Una característica de una inflación lanzada, como la que estamos viviendo en nuestro país, es la tremenda disparidad de precios que se produce, entre los distintos sectores de la economía. Disparidad que se produce a favor de los sectores más concentrados por su poder en la formación de precios de los bienes o servicios, cuya oferta o demanda tienen capacidad de controlar (ver recuadro).
Una característica de una inflación lanzada, como la que estamos viviendo en nuestro país, es la tremenda disparidad de precios que se produce, entre los distintos sectores de la economía. Disparidad que se produce a favor de los sectores más concentrados por su poder en la formación de precios de los bienes o servicios, cuya oferta o demanda tienen capacidad de controlar (ver recuadro).
Así como el gobierno con su política monetaria puede alimentar o racionar el aumento generalizado y desparejo de los precios (la inflación), expandiendo o restringiendo la cantidad de dinero en circulación, con su accionar sobre determinados precios puede hacer que algunos de ellos no suban o suban menos que la inflación. Por ejemplo cuando pone un tope a los aumentos de salarios, de las tarifas, o del precio del dólar. Eso, se dice, opera como un ancla para la inflación, haciendo que los costos de producción no aumenten tanto.
Pero si el gobierno continúa convalidando la inflación con su alta emisión monetaria, para mantener la demanda dice, los precios no controlados aumentan con una rapidez mayor. Con lo que se profundiza el aumento distorsionado de los precios a favor de los sectores concentrados de la economía, que terminan siendo los principales beneficiarios de los menores precios relativos de los ítems controlados, sea de los salarios, de las tarifas o de las monedas extranjeras, en los ejemplos mencionados.
Así, temas como el de la dolarización de la economía no pueden tratarse como una cuestión meramente cultural. Tienen su raíz en la constante desvalorización de peso argentino, por la pérdida de su poder adquisitivo que apareja la inflación. Por lo que las limitaciones al uso del dólar de la manera que lo hace el gobierno de Cristina Fernández, no pueden tener sino un efecto temporal, y en definitiva aumentativo de las distorsiones de precios, ya que no parten de acabar con la inflación a través de una defensa efectiva del valor del peso.
Por supuesto que una política de defensa del valor del peso no puede limitarse sólo al aspecto monetario, sino que tiene que ser integral atacando todos los factores de la inflación, por el lado de la oferta y la demanda y con una política de ingresos y salarios que ponga el centro en la defensa y el desarrollo de la producción nacional y el bienestar del pueblo. Lo que requiere una reforma monetaria que, junto a eliminar la especulación inflacionaria, garantizando el valor del peso, oriente el uso del dinero y de las divisas hacia la mejora de los salarios y las jubilaciones, precios sostén en origen y reintegros a las exportaciones regionales de los pequeños y medianos productores, créditos para las Pymes y los chacareros, etc., así como fondos para la reactivación plena de los ferrocarriles e YPF 100% estatales.
Esto que requiere quitar a los monopolios imperialistas el manejo de las exportaciones, las divisas y el crédito, a través de la nacionalización del comercio exterior, el control de cambios y la nacionalización del crédito, como proponen en PTP y el PCR en sus 10 puntos con medidas de emergencia para que los trabajadores y el pueblo no sigan pagando el ajuste, la inflación y la crisis.
Una experiencia positiva
En la historia argentina ha habido experiencias de freno a la inflación que duraron poco tiempo pues se hicieron con una devaluación, que cargó los costos a la clase obrera y el pueblo y la producción nacional, como el plan Austral con Alfonsín o la convertibilidad con Menem. Pero hubo también una experiencia de freno a la inflación durante el primer gobierno de Perón, a comienzos de su segundo mandato en 1952, que no se hizo a expensas de los intereses del pueblo y la producción nacional. Con una política de ingresos que contempló el mantenimiento de los salarios y jubilaciones en términos reales, garantizando la estabilidad del peso a través del manejo del comercio exterior (con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IAPI), el control de cambios (con cambios diferenciados a favor de las necesidades de importación de la industria nacional), y la nacionalización de los depósitos bancarios (por cuenta y orden del Banco Central, que los garantizaba, y de esa manera distribuía el crédito a favor del pueblo y la producción nacional).
Así se logró bajar la inflación de 38,8%, que fue en 1952, a 4% en 1953. Experiencia que fue cortada en 1955 con el golpe de Estado de la llamada Revolución Libertadora, que liquidó esas conquistas obreras y nacionales, restaurando el poder oligárquico imperialista sobre el Estado argentino, que se mantiene hasta ahora con las formalidades de la democracia burguesa.
