Afirmó Cristina Fernández: “…debemos pedirle… a nuestra Justicia que defienda a sus ciudadanos y a las instituciones democráticas. Nosotros como gobierno tenemos procesado al secretario de Seguridad por detener a gente que cortaba la General Paz; bueno, mientras las cosas sigan funcionando así en la Justicia vamos a tener cada vez más problemas”.
Afirmó Cristina Fernández: “…debemos pedirle… a nuestra Justicia que defienda a sus ciudadanos y a las instituciones democráticas. Nosotros como gobierno tenemos procesado al secretario de Seguridad por detener a gente que cortaba la General Paz; bueno, mientras las cosas sigan funcionando así en la Justicia vamos a tener cada vez más problemas”.
Más allá del furcio –desconocemos si intencional o no- de confundir la Panamericana con la General Paz, la presidenta se refería a la detención de 68 personas, entre ellos 9 menores, en agosto de 2012, al término de una protesta por discriminación en el aumento del salario de planes sociales a compañeros de la CCC y Barrios de Pie de Malvinas Argentinas.
Lo que Cristina Fernández oculta es que Berni está procesado por haber dispuesto la detención de los compañeros sin orden judicial, con el agravante de alojarlos durante cerca de 20 horas en la Unidad Militar de Campo de Mayo.
Por si la presidenta se olvidó, justamente en un acto por los 30 años de la asunción de Alfonsín en 1983, recordamos que ésta es la primera vez que se usa una unidad militar como lugar de detención desde 1983, con el agravante que el destacamento de Gendarmería de Campo de Mayo -donde estuvieron privados de su libertad los 68 compañeros- fue parte del Centro Clandestino de Detención que funcionó allí. Por esto al secretario de Seguridad se lo está investigando por violaciones a los derechos humanos.
Berni había sido sobreseído en primera instancia, y la Cámara de Apelaciones de San Martín revocó ese sobreseimiento, lo que constituye un límite a la profundización de la represión que lleva adelante el gobierno nacional. De ahí el enojo de la presidenta, que quiere tener las manos libres para seguir adelante con su política de criminalizar la protesta social.
