La abogada Mariana Vargas, junto a sus dos abogadas patrocinantes, planteó el jueves 16 de agosto ante el Colegio de Abogados la nulidad de las resoluciones del Consejo Directivo por las que se elevan al Tribunal de Etica dos denuncias, la de Antonio Sanchez, denunciando de abusar a su sobrina desde los 7 hasta los 14 años, y la de Martin Aramayo, quien está acusado penalmente por obligar a una paciente a hacerle sexo oral cuando le sacó los puntos luego de su intervención quirúrgica.
La abogada Mariana Vargas, junto a sus dos abogadas patrocinantes, planteó el jueves 16 de agosto ante el Colegio de Abogados la nulidad de las resoluciones del Consejo Directivo por las que se elevan al Tribunal de Etica dos denuncias, la de Antonio Sanchez, denunciando de abusar a su sobrina desde los 7 hasta los 14 años, y la de Martin Aramayo, quien está acusado penalmente por obligar a una paciente a hacerle sexo oral cuando le sacó los puntos luego de su intervención quirúrgica.
La nulidad de la resolución que eleva al Tribunal de ética la denuncia de Sanchez, reside en que el presidente del Colegio, Mario Mallagray, no se apartó de la deliberación ni de la votación de tal decisión, a pesar de ser abogado de la firma en la que la Casa de las Mujeres Unidas por la Lucha realizó el escrache a Sánchez por trabajar allí; lo que obligó a la empresa a “sacar de circulación” a dicho empleado. Se trata de una voluntad resolutiva viciada de nulidad por parcialidad. En la misma acta del Consejo, Mallagray sí se aparta en la deliberación frente a otro tema por ser parte interesada.
La nulidad de la resolución que eleva al Tribunal de ética la denuncia de Aramayo, reside en que recién al leer el acta del Consejo Directivo, Mariana Vargas se enteró de la existencia de esta nueva denuncia cuyo contenido desconoce. Es decir, se violó el derecho de defensa establecido en el art. 61 del Estatuto del Colegio, citado incluso por Mallagray al correrle traslado de la denuncia de Sánchez. Se trata de una resolución viciada de nulidad por la violación a la garantía constitucional de defensa, a respetarse en todo procedimiento administrativo, más de estas características.
Más allá de desconocer el contenido de la denuncia de Aramayo, llama la atención que el Consejo Directivo del Colegio eleve esta denuncia salteándose el derecho de defensa de la letrada, y que ello sea la contracara de no haber publicado su ponencia presentada en las Jornadas Nacionales de Abogadas realizadas en Jujuy, justamente referida al caso Martin Aramayo. En dicha ponencia titulada: “Un fallo sobre abuso sexual que avergüenza a los jujeños”, Vargas refiere que la sentencia de sobreseimiento que benefició a Aramayo (hoy tramita el recurso de apelación contra dicha sentencia luego de que la querella ganara una Queja) le exige a la victima de abuso sexual la prueba de resistencia física ante el ataque sexual, para tener por existente el mismo, lo que no exige nuestra ley, y lo que ha motivado condenas a países como Bélgica por Tribunales Internacionales Europeos.
La conducción del Colegio de Abogados, con esta acción está lejos de acompañar los procesos de cambio que necesitan las víctimas de abuso sexual en nuestra provincia y en el país. Dando curso a las denuncias de Aramayo y Sanchez transforma a la institución en un instrumento de defensa de los abusadores, olvidándose que el 90% goza de impunidad porque solo el 10% de las victimas se anima a denunciarlos. Y acciones como la que hoy se desnuda como una verdadera persecución ideológica contra Mariana Vargas, ayudará a reducir ese 10% de denuncias.
