Inconsistencias del “relato”

El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía, Axel Kicillof, anunciaron de apuro el viernes pasado aumentos en las tarifas de gas y luz “para financiar la conformación de un fondo de desarrollo energético”. Serán montos fijos que van de 4 hasta 300 pesos y que se aplicarán cada dos meses a partir del 1 de noviembre pasado.

El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía, Axel Kicillof, anunciaron de apuro el viernes pasado aumentos en las tarifas de gas y luz “para financiar la conformación de un fondo de desarrollo energético”. Serán montos fijos que van de 4 hasta 300 pesos y que se aplicarán cada dos meses a partir del 1 de noviembre pasado.
Pero no lo anunciaron como aumento –para lo que tendrían que haber convocado con tiempo a una audiencia pública– sino como un “cargo fijo”. Lo que es peor aún, pues en tal caso se trata de un impuesto que, como todo impuesto, requiere la aprobación previa del Congreso de la Nación.
El ministro De Vido trató de justificar la desprolijidad del aumento, diciendo que eso significará para la mayoría de los hogares “apenas” de 4 a 10 pesos más por bimestre en la electricidad y de 4 a 20 pesos más en el gas. Aunque, a la vez, alardeó: “Vamos a generar un fondo lo suficientemente grande como para sostener, no sólo el mantenimiento de las redes y de las cosas como están (¿?), sino abastecer el crecimiento de la economía”.
Por su parte, y sin sonrojarse, el secretario Kicillof, defendiendo el impuesto al salario, argumentó: “Cuando se habla de los impuestos que paga el trabajador, también hablemos de los beneficios que percibe cuando paga los impuestos. Una familia en el área metropolitana (AMBA) paga tarifas de luz y gas equivalentes al 0,5% de su salario, mientras que en Córdoba el porcentaje sube a 4%”. Entonces, o no deberían cobrarle Ganancias a los trabajadores de Córdoba y de las otras provincias que pagan más cara la luz y el gas, o devolverle esa plata a las provincias para que los trabajadores reciban también allí el subsidio en las tarifas.