Pérez del Frente Darío Santillán y Nardulli de la Corriente Clasista y Combativa habían sido acusados de ser responsables y organizadores de la toma del Parque Indoamericano, ocurrida en diciembre de 2010. A pesar de que la juez Iñiguez falló a favor de ellos y le quitó los cargos, fiscales macristas presentaron una apelación contra esa resolución.
Pérez del Frente Darío Santillán y Nardulli de la Corriente Clasista y Combativa habían sido acusados de ser responsables y organizadores de la toma del Parque Indoamericano, ocurrida en diciembre de 2010. A pesar de que la juez Iñiguez falló a favor de ellos y le quitó los cargos, fiscales macristas presentaron una apelación contra esa resolución.
En la movilización del miércoles estuvieron acompañando delegaciones de la CCC, PO, Frente Darío Santillán y estuvieron presentes Amancay Ardura por la CCC, Ricardo Fierro por el PCR, y dirigentes del Frente Darío Santillán.
Ese día la Cámara trató la apelación del fiscal del gobierno de la ciudad, que según los abogados de Nardulli y Pérez técnicamente está mal formulada, por lo cual correspondía el rechazo. Los jueces de la Cámara escucharon los argumentos de la defensa y van resolver en los próximos días si confirma la decisión y entonces queda cerrada la causa contra el Tano y Diosnel, o le hace lugar a la apelación del fiscal y reabre la causa lo que terminaría en un juicio contra los luchadores populares.
El abogado Nicolás Tauber nos comentó: “fue muy relevante la acusación del fiscal en cuanto a que acusa solo a Luciano y a Diosnel, por considerarlos importantes, por considerarlos dirigentes sociales y realmente no hay ningún otro elemento para acusarlos. Es parte de una política nacional, de la cual el gobierno de la Ciudad también es parte, de criminalizar la protesta y criminalizar a los que luchan y mantenerlos a proceso durante años a los que luchan, amenazándolos con cárcel y con embargos, como lo hacen en Kraft y en tantas otras causas”. Señaló que se impone la defensa de todos los compañeros en cada caso pero lo principal “es una solución política de fondo, que sería una sanción de una ley en el Congreso, una ley contra la criminalización de la protesta”. Comentó que se realizará el próximo 20 de marzo una audiencia sobre ese tema en el anexo del Congreso.
Por su parte, el Tano Nardulli apuntó que “nosotros el único delito que cometimos y vamos a seguir cometiendo, es ser solidarios con la necesidad de los que menos tienen y con los trabajadores, ese es nuestro compromiso”.
Nardulli señaló además que “los fiscales que decían que teníamos una participación criminal, se olvidan de la participación criminal de los policías que se llevaron 3 vidas de tres compañeros en el Indoamericano y la participación criminal de todos los aparatos represivos, que reprimen a la protesta social, que reprimen a nuestros compañeros originarios, que encarcelan como en el Chaco y como a los petroleros de las Heras que los condenan a perpetua por estar reclamando. Nosotros vamos a estar permanentemente al lado de los que tenemos que estar, que es al lado del pueblo.”
Diosnel Pérez remarcó que “nos abrieron una causa, porque fuimos solidarios, con la misma situación que están sufriendo los compañeros, que yo sufrí hace 30 años; porque no vamos a parar hasta que todos los compañeros tengan su vivienda digna”. Indicó que “hay una ley que le exige al gobierno de la ciudad que haga 1600 viviendas donde están ocupando ahora los compañeros, por ahí van a decir que fuimos nosotros los organizadores de vuelta, no hace falta ningún organizador, la gente se organiza por su propia necesidad; porque esperaron 9 años después que salió la ley para que el gobierno haga las 1600 viviendas y todavía no llevaron un solo ladrillo”.
