La Argentina es un país dependiente y en disputa, y esa dependencia y esa disputa también abarca el control y la utilización de los sistemas de inteligencia. La actual “lucha de servicios” a la que asistimos, refleja claramente la disputa de los distintos sectores de burguesía intermediaria, terratenientes e imperialismos por el control de la Argentina, y es tan aguda que se ha hecho evidente a los ojos de grandes masas. Es una guerra con olor a podrido, porque, en efecto, lo que está podrido hasta los tuétanos es este Estado oligárquico-imperialista.
El sistema real de inteligencia interna en Argentina no se limita a la SIE, sino que involucra al conjunto de los aparatos de seguridad y militares, una vasta red “privada”, sus vinculaciones con los servicios de inteligencia de las potencias extranjeras, y el complejo aparato del narcotráfico y la trata de personas para la esclavitud sexual y/o laboral.
El sistema legal de inteligencia interna, por citar solo algunos componentes, está integrado por: SIE (ex SIDE), Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, Policía Federal, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Policía de Seguridad Aeronáutica, Servicio Penitenciario Nacional, Ejército Argentino, Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina, y todas las policías provinciales más la de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El sistema de inteligencia implica el de contrainteligencia que constituye, en sí, un sistema de informaciones paralelo. Para dar un ejemplo que actualmente está en todos los diarios del mundo: Jaime Stiuso –sindicado hoy por el gobierno como un archienemigo suyo–, fue el jefe de contrainteligencia de la SIE hasta enero de 2015. Stiuso manejaba las relaciones con los servicios de inteligencia extranjeros; mientras Pocino es la cabeza de la inteligencia interna de la SIE. Milani, Jefe del Estado Mayor General del Ejército es sindicado como el Jefe de una central de inteligencia con base en las FFAA, quien ha recibido cuantiosos fondos estatales para la adquisición de equipamientos sofisticados para el espionaje interno.
A todo esto se suma el sistema “privado” de vigilancia e inteligencia (consultoras), “empresas” todas pertenecientes a personal retirado o en actividad de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas o de inteligencia. Es difícil saber el número de este personal pero se habla de más de 10.000 efectivos. Y un tercer eslabón es el narcotráfico, la trata de personas para la esclavitud sexual y/o laboral con sus grupos de choque y de operaciones especiales, y el complejo sistema delictivo, que es una red capilar extendida en todo el país que se entrelaza con el aparato político, de seguridad, judicial y de inteligencia a nivel nacional, provincial y municipal.
Esta red capilar que abarca el conjunto de la nación, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, provincia por provincia, dedicada a la represión y que, a lo largo del siglo 20 hasta el presente, se ha perfeccionado con la incorporación de sofisticadas tecnologías como el sistema de vigilancia interna llamado Sibios (Sistema biométrico de seguridad) un sistema de seguimiento y control de imágenes, que puso en funcionamiento el gobierno K, entre otros proyectos represivos.
Todo este sistema de inteligencia y represión interna ha sido usado a fondo por el sector de burguesía intermediaria y terratenientes que representan Néstor y Cristina Kirchner para avanzar en su consolidación como grupo de poder y su proyecto de alianza estratégica integral con el imperialismo chino, con el que viene de firmar acuerdos sólo comparables al pacto Roca-Runciman con el imperialismo inglés.
La nueva Ley de inteligencia
El sistema de inteligencia actual fue “regulado” por la Ley 25.520, “consensuada” en el Congreso Nacional en pleno derrumbe de la Argentina del 2001. Esta es la ley que modificará el proyecto enviado por el oficialismo aprovechando su mayoría tanto en Senadores como en Diputados.
La ley 25.520 no resolvió ninguno de los cuestionamientos que se venían realizando desde hacía años sobre el sistema de inteligencia. La cuestión de los fondos reservados de la SIE ha sido uno de los temas conflictivos alrededor de la Ley de inteligencia. El control de los gastos de inteligencia debería ser realizado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que no se reúne desde hace años y jamás pudo ejercer control alguno. Esta Bicameral que mostró su inutilidad, sigue vigente en el proyecto K de la Agencia Federal de Inteligencia.
La Comisión Bicameral tendría amplias facultades para investigar de oficio y reclamar cualquier información en poder de los organismos de inteligencia. Sin embargo, esa facultad fue recortada por un decreto de Eduardo Duhalde que se halla plenamente vigente y no es modificado en esencia por el proyecto K. En la práctica, todo lo referente a los “gastos reservados” que interesan porque son los gastos destinados a operaciones especiales y una de las principales fuentes de corrupción estatal, no puede ser controlado por organismo estatal alguno por distintos decretos del Poder Ejecutivo. Otra cuestión que ha producido un gran debate es el traslado de las escuchas telefónicas “legales” de la órbita del Poder Ejecutivo a la órbita de la Procuradora General de la Nación hoy a cargo de Gils Carbó. En la Argentina todos los teléfonos son fácilmente controlados y las escuchas telefónicas son moneda corriente así como el control de todas las redes de computación. Esto llevó a decir a Julian Assange en su momento, que la Argentina es el país que tiene el sistema de control interno más agresivo de los países medianos de América Latina. De acuerdo al proyecto de Ley ahora los jueces deberán solicitar a Gils Carbó la participación de la agencia de inteligencia en causas judiciales, lo que no modifica, en la práctica, la vinculación de esos organismos de inteligencia con el aparato judicial. Sólo servirá para que Gils Carbó apruebe u objete la escucha de acuerdo a los intereses del oficialismo.
Otro punto que ha sido objetado es el referido a la cuestión de los archivos. El CELS objeta que se imponga el secreto a esos archivos por 25 años, mientras que en países de regímenes duros de inteligencia como Israel y Estados Unidos son de 15 y 10 respectivamente.
Por ello, el proyecto oficialista ha sido cuestionado abiertamente incluso por sus propios compañeros de ruta. El CELS, con Verbitsky a la cabeza, se ha presentado en la audiencia de la Comisión parlamentaria y manifestó su divergencia con el proyecto, divergencias que no fueron atendidas por la bancada kirchnerista. Carta Abierta, por su parte, anunció por boca de uno de sus voceros que hará lo mismo en un próximo documento.
Democratizar los servicios de inteligencia: una gran mentira K
La larga introducción advierte sobre una realidad: los servicios de inteligencia en Argentina, y en cualquier lugar del mundo, son la expresión más siniestra del aparato estatal imperante, que es el instrumento de dominación de una clase opresora, sobre las demás oprimidas, que habrá que destruir para alcanzar los objetivos de libertad e independencia de todo dominio extranjero.
Los sistemas de inteligencia en la Argentina se perfeccionaron a lo largo del siglo 20 y llegaron a constituir una siniestra máquina criminal bajo la dictadura genocida instaurada el 24 de marzo de 1976. Todo ese monstruoso aparato sigue intacto y en operaciones. Su inmunidad fue parte de los acuerdos del general Bignone (último presidente de la dictadura) con los políticos burgueses y constituye uno de los más pesados lastres que arrastra la Argentina desde 1983 a la fecha.
La consigna de “democratizar” los servicios de inteligencia o de “transparentarlos” mediante la modificación de la Actual Ley de Inteligencia Nacional no tiene sustento alguno, es una gran mentira K. Por el contrario, el kirchnerismo apelando a una superficial cosmética, sólo busca mantener y reforzar la capacidad de este sistema de inteligencia a su servicio, para garantizarse el seguimiento y la represión de los sectores populares y las fuerzas verdaderamente opositoras, para hacer pasar el ajuste que viene aplicando y garantizar la impunidad de la enorme corrupción K.
El pueblo necesita desmontar todo el edificio de la represión estatal; para ello, la creación de una Comisión investigadora independiente que abra todos los archivos y todas las carpetas que almacena el sistema de inteligencia, sería un primer paso muy positivo para barrer esa lacra de la vida nacional.
