Tras la oferta de pago del gobierno de Macri a los holdouts (los tenedores de bonos argentinos que no entraron en los canjes de 2004 y 2008), reconociéndoles el total del capital e intereses más el 50% de intereses punitorios demandados, que en total implica un compromiso de pago de 15.775 millones de dólares (hoy, número 1604), el juez neoyorquino Thomas Griesa afirmó estar dispuesto a levantar las medidas cautelares que llevaron a la Argentina al “default técnico”. Pero lo hizo con dos condiciones: que Argentina “revoque todos los obstáculos legislativos” para un acuerdo con los holdouts, es decir, la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano, y que el gobierno pague a “todos los demandantes que logren acuerdos con la Argentina antes o el 29 de febrero”.
La fijación de esta fecha está acorde con el plazo hasta el 29 propuesto por el gobierno de Macri para que los fondos demandantes se sumen a su oferta de pago. Y la orden judicial se sustenta en el hecho de que varios fondos, en negociaciones con los bancos imperialistas con sede en New York, han acordado con dicha oferta, cuya concreción depende del levantamiento de “todos los obstáculos legislativos”. Es decir, juez Griesa, más allá de todos los elogios al gobierno de Macri lo pone contra la pared de tener que derogar las leyes que impiden pagar un eventual acuerdo que propone, y hacer efectivo ese pago. Esto es considerado “un triunfo” por los grandes bancos que impulsan la negociación, pues además de poner presión sobre el Congreso argentino, significa también un aviso a los acreedores más duros (los llamados fondos buitre) que, si el país cumple con esas medidas, ya no habrá más amparos para que sigan pidiendo más y más que lo que ya les fue concedido.
“Aunque el tribunal no se pronuncia sobre la razonabilidad de la propuesta de la República, el tribunal reconoce serios esfuerzos de la República para negociar y su sorprendente cambio de actitud hacia el acuerdo desde que el presidente Macri asumió el cargo”, escribió el juez. De todas maneras, la orden “indicativa” de Griesa sólo se aplica a la medida cautelar de los “me too”, los acreedores que se sumaron en 2014 a la sentencia de 2012 a favor de los buitres propiamente dicho. Si la Argentina cumple las condiciones de la misma, Griesa estaría en condiciones de emitir una orden sobre la medida cautelar original de la llamada demanda “pari passu”, que lideró NML y Aurelius, dos de los fondos más reacios a resignar la mitad de los intereses punitorios que la sentencia de 2012, como es la propuesta de pago del gobierno de Macri.
Estos acuerdos, significan, desde ya, más “sangre, sudor y lágrimas”, para el pueblo y la Nación argentina.
