El gobierno panameño que preside Ricardo Martinelli impulsó a mediados de octubre la aprobación de una ley que permite la venta de tierras públicas en la Zona Libre de Colón, aledaña al Canal de Panamá.
La medida desató la ira popular. Los gremios paralizaron el comercio, las clases en todos los niveles y el transporte, y hubo tres muertos en enfrentamientos con las fuerzas represivas. Además, hay decenas de heridos y detenidos, mientras el gobierno trató de maniobrar con una derogación parcial de la “Ley 72”, como se conoce la iniciativa privatizadora, lo que fue rechazado por los gremios y las organizaciones sociales, que lograron su derogación completa.
Las protestas se extendieron a todo el país, y se produjeron enfrentamientos de trabajadores, estudiantes secundarios y universitarios con la policía en la capital del país, con varios detenidos.
Detrás de la privatización de la Zona Libre de Colón, la mayor del mundo después de Hong Kong, y en la que hay radicadas cerca de 3.000 empresas, hay un gran negociado inmobiliario. La Zona Libre generó transacciones por 29 mil millones de dólares en 2011, un crecimiento de 34 por ciento respecto al año precedente. La ley entrega la Zona Franca, a las grandes empresas, quitándole a miles de pequeños vendedores informales su medio de vida.
La lucha del pueblo panameño viene creciendo, y este año ya ha derrotado proyectos del gobierno para vender las acciones estatales en compañías de electricidad y telefonía, la incorporación de jueces adictos, y un proyecto favorable a la megaminería imperialista.
