El gobierno se puso el escudo, la ropa de fajina y se cerró filas con el objetivo de garantizar el techo salarial en el principal puerto pesquero del país y de gran importancia en materia de reparaciones navales. “Hay una medida de no innovar en la disputa entre los sindicatos que no da alternativas. No pasa por nuestra voluntad” confesó una fuente empresaria ante los medios luego de que se frustran las negociaciones en Ministerio de Trabajo de la Nación el jueves 17/5. Si bien los empresarios utilizan este argumento para sacarse la presión y la responsabilidad de encima, es cierto que el gobierno fue el más duro en la mesa de negociaciones
Fue el SUPA, el gremio de los estibadores, el que se plantó, exigiendo la jubilación de 250 compañeros (21 de ellos ya fallecieron), que con 25 y 30 años de trabajo no tenían los aportes necesarios. Exigen una jubilación equivalente a tres jubilaciones mínimas, como se acordó en el Puerto de Bs. As., y no la mínima de $1.600 que pretenden imponerles. Desafiando la conciliación obligatoria, el mal tiempo y las presiones, mantuvieron totalmente bloqueado el Puerto durante 13 días. Finalmente, arrancaron un compromiso de Tomada para resolver el tema: levantaron el bloqueo pero permanecen alertas, porque en dos ocasiones anteriores levantaron la lucha y el compromiso no se cumplió.
Luego vino el SAON, el gremio que agrupa a los trabajadores de los astilleros, los serenos de los barcos y talleres navales. Tonificados por el triunfo obtenido en los primeros días de febrero en el Astillero SPI, uno de los más importantes de Mar del Plata, comenzaron la discusión paritaria, que hasta el día de hoy continúa abierta. El jueves 10/5 se concretó la primera jornada de paro y movilización. Los navales con tres piquetes numerosos y combativos, bloquearon el Puerto. El Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria, que está en curso. Los navales se plantaron ante una primera propuesta empresarial de otorgar un 15% en cuotas a octubre, luego de semanas de pelea, hoy la discusión está en un 24% en cuotas a octubre a 6 puntos de lo pedido por los compañeros.
A diferencia de lo que ocurrido en las últimas dos paritarias donde el SOIP, sindicato que representa a los trabajadores de las plantas y el de mayor peso numérico en el puerto, se había colocado a la cabeza de la lucha para romper el techo salarial pactado entre el gobierno y los empresarios, este año se apuró a firmar un acuerdo salarial que si bien en los papeles figura como 11% ahora, 10% en setiembre más un 4% no remunerativo, en la realidad no llega a ese porcentaje. Lo cierto es que la conducción de Cristina Ledesma hizo poco y nada para sostener su propuesta original de 35% que planteó a principio de año en la mesa intersindical del puerto y en los medios. Entre los trabajadores de las plantas procesadoras de pescado fue intenso el debate sobre como encarar esta paritaria. Los empresarios lograron instalar a nivel general que producto de la crisis no se podía otorgar aumentos salariales similares a los del año anterior y que los trabajadores debían colaborar para evitar el derrumbe de la industria. La conducción del SOIP acompasó esta opinión y terminó apoyando la postura de no hacer demasiada ola para no perder días de trabajo.
Hay condiciones para luchar
En medio de la lucha de los estibadores, también el SOMU (marineros) que nacionalmente dirige el “Caballo” Suárez, firmó un acuerdo del 22%, con las cámaras empresariales y el Ministerio de Trabajo, dejando a fuera de la paritaria al Simape, gremio que agrupa a la mayoría de los marineros-pescadores marplatenses, quien no aceptó este acuerdo. El “gato” Novero, actual secretario general del gremio, era hasta hace unos meses el director provincial de Pesca de la provincia de Buenos Aires y funcionario de Scioli. La interna entre kirchneristas y sciolistas sobrevuela el conflicto. En el medio de esta interna se va colando la decisión de los marineros que están, producto de la política de estas direcciones sindicales traidoras, en una situación salarial desastrosa (en algunos casos cobrando 1.700 pesos por marea) y quieren avanzar. Ante el apriete de la prefectura y la gendarmería fue importante la solidaridad del SUPA y del SAON.
Después de 6 días consecutivos de bloqueo, el subsecretario de seguridad Berni, viajó a Mar del Plata a “dialogar”. Lo hizo trayendo 200 efectivos de la Gendarmería Nacional, que junto con decenas de efectivos de Prefectura con su grupo especial “Albatros” y con la Guardia de Infantería, obligaron a los marineros-pescadores a retirarse de los accesos al Puerto. Pareciera que las soluciones K, este año van a venir de la mano de la represión. También Scioli prometió una “mesa de consenso”, mesas que como todos sabemos, poco resuelven, tanto que la primer mesa el primer ausente fue el mismo gobernador. Los trabajadores permanecen en el Sindicato y en los alrededores del Puerto, y la lucha continúa.
Asimismo, un núcleo de capitanes de pesca, los Capitanes Autoconvocados, exigen a la conducción de su gremio una asamblea, para modificar el acuerdo salarial firmado a espaldas de los trabajadores.
Las paritarias constituyen un round importante en la pelea por quién paga la crisis en curso. El gobierno garantizó hasta el momento que el round se inclinara hacia los empresarios. La paritaria demostró que existe mucho debate entre los compañeros pero que si se empuja hay condiciones para luchar, también dejó planteada la imperiosa necesidad de que crezcan y se fortalezcan las corrientes combativas y clasistas para poder enfrentar lo que se viene.
La crisis europea, particularmente la de España, principal receptora de nuestras exportaciones de merluza, y las amenazas de represalias no importando pescado por haber nacionalizado el 51% de Repsol, más el enfriamiento de la economía brasilera, también agregan leña al fuego, fuego que amenaza convertirse en hoguera.
Es cierto que existe una depresión muy grande de los mercados internacionales, una baja de los precios. En los primeros dos meses de este año la baja de la exportaciones fue de 28.52% con respecto al mismo periodo del año pasado en volumen y algo similar en dólares. Al mismo tiempo las capturas y los desembarques aumentaron un 26%, lo que indica que los grandes frigoríficos están llenando las cámaras esperando nuevas oportunidades. La política de los grandes empresarios es clara: llenar las cámaras, garantizar el tope salarial, comenzar una ola de despidos enorme en los próximos meses y seguir reclamando mejores subsidios al Estado (como en el gas oil) y quita de impuestos a la exportación. Ese modelo y esa política tiene como perjudicados directos a los trabajadores (despidos y menos sueldos). El gobierno es parte de este esquema y lo garantiza.
Los que tienen que pagar son los que amarraron a la actividad pesquera a los vaivenes del mercado internacional y a los intereses de los armadores y empresarios, fundamentalmente españoles, que son junto a los importadores y grandes cadenas de supermercados europeos quienes se quedan con la porción mas importante de la renta pesquera. Tengamos en cuenta que un kilo de merluza que se exporta a 2,8 dólares se vende en Europa a 10 u 11 euros en el peor de los casos. Los trabajadores sólo cobran por ese filete entre 1,5 y 2 pesos. Las empresas integradas (frigorífico-buque congelador), las empresas extranjeras directas que operan en el sur y el gobierno K son los que se beneficiaron todos estos años de crecimiento de precios en dólares y de salarios planchados en pesos, acopiando miles de millones de dólares y provocando un grave problema ambiental en nuestro caladero. A estos grupos el gobierno les otorgó cuotas de pesca a 15 años en el 2009, cumpliéndoles un sueño que venían persiguiendo hace muchos años. Para no pagar la crisis, los trabajadores deben prepararse para la pelea que se viene, fortaleciendo los cuerpos de delegados y asambleas por lugar y haciendo un llamamiento a todos los sectores sindicales, sociales y políticos a constituir un gran reagrupamiento popular para frenar los despidos y terminar con este modelo pesquero de extranjerización y concentración que mira para afuera, e imponer un modelo de pesca que esté orientado al desarrollo de la industria nacional y a satisfacer las necesidades alimenticias de nuestro pueblo.
