Por ejemplo, la redención de la pena por estudio y trabajo y el beneficio de libertad condicional. Se ha vuelto a establecer el régimen de aislamiento sobre todo de los ex dirigentes, la restricción de visitas familiares entre prisioneros, y la negación de visita íntima.
Por ejemplo, la redención de la pena por estudio y trabajo y el beneficio de libertad condicional. Se ha vuelto a establecer el régimen de aislamiento sobre todo de los ex dirigentes, la restricción de visitas familiares entre prisioneros, y la negación de visita íntima.
Además, desde el año 2013, fecha en que cumplieron la sentencia de 25 años, a tres prisioneros se les ha impedido la libertad, inventando nuevos hechos para nuevos procesos. Son: Osmán Morote, Margot Liendo y Victoria Trujillo, los tres sobrevivientes del genocidio en la prisión de Canto Grande de mayo de 1992. Lo más grave es que este impedimento de libertad pretenden extenderlo a todos los prisioneros que el Estado considera “peligrosos”.
El Estado y el gobierno peruanos realizan maniobras ante la CIDH (Comisión Interamericana de derechos Humanos), para deslegitimar las justas demandas hechas por los prisioneros contra la legislación antisubversiva cuyo carácter es Derecho Penal del enemigo, contra las torturas en las detenciones y violaciones a las prisioneras políticas. Estas demandas han sido admitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La campaña internacional por el cierre del penal militar de la base naval del Callao cuenta con numerosos apoyos, entre otros el del ex presidente Mujica, del Uruguay.
En el parlamento ha sido presentado un proyecto llamado de “muerte civil” para los delitos de corrupción. Por este proyecto se establecería que los que han cometido delitos de corrupción no pueden volver a ocupar cargos en el Estado. Pero al amparo de este, ahora se presentó otro de “muerte civil” para los que cumplieron sus penas. La llaman “un mecanismo de defensa del sistema democrático”: “Lo que pedimos es celeridad para que las Comisiones de Constitución y Justicia dictaminen este proyecto de ley porque muchas personas, al haber cumplido su condena, podrían ser rehabilitadas en sus derechos civiles y postular. Eso es un aspecto que no debería pasar”, “los sentenciados por terrorismo que son excarcelados “no deberían pisar espacios municipales, regionales o nacionales”. Planteó que en esa “muerte civil” electoral también deberían ser incluidas las organizaciones políticas como el Movadef.
Pero mientras estaban en comisión estos proyectos en el parlamento, por facultades extraordinarias se promulgaron directamente decretos legislativos, tales como la ley de conspiración, la restricción del régimen de ejecución penal, ley de seguimiento de ex presos, y además la modificación de la ley electoral que incluye un artículo expreso que niega la participación política a los ex prisioneros políticos. Anteriormente ya estaban vigentes las proscripciones para los ex presos políticos que no hubieran pagado la reparación civil, impagables por exorbitantes.
La campaña internacional por los prisioneros políticos plantea que la restitución de todos los derechos de los prisioneros políticos es una necesidad de la democratización que requiere la sociedad peruana.
