El funcionario dijo estas palabras en medio de un debate de la comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante en el que se discutían los programas sociales destinados a mujeres que están en situación de prostitución. Vale la pena recordar que Santa Rosa fue la primera ciudad del país en prohibir, en 2009, los sitios en los que se explota la prostitución ajena.
El funcionario dijo estas palabras en medio de un debate de la comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante en el que se discutían los programas sociales destinados a mujeres que están en situación de prostitución. Vale la pena recordar que Santa Rosa fue la primera ciudad del país en prohibir, en 2009, los sitios en los que se explota la prostitución ajena.
Lo que se le escapó a Baraybar es que ninguna mujer elige prostituirse, por el contrario son llevadas a esa situación por su vulnerabilidad económica y social. Alarma que estas palabras llenas de estereotipos de género y legitimadoras de la explotación sexual de las mujeres provengan de un funcionario público. Sobre todo si se tiene en cuenta que en los últimos años son muchas las voces que se vienen alzando reclamando una perspectiva de género en el ejercicio de la función pública.
A Baraybar le decimos que, ni la prostitución es un trabajo, ni las mujeres la ejercen porque ellas quieren. Se trata de una de las formas más crueles sobre las que se expresa la doble opresión que sufrimos las mujeres por nuestra condición de género y por ser parte de las clases oprimidas de esta sociedad.
La prostitución es ante todo un negocio que mueve millones, manejado por empresarios de la noche que se llenan los bolsillos a costa de la explotación sexual de las mujeres y de la mano de la corrupción de jueces, policías y funcionarios. Asimismo, la prostitución es inseparable de la trata de mujeres para la explotación sexual, también conocida como la “esclavitud moderna”. Son dos caras de la misma moneda en las que se expresa de la peor manera el dominio masculino sobre las mujeres, cuyos cuerpos son reducidos a meros objetos sexuales disponibles para el goce sexual del varón.
Quienes, como este funcionario, consideran a la prostitución como trabajo libremente elegido, lo hacen desde la teoría del contrato: un acuerdo de voluntades entre personas libres y autónomas. Un supuesto “acuerdo entre iguales”. Pero en la prostitución las mujeres son llevadas al lugar de “mercancía”, el “cliente” tiene el dinero para comprarla y por lo tanto se anula cualquier posibilidad de ellas de elegir. Se trata de una situación atravesada por relaciones de poder, con pactos contractuales desiguales.
Las palabras del funcionario son expresión de cómo está naturalizado en nuestra sociedad que algunos puedan pagar por su libre disponibilidad del cuerpo de una mujer. Así, se naturaliza una situación de doble opresión manifestada en la dominación, subordinación y explotación sexual de las mujeres.
Las declaraciones de Baraybar obligan a poner nuevamente en escena el debate y con eso la responsabilidad que tienen los gobiernos municipales, provinciales y, fundamentalmente, el nacional, en tomar cartas en el asunto y ofrecer alternativas reales a las mujeres que son llevadas al ejercicio de la prostitución por su condición social. Asimismo, obliga a repensar la naturalización de la subordinación de las mujeres que se manifiesta en la vida cotidiana de distintas maneras, y en la prostitución y la trata se pone en evidencia de la manera más cruel.
