frecuentados por “la gente bien”, proliferaban burdeles conocidos como “casitas”, “quilombos”, “quecos” o “pesebres”.
El Estado controlaba esta “actividad” y percibía un tributo de las organizaciones de proxenetas, era socio, beneficiario y cómplice.
Cien años después, mujeres y niñas siguen siendo capturadas por las redes de prostitución, a través del secuestro liso y llano, del engaño personal con ofrecimientos de trabajo, avisos por internet o con falsas promesas de matrimonio. Son violadas, drogadas, torturadas, vendidas y esclavizadas.
Aunque la Ley 12.331/37 prohíbe la instalación de prostíbulos en la Argentina, éstos funcionan impunemente bajo la forma de bares, “cabarets”, “saunas” o “whiskerías” que los municipios habilitan. Comisarios, políticos y funcionarios de todos los niveles van asociados al negocio. Sólo castigan a quienes no pagan la coima. Así, las leyes son burladas con la anuencia y protección de diversos organismos y niveles del Estado.
Se ha montado una “industria del sexo” con “empresarios de la noche” (que publicitan la actividad, a pesar del decreto 936/2011) de la presidencia, utilizando los rubros de oferta de trabajo, masajes, saunas, whiskerías, etc. Las obleas en la calle muestran la mercadería: cuerpos de mujeres y niñas reducidos a simples objetos que se compran y se venden en el mercado. Incluyen direcciones y teléfonos, seguros de la impunidad y protección que gozan. Actualmente, para cubrirse, traen inscripciones tales como “somos mayores de 18 y sabemos lo que hacemos”. Nadie investiga si hay proxenetismo.
La Alameda denunció 613 prostíbulos en la Capital Federal y la resistencia de policías y jueces a aplicar las leyes y convenios internacionales vigentes. Durante el secuestro de Candela la buscaron en algunos prostíbulos de la zona, y ninguno fue cerrado.
Promocionado como destino turístico del siglo 21, en el país crecen las redes de trata, la pornografía y se ofrece el “exótico” sexo con chicos. Las cadenas de grandes hoteles ofrecen a los extranjeros todo tipo de “turismo sexual”. Sólo en Buenos Aires se habla de 6 mil niñas/os víctimas de delitos sexuales y habría más en la triple frontera, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y otros lugares. El jefe de Gabinete se mostró intrigado –en Radio Nacional- por el marcado “apetito por los genitales jóvenes, genitales sanos”. Sobre la reapertura de 29 de aquellas “casitas” en Río Gallegos, dijo “si no, los hombres que las frecuentan estarían violando mujeres”. Es llamativo que habiendo dos mujeres, la presidenta y Nilda Garré como ministra de Seguridad, con poder sobre la policía, no se castiguen estos delitos.
