Sigue sumando capítulos la escandalosa novela de misterio: ¿Quién es el dueño de Ciccone?
Sigue sumando capítulos la escandalosa novela de misterio: ¿Quién es el dueño de Ciccone?
El 30% de las acciones de la imprenta sigue en manos de la familia Ciccone. El 70%, es decir el capital mayoritario controlante de la empresa, está en manos de The Old Fund, presidida por Vandenbroele, un oscuro personaje cuya ex mujer lo acusa de ser testaferro de Boudou. El actual vicepresidente se jugó firmando una carta en la que le reclama a la AFIP que le dé a Ciccone un plan especial con quita de deuda y una moratoria prácticamente sin intereses.
Las acciones de The Old Fund, según Vandenbroele, estaban en manos de una empresa holandesa: Tierras International, cuyo representante en la argentina es un marino mercante retirado, Carlos “Piluso” Shneider, que reconoce haber cobrado $200 por firmar los papeles que lo acreditan. Shneider, con una jubilación mínima, no aportó los millones de pesos para levantar la quiebra de Ciccone y pagar los salarios durante más de un año.
Puso plata para levantar la quiebra la empresa London Suplay (concesionaria de aeropuertos en Calafate y Ushuaia), con vínculos con un íntimo amigo y socio de Boudou. Otro que puso plata fue el Banco Macro, de Britos, un banquero amigo de Boudou.
Cuando estalló el escándalo de Ciccone en la Argentina, un escribano holandés disolvió la sociedad Tierras International, es decir, la firma que aparecía como dueña de The Old Fund (y a través de ésta, de Ciccone).
Entonces Vandenbroele dijo que Tierras International solo tenía el 35% de las acciones, y el otro 35% estaba en manos de una sociedad uruguaya: Dusbel, que hasta ahora nadie sabe quién la integra.
Así las cosas, el grupo que controla Ciccone está formado: mitad por una empresa disuelta y mitad por una empresa “fantasma”.
Pese al misterio que ronda a Ciccone, la presidenta del Banco Central, muy amiga de Boudou, contrató a esa imprenta para imprimir 40.000 millones de pesos.
Antes, había contratado a Ciccone el gobierno nacional, para imprimir las boletas para las elecciones internas de agosto del 2011, y las del Frente para la Victoria en octubre del 2011.
El expediente judicial comenzó a moverse con el allanamiento de un departamento de propiedad de Boudou en Puerto Madero, pedido por el fiscal Rívolo y autorizado por el juez Rafecas. Ante esa “movida”, el gobierno nacional forzó la renuncia de Righi a su cargo de procurador general de la Nación (jefe de fiscales) y forzó el apartamiento de la causa del juez Rafecas.
Righi es un “prócer” del camporismo (fue ministro del Interior de Héctor Cámpora), y Rafecas es un juez que ha llevado adelante juicios contra genocidas de la dictadura, y de buena relación con el gobierno (al punto que su apartamiento de la causa se basó en haber hecho comentarios a un abogado amigo que integra el círculo de los implicados cercanos a Boudou).
Es decir, el gobierno K sacrificó a dos amigos para garantizar, con sus reemplazos, la impunidad de Boudou. ¿Sólo de Boudou?
