Evarista Condori, de La Quiaca, falleció en febrero de este año. Luego de una golpiza por parte de su marido quedó en coma. Al coma le siguió la muerte. Esta muerte no fue parte de las noticias y por ello tampoco de las “estadísticas” del “listado” de muertes que el gobierno provincial presentó como “registro”. Un registro de femicidios debe ser serio, vinculando el mismo a la Justicia, al sistema de salud, a la institución policial y organizaciones de mujeres.
Ante un Estado ausente la Casa de la Mujer María Conti solicita informes al Hospital Pablo Soria a fin de conocer si esta muerte se informó a las autoridades judiciales.
Evarista Condori representa una muerte más de esas evitables. Y la impunidad absoluta ante esta situación representa la naturalización que el Estado y todas sus instituciones reproducen respecto de la violencia hacia la mujer.
La misma impunidad que tiene a Veliz, femicida de María Fernanda González, prófugo. Hace un año que tiene orden de captura, y sin embargo este Estado, con su fuerza policial, no lo busca, o solo simula buscar para no encontrarlo.
Ni hablar de las órdenes de exclusión de hogar, custodias, etc. que ordenan los Tribunales de Familia contra los hombres que ejercen violencia hacia las mujeres, y que la policía provincial NO CUMPLE en forma sistemática, y cuando cumple lo hace parcialmente y poniendo en riesgo a las propias mujeres. El ejemplo extremo de la naturalización de la violencia en esta institución estatal es la conservación de los policías golpeadores y violadores en la fuerza, y la conservación del arma en manos de esos mismos funcionarios. Todo está al revés, aunque se estrene “nuevo relato”.
Las mujeres en situación de violencia siguen sin contar con todo lo necesario que el Estado debe garantizar: equipos interdisciplinarios por barrio, refugios, subsidios urgentes y sin obstáculos, para evitar muertes como las de Andrea Bellido, Rosa Aliaga, María Fernanda Gonzalez, Evarista Condori. Los juzgados de violencia de género tienen para mucho rato en llegar, con jueces seleccionados sin garantías por parcialidad del tribunal evaluador, y encima solo serán dos en vez de cinco como dice la ley. Esta es la nueva realidad de las mujeres: los gobiernos pasan, y las políticas públicas ante el flagelo son las mismas.
Por eso este 3 de junio salimos a las calles, para que las más de 66 muertes de mujeres de 2016 en nuestro país y nuestra lucha eviten nuevas muertes, para que se declare la emergencia en violencia sexual y doméstica para hacerlo posible, y para que las políticas públicas nacionales y provinciales salgan del andarivel minúsculo y nulo en el que se encuentran.
Este 3 de junio, 17 hs. en Plaza Belgrano
Casa de la Mujer María Conti y Mujeres Unidas
