Un amplio arco de organizaciones políticas y sociales, se dieron cita en las inmediaciones del Congreso y marcharon juntos con la consigna “No a la criminalización de la protesta social” y con la exigencia de “Libertad a Olivera, Oñate, Tapia, Claros, Germano y todos los presos por luchar. Desprocesamiento, cierre de causas y anulación de las condenas de los 5.000 luchadores obreros y populares. Basta de patotas sindicales y paraestatatales contra los que luchan”.
Un amplio arco de organizaciones políticas y sociales, se dieron cita en las inmediaciones del Congreso y marcharon juntos con la consigna “No a la criminalización de la protesta social” y con la exigencia de “Libertad a Olivera, Oñate, Tapia, Claros, Germano y todos los presos por luchar. Desprocesamiento, cierre de causas y anulación de las condenas de los 5.000 luchadores obreros y populares. Basta de patotas sindicales y paraestatatales contra los que luchan”.
En la cabecera de la marcha, junto a representantes de organizaciones sociales y políticas, estuvieron Diana Kordon de Liberpueblo y Gustavo Funes por el PCR, Fernando Pino Solanas (Proyecto Sur), Dip. Jorge Cardelli (MPS), Víctor De Gennaro (ATE-CTA), entre otros, quienes acompañaron a María Rosario y Ramón Bogado (a quienes el gobierno le creó causas a partir de la lucha de Kraft en 2009), Eduardo Delmonte de Desocupados de la CCC de Rosario (a quien le crearon una causa farsa tras haber llevado su solidaridad a los trabajadores de Atilda); el ferroviario “Pollo” Sobrero, que estuvo detenido bajo la orden del ministro Aníbal Fernández; y Vilma Ripoll (MST), judicializada también por la lucha de Kraft, entre otros.
Entre la multitud de carteles, se destacó el del compañero Roberto López, que en la fecha se cumplía un año de su asesinato en La Primavera (Formosa), acompañados los carteles que recuerdan los asesinatos de los compañeros de Libertador (Jujuy), Indoamericano, Cristian Ferreira (Mocase Vía Campesina), y Mártires López.
Hubo una importante presencia de compañeros de la CCC y el PCR de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense. Y una fuerte presencia obrera, destacándose los trabajadores de la línea 60, portuarios, subte, hospital Garrahan, Paty, Kraft, docentes, Indec, etc.
Una marcha unitaria
El documento fue consensuado (y adherido) por organizaciones sindicales, comisiones internas, cuerpos de delegados, juntas internas, congresales, organismos de derechos humanos en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, organizaciones estudiantiles, centros de estudiantes y organizaciones políticas, y comenzaba manifestando la exigencia de la “inmediata libertad de los presos por luchar, el desprocesamiento, cierre de las causas y anulación de las condenas a los luchadores y el fin de las patotas sindicales y paraestatales”.
A continuación recordaban que “Una vez más, con dolor y con bronca, tenemos que denunciar también en la Plaza, un nuevo asesinato de un luchador popular. Hace apenas unos días, el 16 de noviembre, fue muerto en Santiago del Estero, el compañero Cristian Ferreira, por las patotas de los terratenientes que asolan al movimiento campesino. Así, en el último año, suman 15 los nombres de hombres y mujeres de nuestro pueblo que engrosan la lista de asesinados por las fuerzas represivas y las patotas, en ocasión de ejercer su legítimo derecho al reclamo. Hoy, 23 de noviembre, se cumple un año del asesinato de los hermanos de los pueblos originarios de Formosa.
“Los últimos años estuvieron poblados de manifestaciones, huelgas, cortes de calle y de rutas, ocupaciones de fábricas y de tierra, acampes, piquetes las más diversas formas de movilización en defensa de los derechos obreros y populares.
“Ante estas demandas, el gobierno de Cristina Kirchner –que se autoproclama defensor de los derechos humanos y dice que no criminaliza la protesta social-, ha avanzado crecientemente en la respuesta represiva, persigue judicialmente, con el código penal en mano- como dijo Aníbal Fernández- a todos los que luchan, y organiza patotas paraestatales o es cómplice directo de las patotas de la burocracia sindical”.
Más adelante el documento menciona los compañeros presos por luchar: Carlos Olivera, Víctor Oñate, Mario Tapia, Aldo Claros, Karina Germano, y Rubén “Pollo” Sobrero que estuvo detenido “como parte de la persecución política contra el cuerpo de delegados del Sarmiento”.
A continuación: “Como lo hemos hecho con Carlos Fuentealba y con Lázaro Duarte, exigimos justicia por los chicos de Bariloche, Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, por Mariano Ferreyra, por Roberto López y Mario López de Formosa, por Mártires López de Chaco, por Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Emilio Canivari del Indoamericano; por Ariel Farfan, Félix Reyes, Juan Velázquez y Alejandro Farfan de Jujuy, por Cristian Ferreira de Santiago del Estero”
Las organizaciones denunciaron además “la desaparición forzada de personas como herramienta del aparato represivo del estado, que con la acción u omisión de los gobiernos nacional y provinciales, permite la desaparición del compañero Julio López en 2006, de Luciano Arruga en 2009, y de Luciano González en Corcovado, Chubut.”
Para finalizar, el documento plantea: “No queremos despidos ni suspensiones, ni tarifazos ni ajustes, ni cepos salariales; no queremos la impunidad de los burócratas sindicales. Exigimos el cese de las persecuciones y atropellos contra los luchadores y el juicio y castigo efectivo a los Pedraza, los Gerardo Martínez y a todos los responsables políticos y materiales de los asesinatos y ataques contra los trabajadores y luchadores populares.
