En el informe se proporcionaron datos estadísticos de los más de 4.000 criminalizados por luchar, se describió la progresión de esta metodología represiva entre los años 2001 y 2012, y se brindó información sobre los conflictos y reclamos judicializados. También se presentó un informe con los nombres de los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo período.
En el informe se proporcionaron datos estadísticos de los más de 4.000 criminalizados por luchar, se describió la progresión de esta metodología represiva entre los años 2001 y 2012, y se brindó información sobre los conflictos y reclamos judicializados. También se presentó un informe con los nombres de los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo período.
Estuvieron presentes en la conferencia de prensa representantes de organismos de derechos humanos: Enrique Fukman y Gabriela Vargas de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD); Claudia Ferrero de APEL; Gina Erramuspe del Cadhu; Myriam Bregman del Ceprodh; Martín Alderete de Cadep; María del Carmen Verdú de Correpi; Diana Kordon de Liberpueblo; y re- presentantes de las siguientes organizaciones: Jorge Cardelli de PS; Elena Hanono del PCR; Vilma Ripoll del MST; Cristian Castillo del PTS; Néstor Pitrola del PO; Oscar Kuperman de CUBA-MTR; Santiago Gándara de AGD-UBA; Mary Martín asesora del diputado Piamonte ARI; Mario Mazitelli del PSA; José Castillo de IS; Hugo Blasco de CTA Nacional; Leonardo Pérez Esquivel; Victoria Donda de Libres del Sur; entre otros.
Informe sobre la criminalización de la protesta
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos realizando una intensa campaña contra la criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos de luchadores populares.
Entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo.
El informe fue realizado por la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos; la Asociación de Profesionales en Lucha; el Centro de Abogados por los Derechos Humanos; el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos; la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo; la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional; y Liberpueblo.
El informe abarca el período 2001-2012, y sintetiza los primeros resultados de la investigación que estamos realizando desde principios del año 2011, y refleja la sistematización de datos sobre un total de 2268 compañeros criminalizados.
La base de datos se encuentra en permanente proceso de registro de nuevos datos y será actualizado periódicamente para su consulta. Está organizado en las siguientes partes:
Presentación de la situación de criminalización y represión 2001-2012. Presentación de la metodología de trabajo para la recopilación y registro de casos. Informe estadístico de casos criminalizados registrados. Identificación de tipos penales utilizados para la criminalización de la protesta. Registro de las organizaciones criminalizadas en distintos lugares del país. Anexo con listado de víctimas de la represión estatal y paraestatal a la protesta y la organización popular entre los años 2001-2012. Detalle de las fuentes de información utilizadas para el relevamiento de los casos. Listado de materiales bibliográficos, investigaciones e informes consultados para la realización del informe.
Resultados estadísticos
Total de criminalizados registrados: 2.268.
• Porcentaje de criminalizados por año, 2001-2012: Sobre un total de 2.198 casos que cuentan con fecha de judicialización se puede observar un incremento de esta medida represiva a partir del año 2003, siendo el pico más alto registrado en los años 2009 y 2010 ascendiendo al 47,1% del total de los casos en esos dos años.
• Porcentaje de criminalizados por sector de pertenencia 2001-2012: Sobre un total de 2.238 casos que cuentan con identificación de sector criminalizado se observa que los sectores a los que ha apuntado con más fuerza esta política de criminalización son el sector sindical (31,6%) y el sector pueblos originarios (31,4%), que suman el 63% del total de casos registrados.
• Porcentaje de criminalizados por tipo de conflicto 2001-2012: Sobre un total de 2.256 casos que cuentan con identificación de conflicto criminalizado se observa que los conflictos que involucran los derechos y reclamos por tierra y vivienda ascienden a un 32,3%, y los conflictos que involucran los derechos y reclamos de los trabajadores suman un 31,7%.
En coincidencia con los datos reflejados en el punto anterior, queda evidenciado que estos conflictos que expresan la lucha por los derechos más elementales son aquellos a los que el gobierno no ha dado respuesta en todos estos años, y sobre los que ha descargado con mayor crudeza su política de persecución y criminalización.
• Porcentaje de criminalizados por provincia 2001-2012: Sobre un total de 2.221 casos que cuentan con datos específicos sobre el lugar donde se desarrolló el conflicto se observa la aplicación de esta política en 19 de las 24 provincias de nuestro país.
La provincia y la ciudad de Buenos Aires concentran el 48% de los casos registrados, y las continúan en porcentajes las provincias de Río Negro con el 23,4%, Neuquén con el 5,8%, Santa Cruz con el 5,4% y Tucumán con el 4,3%.
Son 167 las organizaciones, comunidades y grupos de pertenencia que se relevaron como criminalizados hasta la fecha para este informe.
Compañeros y compañeras asesinados entre 2001 y 2012
Se registraron en este informe 72 compañeros y compañeras víctimas de crímenes cometidos por el Estado o con su complicidad entre los años 2001 y 2012.
2001. 40: Carlos Santillán, José Oscar Barrios, Graciela Acosta, Carlos “Petete” Almirón, Ricardo Álvarez Villalba, Ramón Alberto Arapi, Rubén Aredes, Elvira Avaca, Diego Ávila, Gustavo Ariel Benedetto, Walter Campos, Jorge Cárdenas, Juan Delgado, Víctor Ariel Enríquez, Luis Alberto Fernández, Sergio Miguel Ferreira, Julio Hernán Flores, Yanina García, Roberto Agustín Gramajo, Pablo Marcelo Guías, Romina Iturain, Diego Lamagna, Cristian Legembre, Claudio “Pocho” Lepratti, Alberto Márquez, David Ernesto Moreno, Miguel Pacini, Rosa Eloísa Paniagua, Sergio Pedernera, Rubén Pereyra, Damián Vicente Ramírez, Sandra Ríos. Gastón Marcelo Riva, José Daniel Rodríguez, Mariela Rosales, Ariel Maximiliano Salas, Carlos Manuel Spinelli, Juan Alberto Torres, José Vega, Ricardo Villalba. 2002. 3: Javier Barrionuevo, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán. 2003. 2: Cristian Ibáñez, Luis Marcelo Cuellar. 2004. 3: Sandra Cabrera, Martin “Oso” Cisneros, Esteban “Chirolita” Armella. 2006. 1: Jorge Julio López Desaparecido. 2007. 1: Carlos Fuentealba. 2008. 2: Lázaro Duarte, Juan Carlos Erazo. 2009. 1: Javier Chocobar. 2010. 10: Facundo Vargas, Silvia Suppo, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas, Mariano Ferreyra, Roberto López, Mario López, Bernardo Salgueiro, Rosmary Chura Puña, Emilio Canaviri Álvarez. 2011. 5: Mártires López, Ariel Farfan, Juan José Velazquez, Felix Reyes, Cristian Ferreyra. 2012. 4: Jeremías Jonathan Trasante, Claudio Damián “Mono” Suárez, Adrián Leonel “Patón” Rodríguez, Noemí Condorí.
Estas víctimas se suman a los 1.911 casos de muertos por gatillo fácil y torturas durante el período comprendido entre el 25/05/2003 y el 29/02/2012 (Fuente: Correpi)
Más de 4.000 criminalizados
Como se refleja en el informe estadístico en estos primeros resultados de nuestra investigación hemos sistematizado detalladamente los datos relativos a los sectores criminalizados, las fechas de judicialización, los conflictos por los que se está persiguiendo a los luchadores, las organizaciones de pertenencia, y cómo se aplica esta práctica represiva en las provincias, todo ello sobre un total de 2268 compañeros criminalizados.
A estos datos sistematizados, debemos tener en cuenta que se suman varios centenares de procesados pertenecientes a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). En Neuquén, los estatales comprenden el sector con más encausados con un total de 270 dirigentes y delegados criminalizados, siendo en su mayoría integrantes de los gremios ATEN y ATE. En Río Negro, unos 50 dirigentes sindicales están procesados o imputados en alguna causa producto de acciones gremiales.
Por otra parte, según consta en publicaciones del mes de mayo de 2011, los datos suministrados por la conducción de la CTA dan cuenta de que desde 1997 a esa fecha se dictó el sobreseimiento de 1.450 militantes que participaron de protestas sociales. Con todos estos registros, el número de compañeros y compañeras judicializados en nuestro país asciende a más de 4.000.
Nueva denuncia
En la conferencia se denunció que se abrió una acción penal con el número 2569/12 contra militantes y dirigentes sociales y políticos a raíz de las declaraciones de la ministra Garré que los acusó de extorsionadores el pasado 16 de marzo, luego de una manifestación de trabajadores desocupados del programa Argentina Trabaja que reclamaban un aumento salarial y contra el clientelismo.
Se anunció una convocatoria para el jueves 29 de marzo a las 11.30 en Comodoro Py para presentar ante el juez Rafecas una delegación en defensa y solidaridad con los compañeros.
