En su edición del jueves 24/10, el diario nortemericano The New York Times (NYT), publicó textualmente “Funcionarios petroleros argentinos dijeron que el acuerdo Chevron-YPF protegerá a la empresa estadounidense por pérdidas ligadas a un cambio en los vientos políticos. Después de que la compañía invierta 1.200 millones de dólares, 18 meses más tarde se puede retirar de las operaciones sin penalidad y continuar recibiendo ganancias netas del 50 por ciento de la producción a perpetuidad sobre los pozos iniciales”.
Esta revelación del NYT de la “cláusula secreta” causó gran revuelo en el ámbito nacional e internacional, por lo que voceros de YPF tuvieron que salir a explicar y la propia empresa a emitir un comunicado oficial, “denunciando” que se trataba de “una operación mediática y orquestada con la intención de perjudicar a YPF y al acuerdo con Chevron”. Pero la aclaración ratifica lo señalado en la nota, lo único erróneo sería que no es “a perpetuidad”, sino ¡a 35 años!: “si Chevron se retira, podrá cobrar regalías de los pozos iniciales pero sólo hasta que finalice la concesión del área Loma Campaña”, que es en noviembre de 2048.
Como es conocido, el acuerdo contempla la inversión de 1.240 millones de dólares en una primera etapa (Chevron depositó los primeros 300 millones de dólares, luego de que la Legislatura neuquina aprobara el convenio), que se extendería por aproximadamente un año y medio. Al cabo de ese período, Chevron podría optar por continuar en el proyecto y encarar su desarrollo masivo, o abandonarlo. Si elige la última opción, de acuerdo a lo dicho anteriormente por Galuccio –a lo que remite el comunicado–, el monopolio norteamericano “sólo tendrá derecho al 50% de la producción de los pozos perforados en la primera etapa”.
El comunicado de prensa de YPF fue acompañado de una diapositiva que, señalando que es “un mito” que la ley aplicable en caso de controversia sea la de Francia, aclara que es la ley de Nueva York, y que el arbitraje es en la CCI [Cámara de Comercio Internacional] con sede en París. Es decir confirma que ni la ley ni los tribunales serán argentinos.
Recordemos que este acuerdo fue firmado el martes 16 de julio, y aprobado por la presidenta Cristina Fernández esa misma noche. El encuentro se realizó en el despacho presidencial, y además de Miguel Galuccio estuvieron presentes el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el viceministro de Economía, Axel Kicillof; el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag; John Watson, presidente de la Corporación Chevron, y Alí Moshiri, CEO de la Chevron para América Latina y África, con quien Galuccio realizó el acuerdo.
El acuerdo firmado para producir conjuntamente petróleo y gas no convencional se desarrollará sobre un área total de 395 kilómetros cuadrados. Los trabajos serán para poner en práctica un primer piloto el desarrollo masivo de no convencionales de este campo en la provincia de Neuquén.
La petrolera argentina aportará la concesión del área y ambas firmas –que habían firmado un memorando de entendimiento el pasado 14 de septiembre pasado– compartirán costos de exploración, explotación y los recursos tecnológicos y humanos.
YPF ya firmó un memorando con los hermanos Bulgheroni y el monopolio imperialista chino Cnooc, a través de Bridas, y gestiona acuerdos semejantes con otros monopolios imperialistas. Estos entendimientos “son uno de los ejes del plan de inversiones que la compañía necesitará para cumplir con sus ambiciosas metas planteadas hasta el 2017, que representarán una inversión de 37.200 millones de dólares”.
Recordemos además que para implementar el acuerdo con Chevron –y para esos otros acuerdos–, el gobierno de Cristina cambió la legislación sin recurrir al Congreso, con un decreto que amplía las concesiones por diez años más (en la ley son 25 años, y para estas concesiones se establece 35 años) y además permite a estas empresas “asociadas” exportar hasta un 20% de la producción sin retenciones y garantiza la libre disponibilidad de los fondos en dólares que esas operaciones generen. De ahí que Chevron se “cubra” frente a posibles cambios políticos futuros.
La cuestionable legalidad del decreto explica que además YPF –en nombre del Estado argentino, su socio mayoritario– haya tenido que firmar la “cláusula secreta” a favor de Chevron, que reveló el NYT, aparte de someterse a la ley de Nueva York y al tribunal de la CCI, con sede en Francia.
En su edición del jueves 24/10, el diario nortemericano The New York Times (NYT), publicó textualmente “Funcionarios petroleros argentinos dijeron que el acuerdo Chevron-YPF protegerá a la empresa estadounidense por pérdidas ligadas a un cambio en los vientos políticos. Después de que la compañía invierta 1.200 millones de dólares, 18 meses más tarde se puede retirar de las operaciones sin penalidad y continuar recibiendo ganancias netas del 50 por ciento de la producción a perpetuidad sobre los pozos iniciales”.
Esta revelación del NYT de la “cláusula secreta” causó gran revuelo en el ámbito nacional e internacional, por lo que voceros de YPF tuvieron que salir a explicar y la propia empresa a emitir un comunicado oficial, “denunciando” que se trataba de “una operación mediática y orquestada con la intención de perjudicar a YPF y al acuerdo con Chevron”. Pero la aclaración ratifica lo señalado en la nota, lo único erróneo sería que no es “a perpetuidad”, sino ¡a 35 años!: “si Chevron se retira, podrá cobrar regalías de los pozos iniciales pero sólo hasta que finalice la concesión del área Loma Campaña”, que es en noviembre de 2048.
Como es conocido, el acuerdo contempla la inversión de 1.240 millones de dólares en una primera etapa (Chevron depositó los primeros 300 millones de dólares, luego de que la Legislatura neuquina aprobara el convenio), que se extendería por aproximadamente un año y medio. Al cabo de ese período, Chevron podría optar por continuar en el proyecto y encarar su desarrollo masivo, o abandonarlo. Si elige la última opción, de acuerdo a lo dicho anteriormente por Galuccio –a lo que remite el comunicado–, el monopolio norteamericano “sólo tendrá derecho al 50% de la producción de los pozos perforados en la primera etapa”.
El comunicado de prensa de YPF fue acompañado de una diapositiva que, señalando que es “un mito” que la ley aplicable en caso de controversia sea la de Francia, aclara que es la ley de Nueva York, y que el arbitraje es en la CCI [Cámara de Comercio Internacional] con sede en París. Es decir confirma que ni la ley ni los tribunales serán argentinos.
Recordemos que este acuerdo fue firmado el martes 16 de julio, y aprobado por la presidenta Cristina Fernández esa misma noche. El encuentro se realizó en el despacho presidencial, y además de Miguel Galuccio estuvieron presentes el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el viceministro de Economía, Axel Kicillof; el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag; John Watson, presidente de la Corporación Chevron, y Alí Moshiri, CEO de la Chevron para América Latina y África, con quien Galuccio realizó el acuerdo.
El acuerdo firmado para producir conjuntamente petróleo y gas no convencional se desarrollará sobre un área total de 395 kilómetros cuadrados. Los trabajos serán para poner en práctica un primer piloto el desarrollo masivo de no convencionales de este campo en la provincia de Neuquén.
La petrolera argentina aportará la concesión del área y ambas firmas –que habían firmado un memorando de entendimiento el pasado 14 de septiembre pasado– compartirán costos de exploración, explotación y los recursos tecnológicos y humanos.
YPF ya firmó un memorando con los hermanos Bulgheroni y el monopolio imperialista chino Cnooc, a través de Bridas, y gestiona acuerdos semejantes con otros monopolios imperialistas. Estos entendimientos “son uno de los ejes del plan de inversiones que la compañía necesitará para cumplir con sus ambiciosas metas planteadas hasta el 2017, que representarán una inversión de 37.200 millones de dólares”.
Recordemos además que para implementar el acuerdo con Chevron –y para esos otros acuerdos–, el gobierno de Cristina cambió la legislación sin recurrir al Congreso, con un decreto que amplía las concesiones por diez años más (en la ley son 25 años, y para estas concesiones se establece 35 años) y además permite a estas empresas “asociadas” exportar hasta un 20% de la producción sin retenciones y garantiza la libre disponibilidad de los fondos en dólares que esas operaciones generen. De ahí que Chevron se “cubra” frente a posibles cambios políticos futuros.
La cuestionable legalidad del decreto explica que además YPF –en nombre del Estado argentino, su socio mayoritario– haya tenido que firmar la “cláusula secreta” a favor de Chevron, que reveló el NYT, aparte de someterse a la ley de Nueva York y al tribunal de la CCI, con sede en Francia.
