El gobierno nacional, siguiendo con su política de “sintonía fina” para que, como dijo la señora presidenta “se terminen las avivadas”, está sometiendo a millones de argentinos a largas colas para obtener la tarjeta SUBE. La amenaza es clara, el que no la obtenga antes del 10 de febrero, deberá pagar el aumento que se viene en el transporte público.
El gobierno nacional, siguiendo con su política de “sintonía fina” para que, como dijo la señora presidenta “se terminen las avivadas”, está sometiendo a millones de argentinos a largas colas para obtener la tarjeta SUBE. La amenaza es clara, el que no la obtenga antes del 10 de febrero, deberá pagar el aumento que se viene en el transporte público.
Fácil es comprender la indignación popular, y a la vez es una clara muestra que las cosas no están tan bien como pretende la propaganda oficial, pues millones pasan largas horas hasta conseguir la tarjeta, para ahorrar un poco de plata.
El gobierno, además, juega a las escondidas con el monto del aumento. El secretario de Transportes Schiavi más habla, más oscurece. Trata de tonta a la población, con tal de ganar unos días hasta el momento de descargar el tarifazo.
SUBE y SIBIOS
Pero hay otro aspecto, de suma peligrosidad para las libertades democráticas que este pueblo ha conquistado en décadas de lucha. Con la SUBE, que como se sabe se entrega contra la presentación de nombre y DNI, se puede conocer el recorrido que realiza el poseedor de la tarjeta: A qué línea de colectivo, tren o subte subió, con detalle de fechas, horarios, y hasta el interno utilizado.
El gobierno ha negado que esto tenga fines persecutorios, argumentando que los datos de la SUBE son de acceso público. Obviamente, el argentino de a pie no tiene la base de datos de la policía, o los servicios de seguridad e inteligencia, con la cual cruzar los datos de cuándo y dónde viajamos.
Desde La Nación se hace hincapié en el riesgo para la “seguridad”, que implica que cualquiera, con el número de tarjeta, tenga acceso a nuestros viajes cotidianos.
Pero hay algo más, que se ha mantenido convenientemente oculto. El 8 de noviembre del año pasado, la presidenta firmó el decreto 1766/2011, por el que se crea el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (Sibios). ¿Qué es el Sibios? Un sistema por el cual se crea un gigantesco banco de datos “biométricos”, donde además de nuestras viejas conocidas las huellas digitales, estará el grupo sanguíneo, estado civil, el “reconocimiento facial” a través de la fotografía digital, y “otras informaciones básicas que se registran a partir del nacimiento”, de cada argentino.
Al Sibios tienen acceso la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Dirección de Migraciones, Policía Aeroportuaria “y entidades provinciales, a través de un Acuerdo con el Estado Nacional”, del que no se conocen los términos.
Este gobierno, que hizo alharaca de sacar el trámite de documentación del pasaporte a la Policía Federal, con el Sibios permite que esta policía, en lo inmediato, tenga acceso de manera mucho más rápida que hasta ahora al banco de huellas digitales que tiene el Registro Nacional de las Personas (Renaper). Esto implica que pasó de tener una base de datos de 8 millones de huellas digitales, a una de 14 millones.
Las fuerzas de seguridad se están equipando con dispositivos móviles de lectura de huellas dactilares que les permitirán contrastar las huellas digitales de cualquier argentino contra la base de datos centralizada. Para los que tenemos unos años, una versión siglo 21 del “Digicom”.
Más control para más represión
“En dos años tendremos a los 40 millones de argentinos identificados a través de los rasgos biométricos”, aseguró la presidenta al momento de la firma del decreto. “Desde el 1 de enero del año próximo, este sistema de huellas digitales y datos biométricos, se traslada a todos los nacimientos en todo el país”, destacó Fernández.
Como dice un artículo del sitio contexto24.com, “Esto aumenta el grado de vigilancia generalizada, ya que las agencias de seguridad de Argentina tendrán acceso a repositorios masivos de información de ciudadanos, y serán capaces de mejorar las capacidades de hacer reconocimiento facial y por huellas digitales con tecnologías que permitan identificar a cualquier ciudadano en cualquier lugar”.
Por lo tanto, detrás de la implementación masiva de la tarjeta SUBE hay mucho más que un tarifazo. Hay toda una política que avanza en el control y la represión del pueblo argentino, si tenemos en cuenta que estas medidas se dan en momentos que el gobierno impulsa una “ley antiterrorista” por la cual cualquier luchador social puede ser acusado de terrorismo.
Por último, y actualizando los “Consejos sencillos al militante” del revolucionario ruso Víctor Serge, que aconsejaba “Todo militante deberá considerarse seguido permanentemente; por principio, jamás dejará de tomar las precauciones necesarias para impedir que lo sigan” (ver Cuadernos de difusión del marxismo-leninismo-maoísmo Nº 189-190), mantengámonos alerta ante la creciente intromisión del Estado en la vida de los 40 millones de argentinos. Y si puede, no use la SUBE cuando no quiera que se sepa adónde va, o de dónde viene.
