Frente al desmadre fiscal producido en parte por los crecientes pagos de subsidios a las empresas prestadoras de los servicios públicos de electricidad, gas y agua, después de años de no reconocer las desigualdades que provocaba su aplicación indiscriminada, el gobierno de Cristina Fernández ha tenido que salir a enfrentar el problema. Y así hemos podido escuchar por primera vez desde los funcionarios oficiales que esos beneficios, implantados por la emergencia económica de 2002, siguieron siendo aprovechados por quienes se llenaron los bolsillos en estos largos 8 años de gobiernos kirchneristas, incluidos los bingos y casinos, financieras y mineras que todavía siguen exentas de impuestos.
Es así que el primer anuncio del gobierno de sacarles los subsidios, es decir hacerles pagar la tarifa plena a los bancos, casinos, aeropuertos, telefónicas y mineras, no puede sino ser recibida con beneplácito. Por supuesto el problema está en cómo va a seguir la película, ya que ese recorte con ser importante (600 millones de pesos) es de menos del 1% del total de los subsidios que, entre los servicios de energía y transporte este año han llegado a superar los 60.000 millones de pesos.
El problema adquirió tal magnitud, particularmente en los dos últimos años (sólo en 2011 los subsidios aumentaron un 50%), por la inflación que, aunque no reconocida por el IndeK, el gobierno se la reconoció en el aumento de los precios (tarifas) a las prestadoras de los servicios, cubriendo la diferencia con el aumento de los subsidios para que no incidiera en lo que pagaba el consumidor. Como puede apreciarlo cualquiera mirando las boletas de electricidad, gas o agua, donde figura por un lado el cargo por el consumo y por otro el descuento por el subsidio que el Estado le paga a la prestadora sobre ese servicio. Por eso los funcionarios dicen que no habrá cambios en las tarifas, sino una “adecuación de los subsidios”: es decir, que el consumidor tendrá que pagar más no por un aumento de la tarifa, al menos por ahora, sino por una disminución del subsidio.
Esto en lo inmediato solo afecta a las actividades arriba mencionadas a las que se anunció la quita de los subsidios. Y está por verse si las empresas que se dedican a esas actividades (bancos y financieras, seguros, juegos de azar, aeropuertos internacionales de alta circulación –Aeroparque y Ezeiza–, terminales portuarias, empresas de telefonía móvil de jurisdicción nacional y actividades extractivas de hidrocarburos y minería) en vez de resignar ganancias buscan “compensar” ese mayor gasto con una suba en sus tarifas o precios.
Hacia el futuro
Esto se hará mucho más agudo cuando el gobierno avance en la “adecuación de los subsidios” hacia la mayoría de los subsidios que abarca al grueso de la economía (empresas industriales, comerciales y de servicios, consumos domiciliarios, transporte de cargas y de pasajeros, etc.).
Boudou y De Vido anunciaron la formación de una comisión que irá revisando los subsidios de electricidad, gas y agua (comenzando por las empresas y siguiendo por los hogares) y el transporte, determinando en qué casos se eliminarán, se reducirán o se mantendrán. Y dijeron que ahora entran “en una etapa de personalización del subsidio”, para lo que cuentan con la información de ingresos sobre la base de datos de la AFIP, la Anses y otros organismos públicos, con lo que definirían quiénes tendrán que pagar la tarifa plena y quiénes podrán seguir pagando la tarifa recortada por el subsidio. Esto puede llevar a una tremenda discriminación no solo entre las empresas sino entre los sectores más populares, ya que se considera que quien tiene un salario formal no necesita del subsidio.
Por ejemplo, para la Secretaría de Transporte sólo necesita subsidios el 11% de los pasajeros de subtes, mientras que esa proporción llega al 30% en los trenes. Por lo que el ministro De Vido señaló que se espera una mayor difusión de la tarjeta SUBE “en tres o cuatro meses” que permita identificar mejor los segmentos de usuarios que “necesitan” el boleto con subsidio. ¿Piensa acaso aumentar el salario a todos los trabajadores que se les duplicará o triplicará el costo de los pasajes en poco tiempo, ya que no están “personalizados” como merecedores del subsidio? Lo mismo puede decirse de los asalariados que “en tres o cuatro meses” recibirán las boletas de luz, gas y agua aumentadas –sin necesidad de un aumento formal de las tarifas– por la disminución o eliminación de los subsidios, ya que no están identificados como personas que necesiten de los mismos.
Nadie puede estar en contra, salvo los interesados, que se haya tomado la medida de quitarle los subsidios a los sectores hasta ahora enunciados. Pero como eso es menos del 1% del total de subsidios, el problema es qué va a pasar con el resto que es más del 99%. Los monopolios prestadores de esos servicios (en particular luz y gas) están ansiosos porque se recorten los subsidios, y cuanto más lo permitan los votos a Cristina mejor, para cobrarles directamente las tarifas a sus clientes y no depender del fisco. El problema para la gran mayoría es que va a tener que pagar el doble o el triple en las boletas o el boleto, si no está “personalizado” como sujeto que necesita del subsidio.
