El anuncio de la utilización de 20.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses –que administra los fondos de la seguridad social– para un “nuevo” programa de créditos hipotecarios lanzado de apuro por la Presidencia de la Nación, ha vuelto a poner en la agenda política el debate sobre el destino de los fondos de ese organismo. Hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación se vio en la obligación de volver a reclamar por los siempre postergados derechos de los jubilados y pensionados y de intimar nuevamente a la Anses para que informe sobre el pago de las jubilaciones, el destino de los recursos del fondo previsional y la lista de jubilados de privilegio.
El FGS tiene $209.042 millones, según la última información publicada por la Anses a marzo de 2012. La polémica se suscita porque con los fondos de la Anses se solventan la Asignación Universal por Hijo, el Programa Conectar Igualdad (reparto de netbooks), el Plan de Inclusión Jubilatoria (amas de casa), el plan Inversiones Para Proyectos Productivos (créditos a empresas), a lo que se agregará ahora el plan de créditos Procrear, anunciado el martes pasado por la presidenta en la Casa Rosada. Todos programas que deberían tener una asignación específica en el Presupuesto Nacional, para cuyo financiamiento también se recurre a la Anses: desde el 5 de diciembre de 2008 cuando se hizo cargo el Estado, la tenencia de papeles públicos del FGS pasó de $47.674 millones a $123.624 millones en marzo de 2012 (el 59,1% del Fondo, a tasas menores al 10% anual, con lo que eso significa de pérdida con una inflación anual del 20-25%).
Esa distracción de recursos de la Anses no solo deja de lado el reclamo del 82% móvil sino que también se manifiesta en el hecho de que 90.000 pensionados del PAMI se hayan quedado sin cobertura por el no pago a las obras sociales. Para colmo, en el programa de créditos anunciado con plata de la Anses quedan expresamente excluidos los jubilados, al ponerse un tope máximo de edad de 65 años para los postulantes al mismo.
El caso Badaro
Con este nombre se conoce un fallo histórico de la Corte Suprema, que se publicó en agosto de 2006. El máximo tribunal le reconoció al jubilado Adolfo Valentín Badaro una actualización de sus haberes. Al año siguiente, como ni el Ejecutivo ni el Congreso definían los porcentajes, la Corte fijó el ajuste en 88%.
En mayo de 2011, sobre la base del caso Badaro, que fue tomado como un antecedente para las demandas de miles de jubilados, la Corte Suprema pidió a la Anses que informara cuál sería el impacto económico de extender el criterio aplicado en esa causa a todos los que habían iniciado recursos contra el Estado por falta de actualización jubilatoria.
En julio de 2011 el titular de la Anses, Diego Bossio, respondió a la Corte que replicar el caso Badaro a todos aquellos en igual situación demandaría 14.136 millones de pesos anuales, a los cuales habría que sumar 28.000 millones en retroactivos, a ser pagados por única vez. Ese escenario, consideró, implicaría un “riesgo institucional”. Argumento que vuelve a repetir ahora, en junio de 2012, sin aclarar entonces de adónde va a sacar ahora los $20.000 millones para financiar el programa de créditos hipotecarios anunciado por la presidenta (si es que no piensa que todo va a quedar en el anuncio, como en oportunidades anteriores).
