Pero ya en ese momento en el proyecto de ley se excluyó expresamente el control por la Auditoría General de la Nación (AGN), a diferencia de lo que se había hecho antes con Aerolíneas. El argumento fue que YPF era una Sociedad Anónima sobre la que la AGN no podía tener jurisdicción, como si el 51% expropiado pasara a ser de propiedad privada y no del Estado.
Pero ya en ese momento en el proyecto de ley se excluyó expresamente el control por la Auditoría General de la Nación (AGN), a diferencia de lo que se había hecho antes con Aerolíneas. El argumento fue que YPF era una Sociedad Anónima sobre la que la AGN no podía tener jurisdicción, como si el 51% expropiado pasara a ser de propiedad privada y no del Estado.
En el caso de Aerolíneas, aunque el tema de la propiedad todavía sigue en litigio y tenemos que seguir pagando las deudas que dejó el vaciamiento de la empresa por Marsans, la investigación de la AGN permitió determinar que el pasivo por esas deudas era muy superior (en más de 3.000 millones de dólares) que el activo (bienes y acreencias) que nos dejaba. Además eso fue verificado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
En cambio para el litigio con Repsol, no sólo se cerraron las puertas a la Auditoría General de la Nación sino que ni siquiera se cumplió con el requisito de la ley de expropiación de tener previamente el dictamen del Tribunal de Tasaciones. En esas condiciones, el jueves 27 de febrero, el Estado nacional, como accionista mayoritario de YPF, terminó firmando el convenio con la española Repsol por el que ambas empresas “renuncian a toda acción o reclamo legal recíproco” como consecuencia de la expropiación del 51% de las acciones de la compañía.
¿Por qué la exclusión de la AGN? ¿Por qué ese “giro” de Kicillof desistiendo de “revisar” las deudas y los pasivos ambientales? ¿Por qué en la negociación no participó Hernán Lorenzino, supuestamente designado para esos temas1, sino que la realizó personalmente Carlos Zannini? ¿Por qué el apuro para firmar este acuerdo leonino con Repsol incluso antes de que haya dictamen del Tribunal de Tasaciones?
Los que aprueban este “arreglo” (aunque protestando por su costo), lo justifican diciendo que es para “volver al mercado internacional de capitales”. Sin embargo eso no justifica el “apuro” ya que los usureros imperialistas tienen otras prioridades de “acuerdos”: el Club de París, el FMI, los holdouts, etc. ¿Se trata en verdad de “un primer paso” o de un “giro a la ortodoxia”, como la califican algunos columnistas del sistema, o de “amagues” para encubrir lo turbio del acuerdo con Repsol? Las dudas se acrecientan pues uno de esos columnistas, Marcelo Bonelli, relata que cuando Daniel Scioli le propuso a Cristina Fernández incorporar a Mario Blejer y Guillermo Nielsen, para dar “credibilidad” a esas negociaciones, Cristina le respondió: “Daniel dejá, que Axel tiene muy buenas ideas no convencionales para resolver el tema” (Clarín, 28/2/2014). Si son como las ideas del acuerdo con Repsol y las otras que viene aplicando, ¡pobre de nosotros!
El trasfondo del “apuro”
La participación personal de Carlos Zannini en el acuerdo, asegurando a los representantes del imperialismo español: “Al Congreso lo manejo yo, en dos días sale…” (Clarín, 23/2/2014) y su presencia inusual en la firma del mismo con Repsol, nos recuerda su preocupación porque Cristina no deje el gobierno antes que estén “arreglados” todos los asuntos que puedan comprometer a “la familia”.
En este caso, aparte de los “manejos financieros” que se hicieron con las acciones cuando la privatización de YPF –en los que ellos también medraron “en representación” de la provincia de Santa Cruz y que Cristina acaba de reivindicar junto a la privatización–, sobre todo les preocupa cualquier rendija que quede abierta a una posterior investigación los involucraría con su ¿ex? socio Esquenazi en el vaciamiento de YPF, que originó la deuda de casi 9.000 millones de dólares a la que se refirió en su momento Kicillof (que ahora nos quieren hacer tragar junto al pasivo ambiental, además de endeudar al país en casi 12.000 millones en bonos e intereses, cuando según los trascendidos del relevamiento que venía realizando el Tribunal de Cuentas, el 100% de los activos de YPF –sin descontar los pasivos– no llegaría a la mitad).
¿Cuál sería la diferencia entre Marsans, a quien aludió Cristina al hablar de Aerolíneas, y Brufau la cabeza visible de Repsol, aparte de que en esos negocios turbios esté además involucrado el propio rey de España? Que Antonio Brufau también temeroso de una investigación que lo involucraría –ahora exultante por el triunfo logrado–, le habría hecho saber que tiene en su poder todos los documentos que comprometen a “la familia” en el vaciamiento de YPF. De ahí la participación personal de Zannini en la gestión del acuerdo, excluyendo a Lorenzino. No importaba el precio; lo urgente es que se apruebe el acuerdo por el que Argentina renuncia “a toda acción o reclamo legal”, sea por las deudas o por el daño ambiental que nos deja “de regalo” la imperialista española Repsol. Bueno, “de regalo” es un decir, pues además habrá que pagar las cuotas bien saladitas del “electrodoméstico” hasta dentro de 20 años. “Chiquitito, pero cumplidor”, diría Cristina de Kicillof.
Para colmo los 6.000 millones de dólares en bonos del Estado argentino van a ser “privatizados”, ya que su manejo se entrega a un consorcio integrado por Repsol, Goldman Sachs y Deutsche Bank. Goddman Sachs vinculado al grupo Clarín y el Deutsche a Federico Pinedo del PRO. ¿Una garantía política que también impuso Repsol?
Los trascendidos de la valuación
El apuro por la aprobación del acuerdo de renuncia “a toda acción o reclamo legal” por el Parlamento Nacional, también se debe a su necesidad de “enterrar” la causa que se lleva adelante en el juzgado de Ariel Lijo por el “vaciamiento” de YPF, en la que se encuentran denunciados los ministros De Vido, Kicillof y la propia Presidenta, además del presidente de Repsol en España, Antonio Brufau.
Según informa La Nación (28/2/2014), el juez Ariel Lijo recibió un informe preliminar sobre el valor de YPF elaborado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que todavía no terminó de valuar la compañía. Sin embargo, el estudio estaría muy avanzado pues ya se tasaron varios de los activos más importantes de la compañía y su valor apenas supera, según el criterio del organismo oficial, los 1.000 millones de dólares. Una cifra muy lejana a los 5.000 millones en efectivo que, a través de los 6.000 millones en bonos se le garantiza en el acuerdo a Repsol, por sólo la mitad de esos activos (el 51% de las acciones).
Entre los activos que ya han sido tasados, La Nación destaca la carpeta “inmuebles”, conformada por 318 bienes y con un valor estimado en 638,3 millones de dólares. Otros activos importantes son Opessa (Operadores de Servicios SA), controlada en un 99,9% por YPF y valuada en US$133,8 millones, y la flota vehicular de la petrolera (3115 vehículos), valorada en 53,2 millones de dólares. En tanto, el valor del paquete accionario de AESA (Evangelista SA) es de US$46,6 millones y el de los bienes informáticos de YPF, 18,2 millones de dólares. Aún falta determinar el valor de las destilerías, petroquímicas, plantas y ductos, entre otros activos. Pero aun con eso se estima que no se llegaría a la mitad de lo que se ha reconocido a Repsol por sólo el 51% de las acciones de YPF, reiteramos, en el acuerdo firmado por el gobierno kirchnerista.
Esta necesaria valuación de los activos también sería “echada en saco roto” si el acuerdo fuera aprobado por el Congreso como se jactó Zannini. Presuroso el Tribunal de Tasaciones bajo la órbita del ministro Julio De Vido, tras el anuncio del acuerdo y sin haber completado su tarea, elevó “su informe” avalando la transacción. Por lo que también De Vido tuvo el reconocimiento de la Presidenta por su “exitosa” política energética. Tantos “halagos” para uno y otro lado que se “olvidó” de “lo más importante”: que todo eso es para hacerle tragar al Congreso el sapo del acuerdo con Repsol. O por eso mismo la traicionó el subconsciente, como le gusta decir en sus incursiones en el campo de la psicología. n
1 Cuando a fines de noviembre pasado, el ex ministro Hernán Lorenzino fue nombrado para conducir la Unidad de Reestructuración de Deuda, se le asignó entre sus funciones “participar en las negociaciones inherentes a los aspectos crediticios de la política financiera y el endeudamiento externo de la República Argentina con entes y organismos financieros extranjeros, multilaterales, públicos o privados”.
