Epifanio Álvarez, padre de Jorge, uno de los 43, le contestó al presidente Peña Nieto su postura de “superar” y “dar vuelta la página”: “Te amo Jorge. Y te extraño. ¿Ustedes superarían el dolor de un hijo desaparecido?”. Felipe de la Cruz, el vocero de los padres, increpó directamente al Ejército: “fueron militares quienes les robaron sus celulares. Fueron militares quienes los golpearon. ¿Por qué se olvidaron que también ellos son del pueblo?”, acusó.
Denunciaron en el acto que no se está investigando al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre quien, en el colmo del cinismo, promueve a su hijo como candidato a alcalde de Acapulco, por el PRD.
El acto en El Zócalo culminó con la advertencia de los familiares de que no permitirán los comicios en Guerrero, en las actuales condiciones, y volvió a escucharse el grito de “¡Fuera Peña, Fuera Peña!” y siguieron con “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Confluyeron en la marcha los jóvenes del Politécnico con los de la UAM, las facultades de la UNAM, las preparatorias, más las escuelas privadas, así como las enfermeras, los médicos, los demandantes de vivienda y contingentes sindicales. El gremio de telefonistas desplegó enormes pancartas vinculando a Ayotzinapa con sus demandas salariales y el incumplimiento de las promesas de la reforma en telecomunicaciones. Pese a no ser tan numerosa como las de fin de año por el período vacacional en las casas de estudio, día a día se suman nuevos sectores al reclamo, como un contingente de comunidades eclesiales comprometidas con las luchas sociales, cantando “¡Ayotzi, aguanta, la Iglesia se levanta!”.
Los padres desmienten
al gobierno
Al día siguiente de cumplirse cuatro meses de los secuestros de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, a través de una lista de 10 puntos, los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa rechazaron los resultados de las investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó este 27 de enero y señalaron que no permitirán que el gobierno cierre el caso.
La PGR reafirmó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan, cercano al basurero municipal de Cocula, y que “no existen evidencias que indiquen que elementos del Ejército mexicano hayan participado en los hechos”.
“No vamos a permitir que cierren las investigaciones con la sola declaración de los asesinos”, aseguró el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz, quien agregó que continuarán con la búsqueda de los normalistas hasta que no se les dé una prueba científica que demuestre que los estudiantes fallecieron.
Al tomar la palabra, el abogado Vidulfo Rosales presentó la lista de 10 puntos por los que los familiares no aceptan el informe de la PGR.
No existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula. “Dado que es más que conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen esos mismos peritajes.
La declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula. La información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados
La PGR no ha aclarado cómo explica el homicidio de Julio César Mondragón, cuyos restos fueron encontrados en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.
A cuatro meses de los hechos, el Estado mexicano se ha mostrado incapaz para detener a quienes, según su hipótesis, serían responsables. El extitular de la Policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, su subalterno Francisco Salgado Valladares, Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, y 11 personas más continúan prófugos, junto con el líder de Guerreros Unidos, Ángel Casarrubias Salgado “El mochomo”.
La Procuraduría General de la República no ha logrado que exista un solo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos.
En el mismo expediente, donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota.
Sólo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esto no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido.
No se ha indagado la responsabilidad del Ejército, puesto que en el expediente hay indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó, ante el Ministerio Público, que el Ejército sabía desde 2013 que Guerreros Unidos controlaba la policía de Cocula.
No ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno de Guerrero.
Después de rechazar la versión de la Procuraduría General de la República con la pregunta “Si los quemaron con todo y celulares, ¿por qué 15 días después de la desaparición el celular de mi hijo timbraba?”, Epifanio Álvarez, padre de Jorge, uno de los estudiantes desaparecidos, aseguró que el gobierno federal “ha pisoteado su dignidad”.
Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza, otro de los desaparecidos, aseguró que gente de Iguala les comentó que el Ejército había participado en la desaparición de los jóvenes y acusó que la intención del gobierno es cerrar el caso antes de las elecciones del próximo 7 de junio.
Antes de concluir la conferencia, una de las madres de los desaparecidos aseguró que los familiares de los estudiantes lucharán para que no haya elecciones en Guerrero en junio próximo.
Sigue el reclamo de
aparición con vida
La lucha por la aparición con vida de los normalistas sigue, pese a la creciente represión por parte del Estado. El 28 de enero un grupo de estudiantes del Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero (Funpeg), fueron detenidos por la policía a punta de pistola cuando intentaban realizar un acto de repudio a las declaraciones de la PGR, en la caseta de cobro de Palo Blanco, en la Carretera Federal 95D conocida como Autopista del Sol.
Esta represión coincide con una ofensiva de sectores de las clases dominantes que apoya a Peña Nieto, como el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), inmersos en una campaña de justificación de la represión porque en Ayotzinapa “Estudiaban para guerrilleros”, mostrando la hilacha de cómo el secuestro de los normalistas, y las medidas represivas crecientes en México, son funcionales a una política antipopular, entreguista y privatista.
