Durante los últimos diez años el déficit habitacional se agravó en la provincia de manera alarmante: son miles las mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, niñas y niños sin acceso a este derecho humano básico; son miles las familias numerosas con más de cuatro pequeños, golpeadas por esta grave falta.
Durante los últimos diez años el déficit habitacional se agravó en la provincia de manera alarmante: son miles las mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, niñas y niños sin acceso a este derecho humano básico; son miles las familias numerosas con más de cuatro pequeños, golpeadas por esta grave falta.
Viven como pueden: la mayoría hacinados con otros familiares o pagando alquileres de lugares insalubres e inseguros a precios que se comen casi todos sus ingresos. A esta dolorosa situación debemos agregarle la creciente desocupación, la inflación, la crisis sanitaria y la pobreza que ya son insoportables. Mientras tanto, a la par de los sufrimientos del pueblo, lo que creció -y no para de crecer en la ciudad de Salta- promovido por los sucesivos gobiernos es el negocio de la coima, la especulación y la usura inmobiliaria.
Recordemos que, según investigaciones periodísticas y datos de los propios organismos estatales, en toda la provincia es necesario entregar algo más de 75.000 lotes o terrenos para cubrir mínimamente el déficit habitacional; sin embargo, durante los dos gobiernos de Juan Manuel Urtubey se entregaron en algunos periodos menos de 1.000 lotes por año.
También es conveniente decir que la provincia cuenta con más de 1.200.000 habitantes, de los cuales 700.000 (el 60% de la población) viven en la ciudad de Salta y sólo en Capital se necesitan al menos 20.000 lotes para las familias con más urgencias habitacionales. Esta realidad y estos datos explican la sabia decisión de miles de familias de organizarse y comenzar a discutir sobre el problema del acceso a la tierra y a la vivienda.
La lucha por el acceso a la vivienda
Fue así que un 2 de septiembre de 2012, unas doscientas personas se asentaron en el predio colindante al barrio Finca Valdivia, en la zona sudeste de la ciudad. Al tercer día eran más de 1.500 las personas; el asentamiento se mantuvo durante 29 días, atravesando las festividades del Señor y la Virgen del Milagro (la festividad más importante de la liturgia salteña que congrega cada año entre 200 mil y 500 mil fieles de todo el país). Esto causó gran descontento entre los funcionarios provinciales porque los “nadie”, que siempre se busca ocultar y olvidar, se ponían en escena y en la agenda mediática.
Durante esos 29 días en el predio se pusieron en funcionamiento cinco comedores, se organizó la seguridad y los delegados. Estos últimos eran elegidos de manera democrática entre los mismos vecinos del asentamiento; y fueron los propios vecinos los que se acercaron a la CCC a pedir ayuda para la realización de los trámites, dado que cuando asistían de manera individual o personal no los atendían en las oficinas de Tierra y Hábitat.
Ante esto, desde la Mesa de la CCC se designó al compañero Nelson Salazar (Manguera) para que acompañara y asistiera a las compañeras y compañeros en los trámites que imponía el gobierno. Tarea que aceptó con alegría y que continuó realizando durante todos estos años, siempre alerta para que las promesas del gobierno se cumplan y no caigan en saco roto los sueños y necesidades de las familias.
En el medio, el gobierno tuvo que expropiar tierras y entregó en La Lonja 960 lotes en 45 hectáreas; en Nueva Esperanza 812 lotes en 32 hectáreas; y en Parque La Vega 830 lotes en 39 hectáreas, en una primera instancia y luego 278 lotes en un remanente de 16 hectáreas. Estas entregas de lotes se realizaron entre 2013 y 2016 y siempre estuvieron minadas por la corrupción y el clientelismo político del gobierno de Juan Manuel Urtubey.
Las familias que se sumaron a la CCC en ningún momento dejaron de organizarse, de marchar y de discutir en asamblea cómo seguir, puesto que en cada entrega ingresaban algunas y otras quedaban a la espera.
En este proceso, Nelson Salazar “Manguera”, la Mesa provincial de la CCC nunca dejaron de luchar. Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de Desocupados de la CCC, estuvo siguiendo de cerca el proceso y participando en cada entrega de lotes, siempre solidario y atento a lo que es una prioridad en la organización, resolver en la Argentina, el tema del acceso a la tierra para vivir y trabajar.
Como ya es de público conocimiento, al compañero Salazar lo involucran en una causa judicial que se originó en marzo pasado debido a centenares de denuncias contra el gobierno, sus organismos y funcionarios. Nelson, quien se puso a disposición de la Justicia, permanece injustamente detenido, con prisión preventiva, mientras los verdaderos responsables de la corrupción y de los sufrimientos populares gozan de la más absoluta impunidad.
En la causa por la entrega irregular de lotes que hizo el gobierno provincial en Parque La Vega están implicados también Sergio Usandivaras, coordinador de Tierra y Bienes desde el 2009, imputado y que goza de libertad; Diego Barreto (Miles), subsecretario de Tierra y Hábitat hasta septiembre de 2013 cuando fue desplazado del cargo por denuncias de corrupción, imputado y detenido; Rodrigo Diez, reemplazo de Barreto desde septiembre de 2013 hasta febrero de 2016, está imputado y en libertad; Esteban del Corazón de Jesús Clemente, puntero de Miles, imputado y detenido junto a Barreto; María Cinthia Martínez, esposa de Clemente, imputada y en libertad; Roberto Nellessen, empleado de la Coordinación General en Tierra y Bienes de la provincia a cargo de Usandivaras, imputado y detenido.
Urtubey y el recalcitrante poder salteño que se oponen y alarman cuando la gente lucha y se organiza para acceder a la tierra, aprovecharon el estallido de denuncias contra su propia mafia y corrupción para perseguir a las y los luchadores populares que trabajan por Techo, Tierra y Trabajo para las familias olvidadas de Salta. Urtubey y su gobierno deben rendir cuentas a la Justicia y a la ciudadanía sobre los graves hechos de impunidad, corrupción y clientelismo a los que nos acostumbraron a lo largo de estos años.
Insistimos en que se reactive e investigue a fondo la causa La Ciénaga, de noviembre del 2014, donde el fiscal 9, Rodrigo González Miralpeix, solicitó la imputación formal de Alberto Raymundo Sosa (abogado de Juan Carlos Romero) como “coautor del delito de peculado”. La intervención de Sosa fue “imprescindible” para que Romero junto a su hijo se apropiaran de las tierras de La Ciénaga (90 hectáreas que el Estado provincial había adquirido para construir viviendas sociales y que terminaron en manos de la familia Romero). Que se investigue el escandaloso caso “Lomas de Medeiro” del gobierno de Urtubey, donde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) otorgó casas de primera a funcionarios y parientes.
Fiel a su proyecto, y en consonancia con Mauricio Macri, Juan Manuel Urtubey, ahora aliado a Juan Carlos Romero, acordaron mano dura para que pase el ajuste y para que siga reinando la impunidad, porque como ya dijimos ambos se necesitan. Urtubey a Romero para que éste tape la pobreza que azota a Salta y no lo denuncie desde su “banca opositora” en el Senado de la Nación; y Romero, a su vez, necesita no ser juzgado en varias causas de corrupción.
Los salteños somos conscientes de que sólo en las calles y con la más amplia unidad lograremos derrotar los planes represivos y hambreadores de Macri-Urtubey-Romero; y apelamos a la más activa solidaridad de todos los compañeros del país para lograr la libertad de nuestro querido compañero y camarada Nelson Salazar y el esclarecimiento del asesinato en la Comisaría 45 de Villa Saavedra de Pablo Moreno, luchador popular del norte salteño, detenido el 29 de septiembre del año pasado tras ser acusado de agredir a policías cuando intentaban desalojar un corte de ruta en el paraje El Chirete, a 45 kilómetros de distancia de Morillo.
Desde la Corriente Clasista Combativa, el Partido del Trabajo y del Pueblo y el Partido Comunista Revolucionario estamos acompañando en todo momento a los familiares del compañero Nelson, estamos en continuo contacto con nuestro abogado local y con el abogado y compañero Patricio Gaynor de Buenos Aires. Todos seguimos día a día la situación, exigiendo la inmediata libertad de “Manguera” y su desvinculación formal en esta causa armada para ensuciar y desprestigiar a la CCC y para callarnos ante las enormes luchas que se aproximan.
Ahora debemos sumarle los continuos ataques y embestidas a las cooperativas de la CCC y al bolsillo de los compañeros. Sólo en marzo nos bajaron 5 de las 16 cooperativas de Desmalezado y este mes preparan el ataque a las cooperativas del CIC (Centro Integrador Comunitario) y a las del Programa Argentina Trabaja.
Macri y Urtubey persiguen a los movimientos sociales y criminalizan la protesta; nosotros redoblamos nuestra lucha y nos lanzamos a una campaña activa, con marchas, pintadas y colecta de firmas, para arrancar de la cárcel a Nelson Salazar, preso político de Urtubey por luchar por techo, tierra y trabajo.
