Las licitaciones para entregar los contratos de comercialización son una cortina de humo para ocultar que la mayoría de contratos son entregados a dedo a las empresas chinas.
La política petrolera ejecutada por el gobierno correísta no responde a los intereses del Estado ecuatoriano, sino a los de varias empresas intermediarias que bajo el paraguas de las compañías estatales de países de la región usufructúan de nuestro petróleo.
Las licitaciones para entregar los contratos de comercialización son una cortina de humo para ocultar que la mayoría de contratos son entregados a dedo a las empresas chinas.
La política petrolera ejecutada por el gobierno correísta no responde a los intereses del Estado ecuatoriano, sino a los de varias empresas intermediarias que bajo el paraguas de las compañías estatales de países de la región usufructúan de nuestro petróleo.
En varias ocasiones se ha señalado que las alianzas estratégicas del Estado ecuatoriano buscaban eliminar los intermediarios, vender el crudo a los consumidores finales y recibir derivados del petróleo directamente de sus productores, para ello se eliminaba un paso importante que era la licitación. Este mecanismo ahora se ha convertido en el camino para que empresas que incluso no pueden contratar con el Estado, por ser morosas o incumplidas, ahora se enriquezcan cobijadas por las empresas estatales de países como China, Venezuela.
Uno de los principales negociadores es China y no es un secreto que el gobierno ha hipotecado nuestro futuro con este país; nadie sabe a ciencia cierta el total de los créditos que se le ha requerido a cambio de petróleo. Según Fernando Villavicencio, solo la última línea de crédito asciende a 2.000 millones de dólares, comprometiendo 36.000 barriles de crudo. Un dato importante que es necesario mencionar es el que 100 por ciento del saldo exportable de petróleo ecuatoriano en el 2012 fue entregado a las compañías chinas, claro está, sin licitación.
En la actualidad el total del crudo nacional es vendido a China Petroleum, que a su vez revende el hidrocarburo en otros mercados. Se conoce que gracias a estos negocios nuevos ricos han aparecido y se han situado en el exclusivo sector de Samborondón.
Las denuncias hechas hace varios años son de tal magnitud que, al no poder ocultarlas, la Contraloría ha emitido un informe sobre la negociación de combustible, específicamente sobre el contrato para la adquisición de 240.000 barriles de diesel premium, proceso en el que las irregularidades son evidentes al punto que se demuestra que los concursos de licitación son una farsa, ya que en este caso se advierte que el primer buque con el cargamento de diesel salió dos días antes de que se haga la licitación en Ecuador, pero como era de esperarse el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, nada ha hecho y los responsables aún están en sus cargos.
Frente a las reiteradas denuncias sobre la entrega de contratos de comercialización a dedo y sobre las irregulares de los pocos procesos de licitación que se convocan, el gobierno en estos últimos días ha hecho un simulacro de concurso quedando como ganadora Repsol, con un diferencial sobre los ocho dólares. Con ello se pretende ocultar que la mayoría de contratos de comercialización están en manos de las compañías chinas.
Estas son las denuncias que el ministro Pastor y el gobierno no pudieron aclarar a los ecuatorianos en la cadena nacional. Nada dijeron sobre los resultados de los informes de Contraloría y de los que tiempo a tras la Comisión Especial conformada para investigar las denuncias de corrupción emitieron. Como siempre el gobierno salió a defender a su ministro, sin mayores argumentos; y haciendo gala de su prepotencia, pretendió deslegitimar desacreditar al denunciante, pero lo único que logró es demostrar que la mentada meritocracia de sus ministros se sustenta en títulos impugnables.
La política petrolera del gobierno es cuestionable por su fondo y por su forma, quien la dirige debe irse, por decir lo menos, a su casa ya que es responsable del delito de falsedad ideológica, por suscribir documentos oficiales ostentando un título que no le corresponde. Así quedó claro en cadena gubernamental en la que no tuvieron más remedio que aceptar que el ministro Pastor no cuenta con título académico de tercer nivel y nadie se explica cómo sin cumplir este requisito pudo acceder a las maestrías que hoy ostenta.
