El kirchnerismo es parte del problema
Entre 2012 y lo que va de 2013 se produjeron 210 asesinatos, la mayoría de ellos vinculados a enfrentamientos entre bandas narcos. En este período también perdieron la vida cuatro militantes sociales.
El kirchnerismo es parte del problema
Entre 2012 y lo que va de 2013 se produjeron 210 asesinatos, la mayoría de ellos vinculados a enfrentamientos entre bandas narcos. En este período también perdieron la vida cuatro militantes sociales.
En relación a este tema, durante el último mes se ha observado una ofensiva del gobierno nacional contra el gobierno provincial a través de tapas del diario La Capital y Página 12, de canales como C5N, y otros multimedios K. Cuando se refieren al problema, los referentes kirchneristas acotan el tema de la inseguridad a la provincia y han llegado a hablar de “narcosocialismo”. La situación de Santa Fe no difiere sustancialmente de lo que pasa en el resto de Argentina. En provincia de Buenos Aires cuatro de cada diez muertes son por ajustes de cuentas.
La reciente movilización provincial, impulsada por un sector del kirchnerismo (Rossi, Pérsico, “Chino” Navarro, La Cámpora), se trató sólo de una “puesta en escena” hambrienta de votos tratando de ocultar que el kirchnerismo es una parte esencial del problema del narcotráfico y la inseguridad.
Según Alejandro Corda, investigador de la UBA y de la ONG Intercambios, los delitos vinculados al tráfico de drogas se duplicaron entre 1999 y 2008 y según la mayoría de los especialistas se triplicaron al presente (período en el cual gobernó el kirchnerismo).
Mientras aumenta el delito y el consumo, representantes de los grandes cárteles se instalaron en el norte argentino y en provincias como Santa Fe y especialmente Buenos Aires. Para esto contaron con la complicidad del Estado nacional. Argentina dejó destruir su sistema de radares y al presente no lo ha reemplazado por lo que la frontera norte se transformó en un colador con cientos de pasos ilegales especialmente hacia Bolivia y Paraguay. Solo en el Chaco, Capitanich, el gobernador modelo del kirchnerismo, está sospechado de hacer la vista gorda frente a las 150 pistas aéreas clandestinas.
A la vez ¿quién tiene la posibilidad de garantizar la impunidad en hechos vinculados al narcotráfico como el escándalo de Southern Winds o el triple crimen de General Rodríguez? o ¿quién puede frenar la investigación sobre el origen de la plata usada en la campaña presidencial de CFK de 2007, en parte para muchos proveniente de la efedrina?
Para el kirchnerismo, por distintos intereses, estos datos no cuentan. ¿Acaso no son socios de Cristóbal López en el negocio del juego que es el lugar donde más claramente se lava el dinero proveniente del narcotráfico? ¿Acaso Hinchadas Unidas Argentinas no es una agrupación de barrabravas organizada desde el gobierno nacional con banderas de apoyo a los K y con participación en campañas electorales? ¿Acaso estas bandas no son parte de la represión tercerizada de la protesta social como sucedió con el asesinado de Mariano Ferreyra?
Está claro que el narcotráfico y el delito aumentan en los lugares donde la marginalidad, la exclusión y sobre todo la inequidad avanzan. El plan Argentina Trabaja que permite trabajo para realizar cloacas, bacheo, etc., no llega a Santa Fe por la discriminación del gobierno nacional, como tampoco hay un solo programa del Ministerio de Salud de la Nación para abordar los problemas de consumo. Ni siquiera tiene presupuesto la nueva Ley de Salud Mental.
El modelo económico vigente que favorece a los grupos concentrados, sumado a la inflación, la desocupación y la ausencia estatal, han llevado a la marginalidad y a la descomposición social a vastos sectores juveniles en los que se han desarrollado las bandas narcos. Bandas de pibes que prestan “servicio” como soldados de las cocinas que en muchos casos pagan mejor que los bajos salarios y las precarias condiciones de trabajo que se ofrecen en el mercado laboral.
El drama social de una parte de la población no se resolvió en estos 10 años y aparece con crudeza con nuevos emergentes. La crisis económica actual va profundizando este rumbo.
La responsabilidad del gobierno provincial.
El socialismo y el Frente Cívico y social gobiernan la ciudad de Rosario desde hace más de veinte años y la provincia hace cinco. No pueden desentenderse del problema.
El modelo agroexportador y sojero, se extiende en nuestra provincia. Y ese modelo es consustancial con el mantenimiento de la pobreza y la exclusión en vastos sectores de la ciudad, de la capital Santa Fe y de toda la provincia.
Las políticas sociales provinciales no apuntan a revertir la pobreza y la inequidad y hay un corrimiento en salud y educación.
Sin enfrentar decididamente al gobierno nacional, movilizando a todo el pueblo en la exigencia por los fondos federales de coparticipación y sin imponer impuestos a los que se llevan cada vez más las inmensas riquezas que produce nuestra provincia, es imposible tener planes de vivienda, de salud, de educación, que reviertan el caldo de cultivo inmenso que utilizan las bandas mafiosas y el narcotráfico, arrojando a sus garras a miles de jóvenes que sin trabajo, sin estudio y sin futuro se convierten en carne de cañón de esas bandas.
Y ahora salta a la vista que en todos estos años, no se han tomado medidas que impidan o al menos dificulten, que el aparato policial de la provincia deje de estar absolutamente infiltrado por el delito y el narcotráfico. El gobierno provincial termina tolerando por acción u omisión, un negocio que beneficia a los grandes traficantes, mientras miles de jóvenes son arrastrados al consumo y la violencia.
Cuando la realidad estalló, se trata de minimizar el tema, tomando algunas medidas superficiales. Y en la desesperación, asoman expresiones como la del ex gobernador Binner “que el joven que quiera, se drogue” o sugerencias de que es posible enfrentar este flagelo “liberalizando” la producción y el comercio de drogas supuestamente “blandas” como la marihuana.
El pueblo debe tomar en sus manos el problema
El problema es grave. Dejar en manos del kirchnerismo o el socialismo la solución sería un error. Ambas fuerzas plantean fortalecer el aparato de seguridad (un FBI argentino para los socialistas y un Plan de Seguridad para el PJ) formando “tropas de elite” al estilo Brasil para militarizar los barrios. Con esto sólo se lograría extender la capacidad operativa de un “ejército” que hasta el presente ha actuado de manera conjunta en los negocios narcos.
Desde el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) creemos que debemos empujar la movilización popular, tratando de reagrupar en un frente único a todos los que piensen que es posible enfrentar la inseguridad y el consumo y comercio de drogas, con el siguiente programa:
1) Una nueva Ley de Coparticipación que le dé a las provincias lo que les corresponda. Basta de gobernadores mendigando ante el gobierno nacional. Nacionalización del plan Argentina Trabaja.
2) Una reforma tributaria provincial que grave con Ingresos Brutos del 5% a los exportadores, impuestos a las grandes industrias multinacionales, a los terratenientes, a las transacciones financieras, el juego y los grandes negocios inmobiliarios.
3) Planes de vivienda, de trabajo y ayudas sociales para terminar con la exclusión y la miseria. Aumento de salarios acordes a la canasta familiar. Aumento de emergencia a $500 para la asignación por hijo.
4) Planes integrales de abordaje de problemas de consumo. Campañas masivas de prevención del consumo de drogas y centros públicos de atención particularmente para los jóvenes que consumen. Con participación activa de las organizaciones de la comunidad.
5) Aumento de presupuesto para salud, vivienda y educación, que garantice infraestructura y salarios dignos para los trabajadores. Y para implementar la Ley de Salud Mental.
6) Prohibir la instalación de casinos y otros lugares de juego. Control y aumento de los impuestos a los ya instalados. Que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) investigue la ruta del dinero de la compra de autos de alta gama, emprendimientos inmobiliarios y campos.
7) Blanqueo de los fondos para las campañas electorales nacionales y provinciales. Aplicación de la Ley del Deporte que prohíba a los barrabravas, la entrada a los estadios de fútbol.
8) Cárcel para los asesinos y cómplices políticos y policiales de Jere, Mono y Paton, y de Mercedes Delgado. Esclarecimiento del ataque a los pibes del Movimiento Evita.
9) Investigación y enjuiciamiento para los jefes policiales vinculados al narcotráfico. Depuración del poder policial y judicial corrupto. n
