En esta nota volvemos sobre un tema ya tratado en ediciones anteriores. Cristina Fernández dijo hace varios meses: “creo que es un punto muy importante para demostrarle a la sociedad, a los sectores productivos y al mundo la idea que las fuerzas políticas en la Argentina tenemos acerca de un recurso estratégico y vital, como es la tierra, en un momento donde esto adquiere una importancia vital”. Agregó respecto del comportamiento del capital que “se está pasando de activos financieros a activos físicos”, es decir que el precio de la tierra será cada vez más elevado y la posibilidad de compra por parte de pequeños y medianos productores cada vez más imposible. El Poder Ejecutivo incluyó este proyecto en el paquete de leyes urgentes que en sesiones maratónicas se están aprobando en el Congreso.
Mientras tanto a nivel nacional y provincial continúan gestiones por parte de capitales extranjeros y gobiernos como el de China y Arabia Saudita para comprar o arrendar tierras en provincias como Río Negro o el Chaco.
El proyecto oficial que acaba de aprobarse en Diputados fija su objeto en su artículo 2º, en sus dos incisos. Dice el inciso a) “determinar la titularidad, catastral y dominial, situación de posesión o tenencia bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales” y el b) “regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad de tierras rurales, cualesquiera sea su destino de uso o producción”.
Una ley que tratara el problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión que desde hace varios años exigían en sus luchas diferentes organizaciones agrarias de campesinos pobres y medios. En el caso de la Federación Agraria Argentina desde hace más de ocho años en sus congresos anuales denuncia que ya están en manos de capitales extranjeros más de 18 millones de hectáreas. El 3 de marzo del año 2010, con la firma de los diputados Orsolini y Forte se presentó en la Cámara de Diputados un “Proyecto de Ley de Restricciones y Límites a la Adquisición de Dominios de Inmuebles Rurales”, que hasta ahora no había sido tratado.
Lo que establece la ley
Según trascendió en los medios de prensa escrita, lo aprobado en Diputados cambió del proyecto original, por el artículo 7º, el límite de porcentaje a la titularidad total de tierras en manos extranjeras del 20% al 15%, cuestión que el kirchnerismo festeja esto como algo importante. Si se toma como base para este cálculo el territorio continental argentino que tiene 275 millones de hectáreas, el límite en el proyecto original era de 55 millones de hectáreas y ahora sería de 41,3 millones, es decir que sobre las 18 millones ya poseídas por extranjeros, estos podrían avanzar comprando 23,3 millones de hectáreas más. El problema de este recurso “estratégico y vital” no se limita a la extranjerización, es mucho más amplio y profundo y requiere de una solución que puede lograrse a través de una reforma agraria integral como la que viene proponiendo la Federación Nacional Campesina de la República Argentina, la Federación Agraria Argentina y otras organizaciones representativas de los pequeños y medianos productores.
Al carecer de precisiones el Artículo 9º del proyecto de Ley resulta confuso ya que dice que “las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 has.), cualquiera sea su lugar de ubicación”. Esto significa, por ejemplo, que si el capital extranjero quiere invertir en la producción de hortalizas en el cordón verde del Gran Buenos Aires o de La Plata estaría habilitado por esta ley e implicaría la desaparición de por los menos 500 productores que hoy trabajan en promedio 2 hectáreas, cuestión no lejana en el tiempo debido al avance en el mundo de inversiones a gran escala en la producción de todo tipo de alimentos.
El Artículo 10º fija el criterio de que no se considerará como inversión la adquisición de tierras rurales a los efectos de los Tratados Bilaterales de Inversión. El artículo 11º, ordena que dentro del plazo de 180 días de puesta en vigencia de esta Ley, los extranjeros deberán denunciar ante la Autoridad de Aplicación las tierras de las cuales son propietarios. Por los Artículos 13 y 14 se crea un Registro Nacional de Tierras Rurales y se dispone la realización de un relevamiento catastral y dominial que determine la propiedad de las tierras rurales de todo el país, tomando como base el registro existente al 1º de enero del año 2010, cuestiones de dudosa concreción porque en la Argentina no existe un verdadero catastro nacional de tierras, agravado por el hecho de que con la intervención al Indec, como lo denuncian sus profesionales y técnicos, han desaparecido hasta los datos del Censo Agropecuario 2008. Además los gobiernos provinciales cuasi feudales se niegan a tratar el tema en resguardo de sus socios terratenientes.
Finalmente podemos decir que en el Artículo 16º del Proyecto está una de las cuestiones esenciales pues dice que “la presente ley no afecta derechos adquiridos y sus disposiciones entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación”. Con ello los propietarios extranjeros imperialistas como Benetton, Tompkins, Soros, Turner, los capitalistas norteamericanos, ingleses, chinos, brasileros o chilenos, las mineras como la Barrick Gold, los fideicomisos y pooles de inversión y otros de los que ya son propietarios de másde 18 millones de hectáreas estarán sumamente agradecidos.
Miles de familias sin tierra
Existen en la Argentina de hoy por lo menos 500 mil familias de campesinos que tienen problemas de tierra, ya sea porque nunca fueron dueños o porque por el paso del tiempo se fueron fraccionado por herencia y sus pequeños propietarios expulsados del campo porque tienen que ceder sus propiedades para que las trabajen pooles o contratistas que así logran sumar parcelas y producir en grandes escalas de tamaño y volumen de producción.
El debate sobre este proyecto es una ocasión para que desde las filas de las organizaciones que representan a los campesinos pobres y medios, a los chacareros, a las comunidades de originarios, así como a las organizaciones sociales y partidos políticos democráticos y populares se debata su contenido y alcance y se denuncie la extraordinaria concentración de la propiedad de la tierra por parte de la oligarquía y extranjeros, que es la causa principal del problema por el que los campesinos no pueden acceder a la tierra.
Finalmente, el otro tema que debería haberse incluido en la ley es la prohibición de los extranjeros arrienden tierras, cosa que ya está sucediendo en algunas regiones, como el camino elegido para eludir cualquier límite fijado por ley.
En este contexto seguiremos levantando como programa y proponiéndonos el objetivo de una reforma agraria integral urgente y necesaria.
