Las provincias del Litoral siguen “sitiadas” por las inundaciones provocadas por las extraordinarias lluvias (en algunos departamentos duplicó la lluvia anual esperada) y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay: principalmente Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa con graves consecuencias sociales y económicas.
Las provincias del Litoral siguen “sitiadas” por las inundaciones provocadas por las extraordinarias lluvias (en algunos departamentos duplicó la lluvia anual esperada) y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay: principalmente Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa con graves consecuencias sociales y económicas.
Mucho más de 40.000 personas fueron evacuadas en la región según cifras oficiales. Las pérdidas de viviendas, artículos del hogar, producciones, animales, diseminación de enfermedades, pérdidas de reservas y pasturas e imposibilidad de implantar nuevas, configuran una tragedia, sobre todo para quienes viven en y del campo, de sus producciones menguadas que constituyen sus ingresos diarios. En algunos casos, como en el departamento Islas, tardarán meses en quedar en condiciones de volver a producir o pastar el ganado.
Las pérdidas son multimillonarias. Esto se suma a la situación de crisis que venía de arrastre del gobierno kirchnerista, por la alta inflación y recesión que también se suma a la devaluación del gobierno de Macri que aumentó los costos de alimentación, combustibles y tarifas dejando inermes las economías regionales, mientras pagan fortunas a los buitres de una deuda ilegítima y fraudulenta. Las ayudas que dicen programar no hablan de ninguna medida que tienda a reponer las pérdidas de capital de trabajo de miles de campesinos pobres y medios.
Es necesario que el gobierno nacional dedique los fondos necesarios para salvar a miles de compatriotas. Plata hay. No tuvieron empacho en pagar 75.000 millones de pesos a los especuladores con la compra de dólares a futuro. Lo que se necesita es firmeza para exigirle al gobierno todo lo que hace falta para impedir que nuevamente decenas de miles de productores sean expulsados por la ruina en la que han quedado. La nación debe a las provincias miles de millones por los ilegales descuentos del 15% de coparticipación que impusieron Menem y Cavallo en los 90 para cubrir el déficit previsional nacional, hoy reconocido por el fallo de la Corte Suprema.
En Entre Ríos se ha perdido ya más de la mitad de la producción de leche, soja, maíz, arroz, sorgo, algodón, miel, pasturas, reservas de forraje, citrus, nueces, forestación y cuanta producción agropecuaria estaba en pie. Lo que determinó la declaración de desastre. Esto motivó que el presidente Macri y parte de su gabinete estuviera muy activo para viajar a algunos lugares afectados por este flagelo, pero los diagnósticos y medidas enunciadas no alcanzan a dimensionar la gravedad de la situación.
Declarar “zona de desastre” no alcanza si no se toman medidas que vayan más allá de prorrogar el pago de impuestos por un par de meses, o de ofrecer un nuevo crédito a quienes, como los pequeños productores, han perdido la mayor parte de su producción o vivienda y se han quedado con las deudas de lo perdido. Medidas que sirvan para fortalecer el mercado interno y la producción nacional que aseguraren más estabilidad económica a futuro, en vez de depositar las esperanzas en inversiones extranjeras imprecisas e inestables en un mundo en crisis donde lo que predomina es la especulación financiera.
