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18 de December de 2013

El viernes 13 de diciembre se leyó la sentencia de la mega causa Jefatura II-Arsenales Miguel de Azcuenaga, siendo este último el centro clandestino más grande del norte argentino; como lo afirmó la abogada Laura Figueroa, el Auschwitz tucumano.

Mega causa Jefatura II Arsenales

Tucumán: Sentencia que mansilla la memoria de los compañeros

En esta Mega causa se juzgaban a 41 imputados, además de policías y militares se encontraban civiles pertenecientes al CNU (Corriente Nacionalista Universitaria) y a servicios de inteligencia, el cura Mijalchik. Es la primera vez que se juzga a un miembro de la Iglesia, institución cuya cúpula colaboró activamente con la dictadura más sangrienta que tuvo nuestra historia.

En esta Mega causa se juzgaban a 41 imputados, además de policías y militares se encontraban civiles pertenecientes al CNU (Corriente Nacionalista Universitaria) y a servicios de inteligencia, el cura Mijalchik. Es la primera vez que se juzga a un miembro de la Iglesia, institución cuya cúpula colaboró activamente con la dictadura más sangrienta que tuvo nuestra historia.
Con 215 víctimas entre las cuales estaban nuestros queridos compañeros Ana Sosa y Ángel Manfredi, ambos miembros de la dirección del Partido Comunista Revolucionario.
Durante trece meses declararon más de 400 testigos y víctimas sobrevivientes, algunos presenciales y otros incorporados por lectura. En las audiencias pudimos escuchar las atrocidades a las que fueron sometidas las víctimas dando cuenta del horror: violaciones, abortos provocados por torturas, desnudez forzada, picana en los genitales, y tantas otras situaciones aberrantes.
Quedó claro que estos delitos no fueron hechos aislados, se pudo comprobar que hubo genocidio, como parte de un proyecto político económico que venía a instalarse en nuestro país a partir del golpe de 1976.
Este juicio contribuyó a la comprensión de la dimensión de este genocidio: familias enteras desaparecidas, mujeres embarazadas, campesinos y principalmente obreros y estudiantes.
Además como lo señaló Diego Reynaga, hijo de Ana Sosa: “El juicio como legalidad permite reposicionar socialmente el lugar de la víctima. Una de las consecuencias más crueles y despiadadas, a nivel subjetivo-social, que instaló la dictadura militar, primero en forma brutal y luego mediante acciones sutiles de dominación, es haber alterado los lugares desde los cuales se construyen y enuncian las historias. Víctimas del terrorismo de estado devenidas en culpables. Asesinos y represores transformados en defensores de la patria.” Lo que pudo constarse en el testimonio de una de las víctimas cuando expresó que solo había podido vivir hasta ahora para poder ver este momento.
Sin embargo la sentencia frustró el desenlace de condenas acordes a las calamidades realizadas en el marco de delitos de lesa humanidad, en la absolución a cuatro imputados, entre ellos al cura, y con mínimas condenas de 2 a 18 años y sólo cuatro perpetuas, donde fueron beneficiados especialmente militares y gendarmes; cuando el pedido de la Fiscalía era de 33 condenas a prisión perpetua, y las demás desde 12 a 25 años, salvo una por 4 años y que a todos se los declare infames traidores a la patria y se les de baja deshonrosa de sus respectivas fuerzas.
El fallo salió por mayoría de los jueces Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas, con honrosa disidencia de Juan Carlos Reynaga causando la inmediata reacción de bronca y dolor de las víctimas, familiares y compañeros que provocó incidentes tanto dentro como fuera de la sala.
Cabe preguntarnos entonces el porqué de este fallo de los jueces de la mayoría, de conocida e histórica pertenencia al peronismo de la provincia. ¿Qué teléfono contestaron? ¿Es la expresión de la interna peronista o de la disputa de los distintos sectores dominantes que pugnan por la hegemonía del poder?
¿Beneficia al gobierno K para una mejor relación con las fuerzas armadas y gendarmería en momentos en que se aplica una política de ajuste y para descomprimir la relación con la Iglesia, que les señaló la ausencia del Estado en la lucha contra el narcotráfico? ¿O es sólo la actitud cómplice y cobarde de estos jueces?
Después de una espera de 37 años las víctimas no encontraron justicia. Dijo Lucía Reynaga, hija de Ana Sosa: “Apareció en el recuerdo de sus amigos, compañeros y en el testimonio de sus compañeros de cautiverio y de nosotros la familia… gracias a este juicio pude encontrar a mi madre, no pude tener justicia”.
La verdadera justicia, que tarde o temprano el pueblo tomará en sus manos, llegará para enlodar los nombres de los asesinos arrastrándolos a la vergüenza de la historia, como el de los jueces cómplices de tamaña atrocidad.
En la lucha por la que dieron sus vidas los compañeros Ana y Ángel los seguiremos encontrando hasta la victoria siempre. ¡30.000 compañeros desaparecidos presentes!