Ladrones, al descubierto

Con el mismo desparpajo que el secretario Guillermo Moreno afirmó socarronamente que las estadísticas del Indec eran “las únicas verdaderas”, el titular de la Oncca (Oficina Nacional de Control de la Comercialización Agropecuaria), el organismo que tendrá a su cargo pagar las “compensaciones”, Ricardo Echegaray, admitió que los mismos podrían demorarse mucho más de lo que ya es habitual “por el tiempo que llevan los controles” y el extraordinario aumento de su número que implicará la ley kirchnerista en tratamiento del Senado.
 Pero Echegaray no solo auguró la pérdida que sufrirían los productores por la inflación que ocurra durante el prolongado tiempo que pueda demorar con su burocracia el pago de las “compensaciones”. Demostrando también su eficiencia en este sentido, para castigar aun más “la avaricia” de los chacareros, tenía bajo la manga una Resolución, la 21/08, que fue denunciada en el Senado pero todavía se mantiene.
Según el artículo 4 de esa Resolución, cuando un chacarero decida vender su soja y le corresponda cobrar la “compensación”, deberá presentar a la Oncca una declaración jurada con los datos básicos de la operación. A partir de allí se calculará la diferencia entre la retención móvil de ese día y el 35% vigente al 10 de marzo. Por ejemplo, si la venta se hubiera realizado la semana pasada –con un precio FOB (de exportación) de U$S 577, la soja pagaba 48% de retención–, correspondería al Estado devolver 13% del impuesto al chacarero en cuestión, ya que esa es la diferencia con el 35%. Si el productor fuese de los más chicos, el reintegro debería ser del 18%.
La trampa de la Oncca para la devolución de ese 13% o 18% consiste en calcular la “compensación” sobre el precio FAS (el que cobra el chacarero, descontada la retención) y no al precio FOB (el de exportación sobre el que se aplica el impuesto). Es decir que para hacer efectivo la devolución toma un precio sensiblemente menor, de casi la mitad.
Así, en el ejemplo que tomamos, al chacarero se le devolvería 13% de los 900 pesos que cobró por su soja (300 dólares) y no 13% de los 577 dólares, el precio de exportación. En los hechos, de esta manera, terminará pagando un 42% de retenciones y no 35%. Recuperará solo 39 dólares por tonelada y no los 75 dólares que le corresponderían.
No es poca cosa esa diferencia si se tiene en cuenta que este segmento de productores –la inmensa mayoría en el sector– explica casi la tercera parte de la cosecha de soja, unas 15 millones de toneladas. Se entiende así el por qué de esta maniobra del gobierno: se quedaría con 540 millones de dólares anuales más, casi el 50% de lo que debería devolver.
El gobierno kirchnerista quiere robarle a los chacareros, con la misma trampa que ha venido permitiendo que roben al Estado los monopolios exportadores, es decir que rindan las retenciones sobre el precio que pagan a los productores, mientras que a éstos se las cobran sobre el precio al que exportan (hoy, número 1212 y 1223).