Se está discutiendo en el Congreso de la Nación el proyecto de ley del gobierno kirchnerista que declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”, bajo el título “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”.
Se está discutiendo en el Congreso de la Nación el proyecto de ley del gobierno kirchnerista que declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”, bajo el título “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”.
Siendo esta una declaración positiva es necesario definir qué medios se van a emplear para ello. Y en el artículo 2, se dice expresamente que ello se hará “con el concurso de los Estados provinciales y del capital público y privado, nacional e internacional”. Es decir que el gobierno kirchnerista se plantea buscar la participación de otros monopolios imperialistas (privados o estatales, como los chinos, yanquis, franceses y rusos) en la exploración y explotación de petróleo y gas, tanto en concesiones directas como “en alianzas estratégicas”.
Para que no queden dudas, en el inciso c del artículo 3 se establece como principio de la política hidrocarburífera: “La integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales”.
¿Cómo entra YPF en esto?
Ya en relación a YPF, objeto del título III del proyecto de ley, se establece en el artículo 17 de que “acudirá a fuentes de financiamiento externas e internas y a la concertación de asociaciones estratégicas, joint ventures, uniones transitorias de empresas y todo tipo de acuerdos de asociación y colaboración empresaria con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras”.
Todo esto podrá hacerlo el gobierno nacional teniendo el 51% de las acciones de YPF sin siquiera el control de la Auditoría General de la Nación, ya que el artículo 15 establece que “continuará operando como una sociedad anónima abierta, (…) no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los estados provinciales tengan participación”. Para lo que además se asegura, en el artículo 9 del proyecto, que ninguna de las provincias pueda ejercer individualmente los derechos sobre las acciones que reciba, sino que deberán hacerlo “en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones”. Como dijo la Presidenta: “los que están sindicados tienen que votar siempre de la misma forma”.
En fin, tras la reivindicación de “la soberanía hidrocarburífera” y en nombre del “logro del autoabastecimiento”, el gobierno kirchnerista repite lo que en 1958 fue la política entreguista de Frondizi, aunque en este caso sea a favor de otros monopolios imperialistas y burgueses intermediarios, con una amplitud que incluso permite “asociaciones estratégicas” con empresas estatales imperialistas, como las de China o Rusia. Lo que se da de patadas con un verdadero ejercicio de la soberanía hidrocarburífera, que requiere de una YPF monopólica, estatal y eficiente con control de los trabajadores.
Repsol vació YPF
Desde que Repsol se hizo cargo de YPF en 1999, siguió una política de llevarse todas las utilidades, incluso un poco más descapitalizando la empresa, para financiar su expansión fuera de Argentina. Política que se agudizó con el ingreso del grupo Eskenazi a fines de 2007, promovida por el kirchnerismo.
