A 3 años de la sanción de la ley de Salud mental, los problemas de prevención, asistencia y rehabilitación, como responsabilidad del Estado en relación a un derecho básico constitucional, no sólo no se han resuelto, sino que se han agravado.
Las condiciones concretas de nuestra realidad sanitaria están caracterizadas por la desfinanciación y desmantelamiento del aparato de salud mental a cargo del Estado. El personal profesional y no profesional es escaso y mal pago.
A 3 años de la sanción de la ley de Salud mental, los problemas de prevención, asistencia y rehabilitación, como responsabilidad del Estado en relación a un derecho básico constitucional, no sólo no se han resuelto, sino que se han agravado.
Las condiciones concretas de nuestra realidad sanitaria están caracterizadas por la desfinanciación y desmantelamiento del aparato de salud mental a cargo del Estado. El personal profesional y no profesional es escaso y mal pago.
El costo de los psicofármacos asciende en una dimensión exponencial.
Antecedentes
En la confección de la ley participaron activamente representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), inspirada a su vez en las políticas del Banco Mundial. Se ignoraron, en cambio, experiencias y aportes transformadores en nuestro país, y no se consultó con numerosas instituciones, públicas y científicas, comprometidas con el campo de la salud mental. Desde ya que menos aún con aquellos que están diariamente "en la trinchera", en la atención directa a las numerosas demandas en este campo.
El Banco Mundial promueve políticas que eximen al Estado de su responsabilidad en la atención de pacientes psiquiátricos. La ley se corresponde con este criterio y lo fundamenta a través de un discurso apoyado en una supuesta defensa de los derechos humanos de los pacientes. De ahí el papel jugado por un organismo de DDHH como el CELS, en detrimento del sector salud. Políticas similares del Banco Mundial están en juego en otros planos de la salud y en educación.
En la Argentina hay una larga y rica experiencia en el campo de la salud mental. El hospital público ha sido siempre un instrumento privilegiado para la atención de las necesidades de nuestro pueblo. El manicomio, efectivamente debe ser desterrado bajo cualquiera de sus formas. Pero una cosa es cerrar los manicomios y otra cerrar los hospitales monovalentes (la ley determina el cierre de los hospitales monovalentes para 2016). El manicomio debe ser sustituido a través de un profundo proceso de transformación institucional del hospital.
Para ello hay que tener en cuenta las experiencias más avanzadas en ese sentido. Efectivamente, hay un vasto recorrido en desarrollos transformadores en Salud Mental, con pioneros como Domingo Cabred.
Pichon Rivière a partir de su trabajo en el interior del hospital psiquiátrico, jugó un papel cuestionador y revolucionario en cuanto a concepción y modelos de abordaje.
Además es necesario recuperar los recursos y capacidades de los servicios de psico-patología en hospitales generales surgidos a partir de la iniciativa de Mauricio Goldenberg, las experiencias de hospital de día y las comunidades terapéuticas, como las dirigidas por Wilbur Grimson y Raúl Caminos, y tantas otras.
Implica también recoger las experiencias actuales más avanzadas, como la del Hospital Escuela José de San Martín de la provincia de San Luis, dirigida por Jorge Pellegrini, que transformó el manicomio en un verdadero centro de salud mental de primer nivel con capacidad para atender a las necesidades en prevención, asistencia y rehabilitación. Un proceso de verdadera desinstitucionalización de los pacientes.
Concepciones
1) La ley habla de padecimiento mental, pero omite plantear la cuestión de la enfermedad mental y de sus múltiples derivaciones. El concepto de padecimiento puede estar referido a las condiciones de vida generadas por la pobreza, la falta de acceso a la vivienda, al trabajo, a la salud, etc., que obviamente tienen consecuencias psicológicas en el plano personal y familiar. Pero padecimiento no significa necesariamente enfermedad, entendida como un hecho psicopatológico.
2) Para su promulgación, se promovió un enfrentamiento corporativo entre psiquiatras y psicólogos, y, a través de generalizaciones que todos podemos compartir, se ocultaron los verdaderos problemas que esta ley no resuelve.
3) En el aspecto de financiamiento la ley plantea que en forma escalonada el presupuesto para Salud Mental deberá ascender al 10% del presupuesto general de salud. Siendo la salud un derecho básico, no se trata de marcar proporciones, sino de asegurar que se destinen los fondos necesarios para cubrir las necesidades.
Por otra parte, vale la pena recordar que desde la época de Menem se descentralizó la responsabilidad y los presupuestos en salud y educación, dejándolos a cargo de las provincias y municipios. El Plan Nacional de Salud Mental sancionado recientemente por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, mientras enuncia minuciosos párrafos declarativos, no dice una sola palabra sobre el tema del financiamiento, que es absolutamente prioritario.
4) El artículo 12 de la ley advierte que los psiquiatras "no deben implementar la medicación como castigo o para beneficios de terceros".En pleno siglo XXI, con los grandes avances de la psicofarmacología, como parte de un tratamiento que debe incluir la psicoterapia y otros múltiples recursos terapéuticos, considerar la aplicación de medicación por parte del profesional como método de “tortura” sobre los pacientes, es un intento de ocultar las carencias en el acceso a la medicación de última generación por parte de los sectores más vulnerables. El problema real es la falta de producción nacional y estatal, y el costo de los medicamentos, desregulado en la época de Menem y mantenido así hasta ahora.
Lo que es un grave problema, que la ley ni menciona, es la política de producción de medicamentos, patentes, precios, que dan grandes ganancias a la industria farmaceútica. Es necesario golpear las políticas que representan esos intereses y no a los profesionales.
Otro tema diferente es la cuestión de la sobre medicación como instrumento de disciplinamiento social. El uso de psicofármacos sin prescripción o con prescripción inespecífica, es un problema social que se juega en otro plano.
5) Esta ley de salud mental es una ley “relato”, y complementa la política kirchnerista en salud mental. Han pasado varios años y los problemas se han agudizado. No se han creado nuevos servicios en hospitales generales, que contemplen las necesidades específicas de estos pacientes. Por ejemplo, aunque sea obvio, los pacientes psiquiátricos requieren de la realización de una cantidad de actividades con objetivos terapéuticos mientras que aquellos internados por afecciones de clínica médica requieren por lo general condiciones adecuadas de reposo. Tampoco se han ampliado adecuadamente los servicios ya existentes, no se han creado las casas de medio camino ni nuevos hospitales de día. No se han creado la cantidad de cargos de personal necesarios.
¿Nos sobran los hospitales? ¿O es que cuando necesitamos internar a un paciente que no tiene recursos ni una prepaga el problema es que no conseguimos cama en ningún servicio y el paciente anda deambulando de hospital en hospital? ¿Los tratamientos ambulatorios gratuitos, en hospitales y centros de salud están garantizados en tiempo y forma?
El déficit asistencial es especialmente grave para los pacientes ambulatorios del Gran Buenos Aires. A dónde puede ir a consultar una familia que vive en Isidro Casanova, zona superpoblada del Partido de La Matanza, o en Libertad, Partido de Merlo?
6) La ley no tiene en cuenta que la necesaria transformación institucional en Salud Mental requiere diversas ofertas de tratamientos con resguardo de los niveles de complejidad. Cerrar un hospital no quiere decir resolver un problema. Los llamados homeless en EEUU son en gran parte, enfermos psiquiátricos abandonados a su suerte. También lo son muchos de los que, por ejemplo, duermen en el piso en las terminales ómnibus o estaciones ferroviarias en la Argentina.
7) Consideramos que esta ley está francamente sesgada a reglamentar la internación en las instituciones monovalentes. No se ocupa de una demanda fundamental que es la ambulatoria, como tampoco hace el necesario énfasis en la prevención y la rehabilitación, ni se detiene en las franjas etarias más vulnerables como la infanto-juvenil y la de la tercera edad.
8) La ley presenta como una novedad el equipo multidisciplinario. En la realidad, éstos se implementan en nuestro país desde hace décadas, en prácticamente todas las instituciones de salud mental que cuentan con los recursos para ello. El problema es la carencia de nombramientos de profesionales y trabajadores de salud mental, y espacios adecuados para las diversas prácticas.
9) La problemática de las adicciones es uno de los problemas actuales más acuciantes. Más allá de ser un producto de las condiciones sociales de vida, es necesaria una política del Estado de prevención, asistencia y rehabilitación. Política que no existe y que la ley no contempla.
10) Debido a las reglamentaciones que introduce se ha hecho mucho más difícil el acceso a la internación cuando esta es necesaria, tanto para los profesionales que la indican como para los pacientes. El Observatorio Federal de la aplicación de la Ley de Salud Mental de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) documenta extensamente estos problemas.
Un serio problema es el de las condiciones de trabajo de los profesionales y no profesionales que trabajan en el área de Salud mental, que presentan una incidencia extraordinaria de síndrome de burn out. La sobre exigencia, los salarios de los psiquiatras, psicólogos, psicólogos sociales, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, enfermeros, son problemas comunes y no sectoriales. Esto requiere una lucha conjunta dejando de lado las falsas antinomias.
El problema principal en salud mental es la carencia de una política del Estado para asumir su responsabilidad en garantizar el derecho a la salud de nuestro pueblo, asegurando la prevención, asistencia y rehabilitación en todo el país y de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Para ello es necesario que todos los sectores involucrados tomemos en nuestras manos el problema, propongamos un verdadero plan nacional integral a cargo del estado y luchemos unitariamente exigiendo al gobierno su efectivización.
