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02 de October de 2010

El coordinador del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados analiza la situación de los mayores y la continuidad de la lucha.

“Peleamos por el 82% de un salario de $ 3.200”

Entrevista a Mariano Sanchez, coordinador nacional del MIJP

Han habido cambios en la política hacia los jubilados y mayores con este gobierno?
–El otro día estuve en una asamblea de los mayores de Esteban Echeverría. En general los compañeros te hablan del alza del costo de la vida, de los problemas, todos salvo uno que decía que estábamos un poco mejor. Un compañero lo resumió así: “yo mido la situación por la cantidad de carritos que hay en la calle, y en este momento los carritos aumentaron”, lo que está diciendo es que hay más hambre, más desocupación. Para los jubilados y mayores no ha habido ningún cambio en la política.
Una parte de los mayores ha logrado jubilarse pagando la moratoria, con lo que cobra una jubilación de entre 200 y 300 pesos, por supuesto están un poco mejor, porque esto es permanente, no está sujeto a los vaivenes de la política, con la lucha pueden conseguir aumentos, y tienen acceso a una obra social.
Desde ese punto de vista se ha mejorado, pero se cobran salarios que están en la línea de indigencia. El mínimo es $ 590, y nosotros con la lucha hemos conseguido subsidios para algunos compañeros que superan lo que cobra por jubilación. Hay que tener en cuenta que un jubilado, sólo por los achaques normales de la edad, gasta cerca de $ 100 en medicamentos al mes. Eso sin tener ninguna enfermedad grave.
Por eso decimos que no ha cambiado nada, esto es lo que reflejan los compañeros. Por eso el tema principal es que tenemos que librar una lucha, junto a los trabajadores ocupados, por un salario equivalente a la canasta familiar, hoy de $ 3.200, y el 82% móvil de ese salario para los jubilados. En ese camino tenemos que hacer efectivo que la jubilación mínima esté en el 82% del salario mínimo, hasta hoy fijado en $ 1.040. Estamos lejos de esta cifra.
Hoy tenemos el índice alternativo de los trabajadores del Indec que marca que la inflación real estuvo el año pasado entre el 23 y el 26%, creo que incluso puede ser más. Porque el tema es el alza del costo de la vida, y que la situación de precariedad de millones sigue existiendo, por lo que es necesario seguir la lucha contra esta política.
El gobierno tiene mucha plata, y hacen muchos negocios para ellos, manteniendo los salarios y las jubilaciones bajas. Con los aumentos que se conquistaron en este período, los jubilados lograron recuperar lo que les había sido quitado con la devaluación, pero de una manera que achatado las escalas salariales. De 700.000 jubilados que cobraban la mínima hace unos años, pasamos ahora a 2.300.000 cobrando esa jubilación. Esto es una pelea importantísima.

–¿Qué opinión tenés del traspaso de las AFJP a la jubilación estatal, que el gobierno limitó a un período de 6 meses?
–Creo en primer lugar que esta opción tendría que estar abierta de forma permanente, y habría que eliminar las AFJP e incautar ese dinero, porque es dinero de los trabajadores. Este traspaso en muchos casos es un engañapichanga, porque cuando un trabajador entra a una fábrica no le preguntan si se quiere afiliar al estado o a una AFJP, sino que lo inscriben en la AFJP con la que tiene negocios esa empresa, más aún en los casos que los jerarcas sindicales tienen negocios en las AFJP. Esto es otra lucha importante.
–¿Cómo se puede caracterizar la situación de la mayoría de los jubilados y mayores?
–Una parte de los jubilados le reconoce a este gobierno los aumentos que ha dado, pero la situación de los jubilados es mala. Entendemos que los jubilados tienen que unirse al conjunto del pueblo para pelear en común y poder cambiar esta situación. Por esto el MIJP acompañó la jornada del 30 de los desocupados de la CCC, y además hay compañeros mayores que todavía tienen planes sociales, que están en la indigna cifra de $ 150. Nosotros entendemos que tendría que estar en $ 500 cualquier plan social.
Mientras haya desocupados, producto de la crisis que provocaron las clases dominantes, y de la situación internacional, el Estado se tiene que hacer cargo de los desocupados, y tiene que haber un subsidio que contemple las necesidades básicas reales del desocupado, y no como hasta ahora, políticas que con la excusa de sacar un peso más buscan disgregar al movimiento de desocupados. Nosotros pensamos que hay que tomar estas opciones, teniendo en claro que lo principal es que el Estado se tiene que hacer cargo de los desocupados mientras no se genere trabajo para todos en la Argentina.
El tema de fondo es que hay que torcerle el brazo a esta política. Cristina tiene una desventaja, que es que la gente normalmente le da dos o tres meses a un nuevo presidente, cosa que con Cristina no ha pasado, porque para la gente es lo mismo, es una continuidad. Eso se ve en la política que están llevando adelante.
Por ejemplo, hablan de lo que hizo Macri en la Capital Federal, pero Grey, secretario de Comunicación de Alicia Kirchner y hoy intendente de Esteban Echeverría también quiere despedir a la mitad de los municipales. Giustozzi, un hombre vinculado a la “izquierda”, intendente de Almirante Brown, despide municipales. El intendente de Lanús, Díaz Pérez, lo mismo. Bruera en la Plata también despide. Porque la teoría es la misma de Alsogaray, bajar los presupuestos sobre la base de la racionalización y el despido de los trabajadores. Esa es la política tanto de Macri, la derecha, como la de Giustozzi y compañía, que en definitiva entiendo que es la misma política que la del gobierno nacional.
Se abre una perspectiva muy buena para el año, sobre la base que en las elecciones presidenciales un tercio de la población votó en blanco, anuló o se abstuvo, lo que reflejó que las brasas del Argentinazo siguen encendidas y con bastante calor. Luego de las elecciones, y de la asunción de Cristina, el escenario fue de luchas crecientes, luchas en la que muchas veces se ha pasado por encima de los jerarcas sindicales cuando tratan de aplacar. Los jubilados tenemos que hacer lo mismo, y pelear que en los centros de jubilados se deje de hacer asistencialismo y turismo solamente, y ponerse a la cabeza de la lucha salarial.

–¿Cómo se arma un centro de jubilados para que tenga reconocimiento?
–No es tan complicado armarlo. A veces lo hacemos complicado nosotros. Con 12 jubilados se puede armar un centro. Ahora tenemos muchos jubilados, y tenemos que armar centros en todo el país. Si bien tenemos varios  reconocidos en la zona sur del Gran Buenos Aires y alguno en la zona norte, debemos  armar en todos los distritos, aunque sea uno. Eso implica conseguir asistencia alimentaria, y otras prestaciones de PAMI, temas sanitarios y otros.
El gobierno ha nombrado un nuevo interventor, y Graciela Ocaña ha pasado al Ministerio de Salud, donde dice que va a lanzar el “plan nacer”. En el PAMI sigue todo igual.

–El MIJP marcha a su plenario anual…
–Nosotros vamos al Plenario de la CCC, y al  del MIJP a fines de marzo, en Córdoba. En el plenario tenemos que discutir la situación de los jubilados y un programa de lucha, tomando como primer punto el tema salarial. La segunda cuestión es la obra social, que es de los jubilados, y tenemos que terminar con la intervención y conseguir que la mayoría de su dirección esté en manos de los jubilados. Esto no es así por supuesto hoy, ni tampoco en ninguno de los proyectos de normalización presentados en el Congreso. Nosotros planteamos una elección directa. Ahí vendrá la pelea por cambiar la correlación de fuerzas. Porque Graciela Ocaña nos dijo alguna vez que “si hacemos una elección gana Barrionuevo”, como argumento para no hacerlas. No estamos de acuerdo con que siga intervenida por el Ejecutivo, que siempre se queda con la plata de los jubilados para usarla para otras cosas. El PAMI es una obra social que tiene superávit, y una obra social no tiene que dar superávit, si lo tiene es porque hay prestaciones que no se cumplen. Lo mismo pasa con el Anses, que tiene superávit y lo usa el gobierno para resolver las deudas del Estado, a costa de que haya menos jubilaciones, menos asignaciones familiares, etc. Es una política que no tiene en cuenta la situación del afiliado sino en función de las “cajas” y las necesidades de ese Estado.