El viernes 30 de marzo una delegación de dirigentes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos fue recibida por la jueza federal Servini de Cubría, quien lleva la causa penal iniciada por la denuncia de la ministra de Seguridad Nacional, Nilda Garré (ver hoy 1411).
El viernes 30 de marzo una delegación de dirigentes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos fue recibida por la jueza federal Servini de Cubría, quien lleva la causa penal iniciada por la denuncia de la ministra de Seguridad Nacional, Nilda Garré (ver hoy 1411).
La delegación estaba integrada por Juan Carlos Alderete y Amancay Ardura (CCC), Vilma Ripoll (MST), Christian Castillo (PTS), Néstor Rivas (PO), Ricardo Sosa (Libres del Sur), Enrique Fuckman (AEDD), Patricio Gaynor (Liberpueblo), Gina Erramuspe (CADHU), Myriam Bregman (Ceprodh) y Claudia Ferrero (APEL).
En la denuncia penal, Garré acusó a los manifestantes de conformar una “asociación ilícita” (Art. 210 CP) que coordinó acciones para “extorsionar” (Art. 168 CP) al gobierno a través del corte de los accesos a la Capital Federal (Art. 194 CP) el 16 de marzo, en los cuales se exigía la nacionalización de los planes Argentina Trabaja.
En la entrevista que se tuvo con la jueza se manifestó la gran preocupación que existe en el campo popular por la política de criminalización de la protesta social y persecución política a los opositores.
Juan Carlos Alderete explicó la situación de los compañeros que trabajan en los planes “Argentina Trabaja”, muchos de los cuales todavía no han cobrado por tareas ya realizadas. Asimismo, cuestionó que el aumento ofrecido por el gobierno alcanza sólo a 30.000 de los 130.000 compañeros de las cooperativas. Alderete ratificó que se equivocan desde el gobierno si piensan que con denuncias penales lo van a callar, ya que “vamos a seguir peleando por nuestras reivindicaciones”.
A su vez, el abogado Patricio Gaynor (Liberpueblo) manifestó la preocupación que existe en los organismos de derechos humanos por la escalada en la utilización de figuras penales cada vez más gravosas para judicializar a los luchadores populares, a tono con la reciente sanción de la Ley Antiterrorista.
La entrevista con Servini de Cubría fue acompañada por una impresionante manifestación de la CCC en la puerta de los Juzgados de Comodoro Py, que vitoreraron y alentaron durante toda la jornada exigiendo el cese de las causas penales que criminalizan la protesta social.
