Contra el Paraná, contra el Gualeguay y contra el Uruguay el pueblo está revuelto. Una niña de 11 años fue violada por un joven de 17, producto del ultraje ahora cursa un embarazo de trece semanas.
Contra el Paraná, contra el Gualeguay y contra el Uruguay el pueblo está revuelto. Una niña de 11 años fue violada por un joven de 17, producto del ultraje ahora cursa un embarazo de trece semanas.
Un dolor de panza la llevó hasta el Hospital San Miguel, allí los profesionales constataron el embarazo y pusieron en conocimiento a las autoridades policiales por tratarse de una menor de 13 años. La madre de la niña solicitó al Hospital la interrupción del embarazo, amparada por el artículo 86 del Código Penal y el Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales, un instructivo para equipos de salud que edita el Ministerio de Salud de la Nación. Finalmente se le negó la práctica del aborto terapéutico, violando los derechos de la pequeña y profundizando el ultraje recibido.
La menor proviene de una familia pobre, no cuenta con el dinero para pagar por un aborto en una clínica privada, por lo que su madre acudió a la Justicia para acceder a los derechos que asisten a su hija. Con la judicialización del caso, llegó la exposición pública y comenzaron los debates y las presiones.
El pedido se radicó en el Juzgado de Familia de la ciudad de Concordia, a cargo del juez Raúl Tomaselli, quien al ser consultado por el diario Junio de Concordia con respecto al caso respondió: “hay que ver si me dan los plazos para resolverlo porque yo no voy a estar acá de corrido”; una muestra de la importancia que nuestros gurises y nuestras mujeres tienen para el sistema judicial provincial.
Pero lo más aberrante estuvo en boca del ministro de Salud provincial Hugo Cettour. El funcionario realizó una recorrida mediática donde afirmó “el caso no entra dentro de las pautas legales en las que debe permitirse interrumpir el embarazo”. “Una vez que la niña tuvo su primera ovulación, tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo; la naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación el cuerpo está preparado”. El repudio popular no se hizo esperar. Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, docentes universitarios, partidos políticos, mujeres y hombres entrerrianos expresaron su repudio a las declaraciones y exigen su inmediata renuncia; hasta organizaciones y referentes kirchneristas como Las Delfinas, la Corriente Martín Fierro y el diputado provincial Juan José Albornoz (representante de La Corriente Nacional de la Militancia y dirigente de la Agrupación Evita) se sumaron al reclamo. El contexto de presión sobre la niña y su familia, y los profesionales de la salud se profundizó con la intervención de grupos “pro vida”, vinculados a los sectores más retrógrados de la iglesia católica.
El hospital sin anticonceptivos
En este marco se realizaron las pericias médicas –que no incluyeron exámenes psíquicos ni socioambientales– en el hospital Masvernat de Concordia. Allí se dejó en claro que “se trata de un embarazo normal y que no amerita interrupción por riesgo obstétrico”. Paradojalmente, hace 30 días que el nosocomio no cuenta con DIU (dispositivos intrauterinos) y hace 15 que no pueden afrontar la demanda de píldoras anticonceptivas porque no reciben material del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. En declaraciones al diario Junio de Concordia: “Hace 30 días que no hay Dispositivos intrauterinos (DIU) para colocar, y se han tenido que suspender turnos. Algunos médicos, de pura vocación se recorren los centros de salud pidiendo prestado, como gauchada, los insumos”. Consultada respecto de qué alternativa les queda a las pacientes, la misma fuente aclaró que “si no tiene recursos, ninguna, porque las pastillas anticonceptivas se terminaron hace 15 días, los médicos se la pueden recetar pero si no tienen para comprarlas no tienen nada”. De esta manera, en el mismo hospital que debe realizar el informe de la menor abusada, se violan los derechos de todas las entrerrianas por la desidia del gobierno provincial. Gobierno que en un comunicado lamentable pone en duda la violación y desconoce el derecho de la menor a interrumpir el embarazo (ignorando las disposiciones del Código Penal).
El gobierno premia al violador y castiga a la víctima
En estas circunstancias, el jueves 19 y en el marco de una reunión con el juez Tomaselli (cuestionada por abuso de poder e intervención del gobierno provincial por miembros de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito), la familia de la niña retiró el pedido de interrupción del embarazo. En la misma reunión el abusador “reconoció la paternidad” sobre el embarazo de la niña (no así el abuso) y el gobierno se comprometió a otorgarle un trabajo con el fin de que luego pueda mantener al niño. Esta es la política real del gobierno “nacional y popular” de Sergio Uribarri: a las mujeres pobres se las obliga a cargar con la marca del abuso y la maternidad forzada, mientras que a los violadores se los premia con un puesto de trabajo.
Con todo lo sucedido va creciendo el debate por abajo. En cada casa, a cada mate se discute el caso. En la mayoría de los barrios encontramos a estas “niñas madres”. Muchos, ante el horror que plantea esta situación, comienzan a replantear sus posiciones contra el aborto y admiten excepciones como estas. Son numerosos los agrupamientos que surgen para tanto exigir el aborto para esta niña, como por la necesidad de despenalizar el aborto en general.
En Concordia la CTA y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre otros, han realizado numerosas actividades en solidaridad con la menor y su familia y para denunciar las sucesivas violaciones a los derechos de las mujeres entrerrianas. En Paraná se va constituyendo un amplio agrupamiento multisectorial en el mismo sentido, que preparaba (al cierre de esta edición) una radio abierta para el martes 24 con el apoyo de numerosos espacios (políticos, de género, gremiales y estudiantiles) y adhesiones de varios puntos del país.
Queda claro que éste no es un caso extraordinario, ni mucho menos aislado (las últimas cifras oficiales –del año 2009– mostraban 350 nacimientos vivos de “niñas madres” de 10 a 14 años). Queda claro que las entrerrianas pobres son obligadas a cargar con la culpa de su pobreza y de su condición de mujeres, que para ellas no hay justicia. Queda claro el verdadero rostro de este gobierno que se precia de ser “nacional y popular” que castiga a la víctima y premia al victimario. Pero también queda claro que las mujeres entrerrianas no nos callamos, que no en vano fuimos sede del 25 Encuentro Nacional de Mujeres y que no vamos a permitir que nuestros derechos sean avasallados.
Radio abierta y actividad multisectorial
Al cierre de esta edición se desarrollaba en Paraná una gran radio abierta con números artísticos convocada por un creciente espacio autoconvocado y multisectorial. Presentaron un documento que demanda la renuncia del ministro de Salud provincial, denuncia el accionar del Estado en perjuicio de la menor abusada y que exige políticas de género que realmente resuelvan los problemas de las entrerrianas.
Recibieron, entre otros, las adhesiones de La Casa de las Mujeres Norma Nassif, Las Juanas de la Provincia de Buenos Aires y La Casa de la Mujer Azucena Villaflor de La Plata.
