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16 de December de 2015

Reproducimos extractos de una nota de APA!, a la historiadora Silvia Nassif, por su participación en la publicación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”. Allí se encuentran 22 informes en los que se investigan a 25 empresas.

La responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado

Represión a los trabajadores en la dictadura

Silvia Nassif es doctora en historia y ha investigado en los últimos diez años la historia reciente del movimiento obrero tucumano. 
 
—¿Cómo fue la convocatoria para participar de este informe?

Silvia Nassif es doctora en historia y ha investigado en los últimos diez años la historia reciente del movimiento obrero tucumano. 
 
—¿Cómo fue la convocatoria para participar de este informe?
—Se convocaron distintos investigadores que tengan un recorrido y conozcan la temática. En mi caso particular, hace diez años vengo investigando el movimiento obrero en Tucumán, la historia de la Fotia, los levantamientos populares, la unidad entre el movimiento obrero y distintos sectores del pueblo. En este sentido, me incorporé al equipo para dar una perspectiva histórica, convocada por el área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a cargo de Victoria Basualdo.
 
—¿Cómo viviste la convocatoria?
—Para mí fue muy importante, porque en mi historia familiar y mi propio recorrido personal y profesional, la lucha por los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia fueron una bandera muy importante. A pesar de esto, nos resultó duro enfrentarnos desde este nuevo lugar a investigar los archivos de lo sucedido en la dictadura, porque es chocarte de nuevo con acciones de una deshumanización muy grande contra el campo popular.
Sin embargo, creo que investigaciones así validan tantas horas de trabajo, porque sirven al pueblo. En la academia, no siempre tenemos la posibilidad de que nuestra labor tenga un impacto tan directo en la historia y presente del pueblo.
 
—¿Cómo fue el proceso de investigación y cuánto tiempo llevó?
—El resultado de este informe fue fruto de un importante esfuerzo colectivo, desde las víctimas que brindaron sus testimonios, los que estuvieron en la mesa de coordinación del equipo, los investigadores, los bibliotecarios, los distintos especialistas, abogados, organismos de derechos humanos y ONG que fueron consultados ya que habían trabajado anteriormente sobre esta temática, etc. Las investigaciones llevaron más de un año y medio de trabajo. Como toda investigación, lo primero fue recopilar toda la bibliografía escrita sobre el tema. Lamentablemente, en general para este período, no hay muchas investigaciones sobre el movimiento obrero.
Sobre el período de 1974, ’75, hay como una negación de su rol protagónico en la historia provincial. Hay una reducción del rol del movimiento obrero en los levantamientos populares de finales de los ’60 y principios de los ’70. Después, está secundarizado su rol respecto a las organizaciones armadas o bien, cuando se analiza el período, se enfoca sólo en la represión. Y el movimiento obrero queda desplazado. Hay que decir que en el ’75, año del Operativo Independencia, hubo importantes luchas obreras. Con el descabezamiento de dirigencias muy importantes, recién pudieron intervenir la Fotia el 24 de marzo de 1976. A pesar de la fuerte represión, del fuerte ataque al movimiento obrero, la resistencia obrera y popular fue tan tenaz que fue necesario un golpe de Estado para completar el plan.
 
—¿Cómo se organizaron los informes?
—Cada informe consta de cuatro ejes: uno, las características generales de la empresa (el proceso productivo); dos, el proceso de conflictividad que hay en cada fábrica. 
También fue importante reconstruir la historia previa, desde los años de inicio del ingenio para entender cómo se llega a las dictaduras del ’66 y del ’76. La Fotia tenía una estructura constituida por sindicatos de base, que a su vez tenían sus propios cuerpos de delegados. Fueron importantes durante ese período los Congresos de Delegados seccionales en la Fotia, en las que se tomaban decisiones relevantes como la paralización de la zafra como ocurrió en 1974. Precisamente, el proceso represivo va a descabezar esas instancias democráticas y de fuerte protagonismo de las bases como fueron los cuerpo de delegados. Fue necesario un golpe sangriento para desarmar esa organización.
El tercer eje fue el proceso represivo, donde pusimos el total de víctimas. 
Pudimos sistematizar cuántas son las víctimas de cada fábrica. Esto nos llevó mucho tiempo, porque hay mucha de esa información que no está en las listas generales de la Bicameral de Tucumán del año ’84-’85 pero que fue surgiendo a partir de los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron en la provincia desde el 2008. Hay un enfoque interesante que aparece en el informe: preguntarse por los obreros, sus luchas y su resistencia, para entender por qué el ensañamiento de la dictadura contra el sector.
Se hizo hincapié en recuperar la historia de cada víctima y cómo fue la responsabilidad empresarial en su secuestro o desaparición o asesinato. Este fue el cuarto eje. Pensar que sin la empresa hubiese sido imposible llevar a cabo el delito contra estos trabajadores. Sin las camionetas, sin prestar sus instalaciones para que funcionen como Centro Clandestinos de Detención o sus propiedades para que se operativicen los secuestros, sin su silencio cómplice, no se hubiesen realizado los delitos contra los obreros como se hicieron.
 
—¿Por qué se focalizó en dos ingenios? ¿Los demás no tuvieron responsabilidad o fue menor o quedará para otra investigación?
—Por supuesto no todo el empresariado fue partícipe de la represión. Eso es lo primero que habría que aclarar. De hecho, uno de los primeros desaparecidos de la dictadura fue José Chebaia en la misma madrugada del 24 de marzo, quien había ejercido la presidencia de la Federación Económica de Tucumán.
Después, para el informe, lo primero que hizo el equipo de investigación fue partir de la evidencia disponible, de lo que había sido investigado anteriormente. Por ejemplo, La Fronterita había sido mencionado en el informe de la Bicameral y también en el de la Conadep como uno de los lugares en donde había operado un centro clandestino de detención. A partir de allí, se comenzó la investigación. Además, tomamos en cuenta la centralidad de los ingenios en la actividad económica provincial. El Concepción era y es el más importante de la provincia, a pesar de que en los últimos años cambiaron de dueño. Ocupa un lugar preponderante en la estructura productiva de Tucumán.
 
—¿Por qué es insuficiente hablar de complicidad?
—Porque hablar de complicidad es poner en un lugar secundario a un sector del empresariado. Hablamos de responsabilidad porque sin su participación, estos delitos no se podrían haber cometido. Hubo una alianza entre los sectores patronales y las fuerzas armadas para desarticular al movimiento obrero y poder avanzar en la implementación de un programa económico que avance contra las conquistas de los trabajadores, maximizando las ganancias privadas.
 
—¿Cómo analizás las consecuencias de la última dictadura militar en las organizaciones obreras?
—Lo principal fue el descabezamiento del movimiento obrero argentino combativo, la pérdida de conquistas sociales, y la posibilidad de que avance la flexibilización laboral y aumente la explotación obrera. Pero se vislumbran nuevos dirigentes obreros combativos.
 
—Respecto al cambio de gobierno, ¿cómo ves la posibilidad de continuar y/o profundizar el juzgamiento de responsables militares pero también civiles de la última dictadura?
—Al día después del balotaje, el diario La Nación publicó una editorial muy poco perceptiva de lo que fue el proceso en general de los derechos humanos en la Argentina, resistencia que comienza durante la propia dictadura. En este último período, el pueblo argentino obtuvo en esta materia conquistas importantes, quedando todavía importantes asignaturas pendientes. La editorial de La Nación que plantea la ‘no venganza’ no entiende que en realidad estos son procesos de justicia. 
Hay un hecho que es histórica-mente irreconciliable: no es posible reconciliarnos con quienes fueron los asesinos y torturadores de nuestro pueblo, estos tienen que cumplir su condena en la cárcel común. De este modo, en realidad, la bandera de los DDHH no pertenece a ningún gobierno ni partido, sino que es patrimonio del pueblo.
Esperamos que este informe contribuya a la memoria, verdad y justicia. Esto pretende ser un aporte y una reparación histórica hacia uno de los sectores más castigados por la dictadura que fue la clase obrera argentina. Que avancen o no los procesos judiciales dependerá de las fuerzas de la clase obrera y los sectores populares en su conjunto para garantizar que esto continúe. Como siempre lo fue.