El gobierno nacional acordó con 20 gobernadores un convenio para la devolución del 15% de los recursos que cedían las Provincias en virtud del Pacto Fiscal I que se sancionara por ley en agosto del año 1992. Tal Pacto se impuso con el argumento principal de que las provincias debían concurrir “mancomunadamente” al financiamiento del sistema previsional nacional al que la mayoría de ellas había transferido sus cajas de jubilaciones y pensiones. Se transfirieron los aportes de los empleados activos del Estado, que al poco tiempo pasaron en gran número al sistema de capitalización de la AFJP y Nación se hacía cargo del pago de los beneficios a lo que quedaban en el sistema de reparto.
En ese momento fuimos muy pocos los que consideramos que con tal norma se iba camino a la liquidación del régimen de coparticipación federal de impuestos que había sancionado la Ley 23.548 de enero del año 1988. Esta Ley establecía los porcentajes de la distribución primaria: 42,34 para Nación, 54,66 para provincias, 2 para Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz y 1% para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN). En 1992 Buenos Aires logra que se sancione la Ley 24.621 de creación del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense (Frhcb) sobre la base de derivar el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias con ese fin, posteriormente en el año 1996 se pone un tope al Frhcb de $650 millones (que en ese momento equivalían a dólares) y el resto de lo recaudado del 10% se destina al resto de las provincias.
A través del Pacto Fiscal I, Nación comenzó a retener el 15 % del total de la recaudación mensual previo a que se proceda a la distribución primaria de los recursos coparticipables. Tenemos estudiado el cálculo de los recursos cedidos anualmente desde hace 24 años, pero a los efectos de ilustrar su significación consignamos el año 2015 y el primer semestre del presente año. Durante el 2015 tal cesión fue de aproximadamente $154.820 millones y en el primer semestre del presente año $93.039 millones. La suma de los 24 años supera el billón de pesos, o sea un millón de millones. Tal es la magnitud del despojo unitario y claramente antifederal por parte de poder central a costa de los recursos que pertenecen a las Provincias y que se hizo a favor de las multinacionales extranjeras y los grupos dominantes. El Tesoro Nacional paso a paso fue derivando esos recursos a subsidios a las empresas de combustibles, energía, agua, gas y transporte y otros y pagar deuda externa, el pico de dicho destino lo concreta el kirchnerismo en doce años de gestión donde la recaudación tributaria nacional fue record histórico y derivaron recursos a ellos mismos con la corrupción.
Respecto a los porcentajes actuales de distribución primaria, Nación desde el año 2001 a la fecha registra que en promedio se llevó el 70,4% de la masa de recursos coparticipables y las provincias se quedaron con el 29,6%. Nación se apropió de 28,06 puntos más y las provincias perdieron 28,60 puntos porcentuales respecto a lo sancionado por la Ley 23.548, aproximadamente el 50% de los recursos que les correspondían.
La principal consecuencia de tal despojo se verifica en déficit fiscal crónico de la mayoría de los Estados Federales y, en lo social y económico general, más pobreza y atraso. No se salva ni Buenos Aires, cuyo Frhcb sigue congelado en $650 millones tras el fin de la convertibilidad.
Otro tema relacionado fue la imposición del último “Pacto Federal” de mayo del año 2002, tras la crisis de diciembre del 2001, que con el número 25.570 sancionó que “todas las partes acuerdan dejar sin efecto todas las garantías sobre los niveles a transferir por el gobierno nacional a las Provincias”. Llamar nuevamente “Pacto Federal” a este despojo centralista tiene el mismo sentido que la sanción de las leyes del año 1935 que les quitaron a las provincias atribuciones de cobro de impuestos, ocasión en que nació el nombre de “Coparticipación Federal de Impuestos”, como cruel ironía antifederal. Duhalde con el acuerdo de los gobernadores y los parlamentarios nacionales aprobaron la Ley nº 25.570, que luego fue ratificada por las Legislaturas provinciales, es decir existen complicidades múltiples. La garantía se expresaba en el artículo 7º de la Ley 23.548 sancionando que la distribución a las provincias no sería menor al 34% del total de los recursos tributarios nacionales “tengan o no carácter coparticipable”. Sobre esto también tenemos números: desde el año 1992 hasta el primer semestre del año 2016 la violación de esta cláusula representa $419.450 millones a valores corrientes.
Los gobernadores aceptaron que desde enero del corriente año no se retiene un 3% del 15%, lo que significan $12.386 millones para provincias, más un crédito por $24.771 a devolver en el año 2020. Hay que tener en cuenta que el 15% del año 2016 se estima en $74.540. Los gobernadores acuerdan, precisamente, porque vienen de 24 años de despojo unitario, no pueden desconocer que Macri les abre un poco el grifo, pues las crisis provinciales son objetivas y hay necesidad de contención del conflicto social, agravado por la inflación y el tarifazo, a cambio de votos en el Parlamento.
Finalmente, en cuanto a la cuestión federal en materia impositiva, lo más justo y viable como paso inmediato es volver a la esencia a la Ley 23.548 sobre distribución primaria y secundaria, y para contener la demanda de Buenos Aires rediscutir el Frhcb, en tanto se elabora una reforma tributaria integral que tenga en cuenta el atraso económico de la mayoría de las provincias y la gravedad de la crisis social.
