La decisión del gobernador de Córdoba de imponer un adicional al precio de los combustibles ha motivado un cruce de imputaciones con el gobierno nacional respecto a los recursos de coparticipación y la legitimidad de la medida. Con caradura típica de la soberbia kirchnerista los funcionarios del área económica dicen que “afecta al bolsillo de los cordobeses porque se traslada indefectiblemente y generalizado y directamente a los precios”, cuando la inflación nacional desde hace por los menos cinco años supera anualmente el 25% y el gobierno no hace nada para pararla.
El gobierno a través del ministro de Economía, Hernán Lorenzino y de su vice Axel Kicillof, salieron al cruce de la ley de De la Sota y solicitan a la Justicia que declare inconstitucional la ley cordobesa nº 10.081. En la argumentación oficial Kicillof agrega: “la incapacidad recaudatoria se quiere solucionar cargando impuestos sobre los que menos tienen. Así no se soluciona el problema, se crea uno nuevo y de mala manera” y que “el gobierno nacional gira cada vez más fondos, un 50 % más en términos de Producto Bruto Interno (PBI) de la década de los 90 y además lo hace con transferencia de capital”. Un santiagueño diría “mentirosito me lo ha salido el chico”.
Para honrar la objetividad se puede consultar las cifras de las cuentas nacionales oficiales y demostrar que en estos momentos a valores constantes se gira muchísimo menos que en la época menemista. Tomemos por ejemplo el año 1997 en comparación con el año 2011. En 1997 el Producto Bruto Interno (PBI) fue de $277 mil millones, momento en el que un peso equivalía a un dólar y la coparticipación neta girada a las provincias sumó $20 mil millones (dólares), es decir un 28% del PBI. Es necesario tener en cuenta que cuando el peso ya no equivalía a un dólar el Indec siguió tomando como base de cálculo de la evolución de precios los registrados en el año 1993. En el año 2011 el PBI a precios de 1993 fue de $474 mil millones y lo girado neto a precios corrientes fue de $153 mil millones. Si tenemos en cuenta que la inflación real acumulada del periodo 2002-2011 medida por el Índice de Precios al Consumidor, según varias fuentes, que por supuesto en Indec no reconoce, fue de mínima de un 180 %, entonces a valores constantes la cifra de coparticipación de $153 mil millones se reduce a $55 mil millones. Es decir que en el año 2011 la relación entre la coparticipación girada a las provincias y el PBI, a valores constantes, representa un 11,6%. Conclusión, el gobierno de los K gira a las provincias menos de la mitad de lo que se giraba en la época de la convertibilidad, es decir son más unitarios y centralistas que el aborrecido menemismo “neoliberal”, ¿en donde aprendió a hacer las cuentas el multifacético Dr. Kicillof?, oficialmente denominado “marxista-keynesiano”.
La situación de las provincias
Ahora veamos la situación general de las provincias. El tema de la coparticipación federal de impuestos y la situación de las finanzas provinciales vuelve a ser importante porque llegando a fin de año el promedio de remesas giradas por el Tesoro Nacional está por debajo de las previsiones presupuestarias que hicieron la totalidad de las provincias, con gastos superiores al 35% respecto del año 2011, tal aumento obedecía al hecho de que en el año 2011 las transferencias a las provincias, sumado el llamado Fondo Solidario que incluye la coparticipación del 30% de los recursos provenientes de la exportación del “complejo sojero”, logrado tras la Rebelión Agraria del año 2008, habían crecido un 31,95% respecto al año 2010. Hasta noviembre de 2012 el promedio había caído al 30,30% y falta ver lo que pasará en diciembre. Ante esta situación el ajuste del gasto en las provincias se hizo en relación a los salarios de los empleados públicos, cuyos aumentos están por debajo de la inflación real, se disminuyó la obra pública financiada con recursos provinciales y se postergó el pago a proveedores. En síntesis volvió la crisis fiscal a las provincias. A esto se suma que la obra pública con fondos nacionales está semiparalizada.
En esta situación el gobierno nacional le tira la pelota a las provincias con el argumento de que recaudan poco con tributos pro- vinciales, cosa que en general es cierto en parte por las escasas atribuciones fiscales que les quedan desde 1935. Algunos como Scioli o Uribarri aprobaron un impuestazo inmobiliario en donde golpearon a pequeños y medianos productores. El gobernador de Córdoba impuso una tasa adicional provincial a los combustibles por litro. Las naftas y gasoil premium pagaran 40 centavos, la nafta súper 30 centavos. Y el gasoil común 20 centavos. Hay que tener en cuenta que el gobierno nacional permitió que los combustibles en lo que va del año 2012 aumentaran en promedio un 40%.
Para el caso de Córdoba la pregunta es la siguiente: ¿Por qué no se grava con más impuesto inmobiliario a los grandes terratenientes? El Censo Agropecuario del año 2002 registró en la provincia 25.620 explotaciones agropecuarias que cubrían 12,2 millones de hectáreas de tierra. Sobre este total 707 propietarios poseían 3,7 millones de hectáreas, es decir que el 0,27% de los propietarios eran dueños del 30% de las tierras cordobesas.
Ante el déficit fiscal de las provincias lo más justo en materia de política tributaria es que paguen más impuestos quienes, como dijo la presidenta levantan ganancias “con pala”, y que se vuelva a los porcentajes de distribución de la coparticipación de la Ley 23.548 de 1988, que establecía que las provincias recibían el 56% y la Nación el 44% de los impuestos coparticipables. Hoy la Nación se queda con el 72% y las provincias reciben el 28%. Las propuestas de política tributaria desde el punto de vista popular y federal fueron parte del programa que se levantó en el paro del 20 de noviembre.
